Discriminación vs. seguridad: los muros en dos jirones de Surco que separan a un asentamiento humano de residenciales

El Comercio visitó los jirones Albacete y Eduardo Astete para conocer la historia de la instalación de los tres muros y recoger el testimonio de los vecinos. La distancia es corta entre las comunidades separadas por las paredes de ladrillos y triplay; no sucede lo mismo con sus posturas, que parecen irreconciliables. Las denuncias de discriminación por parte de los habitantes de Manuel Medina se enfrentan a los argumentos a favor del muro por parte de los residentes la urbanización Los Jazmines, quienes aseguran que las estructuras garantizan su seguridad.

Vecinos del asentamiento humano Medina Paredes: “El muro nos discrimina”

El asentamiento humano Manuel Medina Paredes se ubica en el jirón Albacete, entre el muro de triplay que los separa de la urbanización Los Jazmines y la pared de ladrillos que los aparta de una residencial donde, según los vecinos, viven militares.

“Esto es discriminatorio, porque la calle debería estar completamente abierta. Se creen que son dueños del jirón. Para salir a la avenida Castilla hay que dar un ‘vueltón’ y el basurero municipal tiene dificultades para entrar acá”, denuncia José Cabello, quien vive en esta zona del jirón Albacete desde el 2008.

Augusto, quien administra una tienda, llegó a la zona a la edad de 4 años en 1978. Sus papás trabajaron en este espacio cuando era una hacienda. Fue así como la familia de Augusto formó parte de los pueblos jóvenes que se instalaron en el lugar. Seis años después, su predio adquirió la titulación.

“Los muros han existido siempre para separarnos. Cuando se cambió el ladrillo por el triplay, [los residentes de Los Jazmines] quisieron hacer más grande la pared, pero la asociación de vecinos de Manuel Medina no lo permitió. Pedimos a la municipalidad que abra la calle, porque es injusto que nos discriminen por no ser iguales”, asevera Augusto. Él manifiesta que, pese a intentarlo, los vecinos de Los Jazmines no tienen intención de dialogar con ellos.

Cabello descarta que en el A. H. se realicen fiestas bulliciosas a diario como denuncian los residentes de Los Jazmines. Asimismo, refiere que en el tramo del jirón Albacete [donde él vive] no existen delincuentes. “Los rateros y ‘drogadictos’ viven abajo en el pasaje Santa Rosa y la prolongación Lima. A partir de las seis de la tarde suben por acá. Por ellos nos tienen miedo los que defienden los muros”, apunta.

Vecinos de Los Jazmines: “El muro nos da seguridad”

“En los setentas, toda la manzana era una gran hacienda. Para fines de la década, se empezó a lotizar y la municipalidad de Surco anunció que iba a construir un parque donde ahora está el asentamiento humano. Pero los trabajadores de las chacras no quisieron salir. Trajeron a más gente y la invadieron. Por eso la municipalidad construyó un muro de ladrillos”, narró a El Comercio una vecina de la urbanización Los Jazmines, donde vive desde 1980.

De acuerdo con la vecina, en 1998 el muro de ladrillo estaba en mal estado, por lo que fue derribado por la municipalidad para construir una nueva pared de triplay. Desde entonces, esta estructura de casi cuatro metros separa a la urbanización Los Jazmines del A. H. Medina Paredes. Los vecinos de la urbanización aseguran que el muro les da seguridad.

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“En el otro lado hay delincuentes y personas que fuman droga, que a veces entran acá por la calle Cataluña a las 5 o 6 de la tarde. Todos los días hacen fiestas con mucha bulla hasta altas horas de la noche, mucho peor en los fines de semana”, narra la señora sobre las razones que motivan a ella y sus vecinos a estar a favor de la permanencia de la pared de triplay.

Uno de ellos aseguró que la destrucción del muro permitiría que delincuentes crucen por Los Jazmines para fugar cuando la Policía Nacional realice redadas por la zona. Además, haría posible el paso de vehículos, situación que los vecinos quieren evitar, porque muchos de ellos son mayores de edad.

Otro vecino niega que la presencia del muro sea discriminatoria. “Mientras nosotros vivimos como debe ser, sin molestar, en el otro lado no respetan las normas, ni leyes. Crear empatía con los más necesitados no significa avasallar a los formales, a los que cumplimos con pagar todos nuestros impuestos”, señaló.

