2017: las huelgas que pusieron en jaque al país [FOTOS]

Aulas escolares y quirófanos vacíos. A mediados de este 2017, ese era el panorama en los colegios y hospitales públicos del país, luego de que docentes y médicos iniciaran huelgas indefinidas casi al mismo tiempo. Durante varias semanas ambos gremios pusieron en jaque al Ejecutivo, al cual solo le quedó establecer el diálogo y atender los pliegos de reclamos.

–Los meses críticos–
El 15 de junio del 2017, el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación Regional (Suter) del Cusco inició una huelga en la región para exigir al Gobierno central que aumentara el sueldo mínimo de los docentes al valor de 1 UIT, es decir, S/4.050. En ese momento, el piso salarial de los maestros públicos llegaba a S/1.200.

La paralización cusqueña se trasladó pronto a otras 13 regiones, entre las que estaban Arequipa, Puno, Tacna, Lambayeque, Junín, Ayacucho y Apurímac. Y las protestas también se tornaron violentas: varios docentes derribaron el cerco perimétrico del aeropuerto de Juliaca (Puno), y otros bloquearon vías importantes, como la de Ollantaytambo (Cusco).

Hacia la primera semana de julio, la Federación Médica Peruana (FMP) anunció que iniciaba una huelga nacional. Los médicos reclamaban, entre otras cosas, el incremento del presupuesto para
el Ministerio de Salud (Minsa) y para el Seguro Integral de Salud (SIS), así como la optimización de la infraestructura hospitalaria pública.

–Diálogo con gremios–
El Ejecutivo estableció así mesas de diálogo con los miembros de ambos gremios. De este modo, los representantes del Ministerio de Educación (Minedu) se reunieron con Ernesto Meza Tica, dirigente del Suter Cusco, ya que unos 400 mil alumnos de la región no estaban recibiendo clases debido a la paralización. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo: los maestros insistían en un aumento salarial a S/4.050, pero el sector precisó que eso era “inviable”.

La huelga docente alcanzó entonces a las 25 regiones. El Minedu se tuvo que enfrentar a otro dilema: la representatividad. Por un lado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) señaló que no avalaba ninguna paralización; por el otro, los Suter de varias regiones precisaban que no dependían del Sutep. Se revelaba así una pugna interna por liderar al gremio docente.

A fines de julio, se calculó que cerca de un millón de escolares no asistía a clases debido a la paralización. En Apurímac, Puno y Madre de Dios, más del 50% de profesores habían acatado la protesta. En cuanto a la huelga médica, el presidente de la FMP, Godofredo Talavera, señaló que en algunas regiones el 95% de los médicos habían dejado de trabajar, aunque el Minsa señaló que la cifra apenas llegaba al 30%.

–Acuerdos y promesas–
La protesta docente tomó otro giro durante la primera semana de agosto, luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) vinculara a cerca de 5 mil maestros con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de Sendero Luminoso. A partir de ello, Pedro Castillo, dirigente cajamarquino, comandó la paralización desde Lima.

El 10 de agosto, tras 37 días de paralización, se levantó la huelga médica. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Minsa llegaran a un acuerdo con el gremio de la FMP sobre el incremento de la partida anual para el sector Salud en el 2018 (al menos, un 16% más respecto al presupuesto de este año), lo cual se oficializó en noviembre.

Un día después, el 11 de agosto, se suspendió la huelga en el Cusco. La ex titular del Minedu, Marilú Martens, se comprometió con el Suter de esa región a incrementar el piso salarial de los maestros a S/2.000, una medida que se haría efectiva a fines de este año.

No obstante, la violencia se trasladó a la capital: los docentes se enfrentaron a la Policía Nacional en distintos puntos del Cercado de Lima, San Isidro y Miraflores. Se calculó que más de 2 millones de alumnos tenían el riesgo de perder el año escolar, mientras que el Ejecutivo anunciaba que se aplicarían descuentos a los profesores.

–Recuperación en curso–
El 2 de setiembre, el gremio docente anunció en Lima la suspensión de la huelga nacional, luego de 75 días de protestas. Sin embargo, esto tuvo un costo político: la mayoría del Congreso –representada por Fuerza Popular– acordó presentar una moción de censura contra Marilú Martens. El Ejecutivo respondió solicitando una cuestión de confianza, lo que finalmente fue negado, y culminó en la caída del gabinete presidido por Fernando Zavala.

Con la reanudación de las clases, el Minedu inició el plan de recuperación de horas perdidas por la paralización. El titular del sector, Idel Vexler, indicó en noviembre que el mismo “avanza de
acuerdo al cronograma”, aunque en algunas regiones –como Cusco y Piura– el año escolar terminaría durante la primera quincena de enero del 2018.

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