Hay 586 mil viviendas afectadas por estar en zonas de riesgo, ¿y la reconstrucción con cambios?

Las intensas lluvias de las últimas semanas no solo han generado el desborde de ríos y la activación de quebradas en distintas zonas del país, sino también han afectado infraestructura pública y privada y, sobre todo, a miles de personas. El daño por las precipitaciones se traduce en cifras alarmantes.

Según el reporte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), 586.735 viviendas han sido afectadas por las lluvias, ya que se encuentran en zonas de riesgo: quebradas, sectores inundables o franjas marginales.

Respecto a las edificaciones públicas, las inundaciones por las crecidas de ríos han dañado 11.995 instituciones educativas y 1.768 establecimientos de salud, de acuerdo con los datos del Cenepred, entidad adscrita al Ministerio de Defensa.

En total, 2′021.502 personas han sido afectadas en 358 distritos del país, de acuerdo con el Cenepred.

“Si sabemos que un lugar determinado es una zona inundable, o ya la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha determinado que son franjas marginales que no deben ser ocupadas y, sin embargo, son ocupadas, entonces ahí hay responsabilidad de la población y, sobre todo, de las autoridades que han permitido que esta población se asiente [en el lugar]”, explicó a El Comercio el jefe del Cenepred, Miguel Yamasaki.

Eso que Yamasaki menciona no es reciente: ocurre en distintas zonas del país desde hace décadas.

Para el jefe de Cenepred, si la autoridad local tiene conocimiento de que determinada población puede ser afectada, lo que debería hacer es construir rutas de evacuación. “La señalizo, establezco rutas de evacuación, zonas seguras. De repente, refugios en las partes altas. Esta tarea es de los alcaldes, no puede ser siempre tarea del Gobierno Nacional. Sería imposible que el Gobierno Nacional tenga presencia en los 1.800 distritos del país”, precisó Yamasaki.

Hay varios casos en los que la autoridad local no ejecuta trabajos de prevención y, por el contrario, propicia la construcción de obras en zonas de alto riesgo.

Un ejemplo de esta situación se dio en la gestión de César Juárez como alcalde del distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo (La Libertad). En noviembre del 2022, Juárez inauguró, en plena quebrada de Ildefonso, la Alameda Larco, una obra de S/1′795.636 que consta de 61 postes y tres pérgolas. Este malecón fue edificado en la parte de la quebrada que desemboca en el mar (ver imagen).

Así como esta alameda, en diferentes zonas del país se han construido viviendas, centros de salud y colegios en lugares de riesgo, como indican las cifras mencionadas en este informe.

El Comercio recorrió los distritos limeños de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, donde encontró construcciones en zonas de riesgo a ambas márgenes del río Rímac.

Ante la negativa de las familias que viven en Lurigancho-Chosica de ser reubicadas o abandonar sus casas levantadas en las quebradas de la cuenca del río Rímac, donde frecuentemente hay deslizamientos y huaicos, la ANA colocó barreras dinámicas que sostienen la caída de rocas. Esto ha tenido un buen resultado; sin embargo, eso no garantiza que la población pueda ser afectada por un huaico.

En Trujillo hay casos similares a los de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo. Desde hace 10 años, Edinson Díaz Guerrero vive con su familia en un terreno invadido que está en la quebrada El León, en el distrito de Huanchaco. Díaz afirma que las autoridades solo han hecho trabajos de limpieza en la zona, pero ninguna de prevención.

A propósito de las lluvias, sobre todo en el norte del país, la labor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha estado en cuestión.

Sobre esta entidad, Yamasaki advirtió que, cuando se creó en el 2017, a raíz del fenómeno de El Niño costero que afectó 13 regiones del país, no se incluyó al Cenepred como parte del proceso de reconstrucción. “Solo recibimos la visita de cuatro consultores”, dijo Yamasaki, jefe del Cenepred desde febrero de este año.

Según contó, la ARCC formuló un plan integral de acciones sin recoger datos del Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres (Sigrid), plataforma digital en tiempo real del Cenepred que se alimenta de varias entidades.

“Esta información es real y actualizada. Cuando [desde la ARCC] han formulado su plan integral, hubiesen pedido la opinión de nuestros especialistas […]. Lo primero era atacar el problema que causa las inundaciones, que eran justamente las defensas ribereñas, los sistemas de drenaje, la gestión integral del río Piura, que es un río muy singular, es un río que tiene muy baja pendiente […] y que no tiene salida al mar”, dijo Yamasaki.

“Entre el 2017 y 2019, la ARCC ejecutó solo el 21% de los S/25.655 millones que tenía asignados”.

Respecto a la ARCC, el contralor Nelson Shack señaló a El Comercio que el nivel de ejecución desde su creación, en el 2017, hasta el 2019 fue de apenas 21%; es decir, de los S/25.655 millones asignados a la entidad solo se ejecutó la quinta parte.

Además, Shack afirmó que la reconstrucción con cambios ya no va a costar S/25 mil millones, sino más porque “cuando se tomó esa decisión y se hizo esa estimación había muy poca información”.

“Si uno pregunta cuándo vamos a resolver integralmente el problema, eso será en el 2027. Mientras tanto siguen las lluvias y seguirán los fenómenos, y tendremos que seguir reconstruyendo por esta improvisación”.