2017: los golpes al crimen organizado en los poderes más altos

A menos que se ejecute algún nuevo golpe al crimen organizado en los
próximos días, la policía y el Ministerio Público cerrarán el año 2017 con 61 megaoperaciones realizadas.

Las cifras globales del Ministerio del Interior (Mininter) señalan que desde que empezó este gobierno se ha logrado desarticular a 98 bandas criminales, se arrestó a 1.415 delincuentes y se incautaron 1.871 armas de fuego. Todo esto en 105 megaoperaciones en las que no se disparó ni una bala. De hecho, la ejecución de estas intervenciones ha sido una de las prioridades de la gestión del renunciante titular del sector, Carlos Basombrío.

Más allá de las cifras, algo que resaltó en las megaoperaciones del
2017 fueron las autoridades o ex autoridades públicas vinculadas a mafias.

En los últimos meses, tres alcaldes en funciones y un consejero regional fueron arrestados por distintos delitos. Además, bienes relacionados con un ex gobernador regional fueron incautados por su presunto nexo con una red de lavado de activos.

El primer golpe fue el 6 de abril, cuando más de 700 policías y 70 fiscales capturaron a Los Rucos, considerada la mafia más peligrosa al sur de Lima, dedicada a la usurpación y tráfico de terrenos. Entre los detenidos estaba el –por entonces– alcalde de Chilca, Richard Ramos Ávalos. El Poder Judicial envió a Ramos a 36 meses de prisión preventiva días después.

Hoy la alcaldía de Chilca está en manos de Damián Huapaya Arias.
El 26 de julio, la policía arrestó a David Bazán Arévalo, el alcalde provincial de Tocache (San Martín), y a otras 15 personas por colaboración con el terrorismo. Según la investigación, Bazán dio dinero y municiones a Sendero Luminoso poco antes de la emboscada de Cachiyacu, en el 2007.

En ese ataque murieron tres policías y un fiscal. David Bazán, quien ya había sido alcalde de Tocache entre el 2007 y el 2010, estará con prisión preventiva hasta enero del 2019.

En diciembre hubo dos arrestos importantes de funcionarios. El 4 de
este mes, la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote) y la fiscalía capturaron a 16 colaboradores del denominado Militarizado Partido Comunista del Perú, una facción de Sendero Luminoso. Entre los detenidos estaba uno de los 17 consejeros regionales del Cusco y ex alcalde de Kimbiri Guillermo Torres Palomino.

Y la semana pasada, el 15 de diciembre, fue capturado el alcalde de
Villa María del Triunfo, Ángel Chilingano Villanueva. Él es acusado
de dirigir la organización criminal Los Topos de Lima Sur, que –desde el municipio– cobraba coimas a negociantes de Villa María del Triunfo a cambio de dejarlos trabajar.

Asimismo, el 18 de mayo y el 25 de octubre fueron incautados cinco
avionetas y más de 20 predios vinculados al ex gobernador regional
de Ucayali Jorge Velásquez Portocarrero. Esto como parte de una investigación contra lavado de activos.

Velásquez está en prisión desde abril de este año debido a una condena de cinco años de cárcel por el delito de negociación incompatible.

—Buscan protección—
En conversación con El Comercio, el coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, explicó que las mafias tienden nexos con funcionarios, policías y autoridades judiciales debido a que así garantizan su protección e impunidad.

“Siempre vamos a encontrar autoridades inmiscuidas [con el crimen].
Por eso es importante continuar con este trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la policía el próximo año”, dijo Chávez.

-Malos elementos. Policías y agentes del Ejército arrestados-
Las 61 megaoperaciones realizadas este año también permitieron purgar a malos elementos de la policía y las Fuerzas Armadas. Uno de los golpes más importantes fue el 27 de junio, cuando se capturó a 61 miembros de Los Babys de Oquendo, una mafia dedicada al cobro de cupos y la extorsión. Entre los detenidos estaban 24 policías y 2 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Y el 26 de noviembre, dos suboficiales del Ejército Peruano fueron
detenidos en Tacna cuando pretendían sacar del país 79 paquetes de
alcaloide de cocaína hacia Bolivia y Chile. Se los acusa de formar parte
de una organización que traficaba con droga producida en el Vraem.
Rubén Vargas, viceministro de Orden Interno del sector Interior, resaltó que las operaciones que permitieron detectar a malos agentes
fueron posibles por el mejoramiento de los sistemas de inteligencia.
“En todas las investigaciones se respetó el debido proceso”, recalcó.

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