Desde que en el 2013 se creó el portal “SíseVe”, una herramienta para que cualquier persona pueda reportar violencia escolar, las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugeles) han recibido 9.069 casos de abuso sexual en los colegios a nivel nacional.
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ECData tuvo acceso al estado de los reportes y halló que solo en el 2022 se denunciaron 2.432 casos. La mayoría de denuncias corresponden a tocamientos y actos de connotación sexual.
Por otro lado, el 72% de las presuntas víctimas fueron alumnos de secundaria. En el 62% de casos, el denunciado es miembro del personal del centro educativo. En el 38% restante, el acusado es otro escolar.
Evolución de casos
Si bien, los casos reportados han ido en aumento desde que se lanzó el portal, en el 2018 se dio un salto: se pasó de 797 denuncias en el 2017 a 1.510 en el 2018, cifra que representa un aumento de casi 90%.
Según Daniel Alfaro, exministro de Educación y Fundador de PIRKA Consultoría, para lograr ese incremento en la cantidad de reportes se tomaron dos medidas. Primero, se implementó la Ley N° 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal implicado en diferentes delitos. “A través de esta medida destituimos a 800 docentes, la mayoría por abuso y violación sexual. Eso generó una atención a lo que el Minedu estaba haciendo con respecto a este problema”, sostiene.
En segundo lugar, Alfaro afirma que el ministerio realizó un convenio con Unicef que le permitió contratar más personal para la atención de casos y la elaboración de publicidad más potente para el portal.
El experto precisa que el hecho de que el número de reportes aumente año a año no necesariamente es un indicador de que la violencia está creciendo, sino de que está incrementándose la capacidad del estudiante de denunciar. “Por eso es fundamental que los casos se resuelvan de forma rápida y se favorezca la confianza del estudiante para denunciar”, menciona. “Si no se identifica al agresor, además de dejar sin justicia a la víctima, estás dejando que se agreda a otros menores después”, agrega.
Resolución lenta
A la fecha, solo el 40% de los casos han sido completamente cerrados por el Minedu, encargado de resolver las denuncias del portal. Un 14% aún se debe validar, mientras que el otro 47% aún se está atendiendo, o todavía no ha sido revisado.
Alfaro explica que el objetivo de la plataforma es que entre el 80% y el 90% de casos se resuelvan antes de terminar el año. “El porcentaje no resuelto debería ser de máximo un 20%”, señala.
Brenda Álvarez, abogada de Proyecta Igualdad, coincide en que el Minedu debe cumplir con dicha meta. De lo contrario, “no solo se está vulnerando el derecho al acceso a justicia de las niñas chos, sino que se sigue exponiendo a más escolares a situaciones semejantes”.
Hasta el 31 de enero de este año, se han reportado 21 casos de abuso sexual en colegios. Casi el 90% tiene como acusado a un trabajador del centro educativo.
Medidas a tener en cuenta
Daniel Alfaro menciona la importancia de que el Minedu facilite la base de datos de antecedentes de profesores a directores y tomadores de decisiones para que la puedan consultar y así, de manera preventiva, puedan evitar estos casos.
“Esta base de datos debe ser no solo de personas que están sentenciadas, sino también de las que están en proceso de investigación. Para eso es necesario establecer un convenio con fiscalía para que esta pase esa data de todas las personas que están en proceso de investigación y se pueda emitir una base actualizada”, sugiere Alfaro.
Además, el experto sostiene que las Ugeles deben realizar supervisiones a los colegios y revisar los antecedentes de los profesores contratados.
Por último, agrega que es necesario que el Minedu le pida al Ministerio Público, de forma constante, celeridad a la hora de realizar investigaciones fiscales de los maestros.
“Cuando se saca a un profesor del aula, se inicia el proceso en el Ministerio Público, y este maestro es trasladado a una Ugel o a una Dirección de Educación. Estas entidades no le dan a los colegios el dinero de la plaza que dejó el profesor, y ahí afectas también la calidad educativa porque las instituciones educativas no tienen rápidamente un reemplazo para cubrir la plaza y no lo tendrán hasta que se resuelva el caso a nivel judicial. A veces las investigaciones tardan años. Eso no puede pasar”, finaliza.
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