El muro de ladrillos en el jirón Astete fue colocado en 1974. La superficie separa a los vecinos de la urbanización homónima y de la residencial Las Magnolias, donde, de acuerdo con los vecinos, viven militares. Gloria Azañero (71) vivió en las primeras barriadas de la zona en casas de esteras y adobe. “Los militares construyeron el muro por esa razón”, narra.

Tanto ella como su vecino Ángelo Calderón están de acuerdo con que la pared continúe, pues alega que les da paz y tranquilidad: “Los niños ya se han acostumbrado a jugar en la pista, porque los carros no pasan por el muro. Retirarlo sería un ‘problemón’, porque pondría en riesgo a los niños. De seguro que los carros que pasan por la avenida Castilla llegarían hasta acá para cortar camino”.

Al otro lado de la pared, Ricardo revisa las obras de la casa que compró hace un año y medio y que estrenará en junio. Sobre el muro en el jirón Astete, Ricardo asegura que este no figura en los planos distritales, documentos que revisó al comprar su terreno. En los planos, tampoco se observa una división del jirón Astete.

Alberto Cruces, adjunto para los asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, señaló a El Comercio que toda restricción permanente del espacio público por una infraestructura es inconstitucional. En esa línea, Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, sostiene que la presencia de los tres muros es ilegal, pues representa una infracción al derecho fundamental a la libertad de tránsito.

“La municipalidad de Surco, que administra el espacio público vial y recreativo del distrito, debe derribar los muros. Colocar muros y rejas agrava y no reduce la inseguridad ciudadana. Si no se puede acceder ni salir de una calle con facilidad, incluso las personas a favor de esta supuesta solución pueden ser presas de la delincuencia al quedar encerradas”, sostiene Facho. El arquitecto también advierte que los tres muros afectan la seguridad de los vecinos ante una emergencia, ya que dificultan el acceso de los bomberos.

El sociólogo urbanista Anderson García sostiene que si bien las viviendas de algunos habitantes de los jirones Albacete y Eduardo Astete fueron invasiones en su origen y luego se titularon, esto no justifica un uso diferenciado del espacio público, pues ahora todos pagan arbitrios y gozan de los servicios públicos que les ofrece el distrito de Surco.

¿Cómo debe proceder el municipio? Facho Dede sostiene que antes de demoler los muros, la municipalidad de Surco debe coordinar mesas de diálogo para que los vecinos de la urbanización Los Jazmines y el asentamiento humano Medina Paredes conversen sobre sus recelos y problemas para acordar una solución en conjunto.

“De esta manera, el vecino ruidoso entenderá que no cumplir con las normas de convivencia merece la fiscalización y una multa por parte de la municipalidad. Los vecinos a favor del muro entenderán por qué es ilegal. La mejor solución es dialogar, no tenerse miedo y construir lazos de convivencia, porque todos son surcanos”, afirmó.

El urbanista agrega que el municipio de Surco, encargado de administrar los jirones Albacete y Eduardo Astete, debe aprovechar estas reuniones para recoger la opinión de los vecinos sobre las falencias de la lucha contra la inseguridad ciudadana en su zona.

Alberto Cruces coincide en que la municipalidad de Surco propicie un espacio de diálogo entre vecinos e instituciones encargas de brindarles seguridad, como el serenazgo y Policía. Para tal fin, puede convocar un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, instancia que desarrolla estrategias multisectoriales para combatir problemas de un distrito que atentan contra la seguridad ciudadana, estableciendo objetivos trimestrales, semestrales y anuales.

Así también, Cruces invita a los vecinos a contactar a las Oficinas defensoriales, órganos desconcertados que dirigen, coordinan y supervisan la protección de los derechos fundamentales a partir de una denuncia. Para ello pueden escribir por WhatsApp al 947951412, el número de la Defensoría, o escribir al email consulta@defensoria.gob.pe.

“Nos apersonamos al lugar, tomamos nota de la situación y contactamos a las autoridades competentes para saber cómo van a intervenir. Luego, hacemos seguimiento a las iniciativas que las autoridades determinen y supervisamos que se logren los acuerdos para que se respete los derechos de las personas en el menor plazo posible”, añadió.

"Se buscará el beneficio de ambas partes"

Opina el alcalde Bruce

Carlos Bruce, alcalde de Surco, declaró el viernes que su gestión está evaluando qué hacer respecto a las paredes de ladrillo y triplay: “En principio, no debe haber un muro en medio de una pista (...) Lo que hagamos tiene que ser para que los dos [lados] se beneficien”.