Ya en el estrado, Sun Tae Park, embajador encargado de Corea del Sur en el Perú, no aguantó la emoción y se puso a llorar. Así saludó a las autoridades peruanas el lunes último, durante el evento de lanzamiento de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco (AICC).
Estaba conmovido –según aclaró– porque pronto será reemplazado por otro diplomático. Pero también porque se sentía muy agradecido con el Estado Peruano por haber elegido a un consorcio de su país para que se encargue de la asistencia técnica de las obras en el futuro terminal aéreo. Una labor que, desde el 2019, la realiza una oficina de gestión de proyectos (PMO) integrada por Korea Airports Corporation, entre otras agencias gubernamentales de la nación asiática.
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En su exposición, Park solo cambió su tono de voz y secó sus lágrimas cuando –en un rapto de sinceridad– confesó que había recibido varias opiniones negativas sobre el AICC, en las que le expresaban “una constante preocupación” por las posibles afectaciones al patrimonio cultural. Frases sobre las cuales dijo que había reflexionado: “Llegué a la conclusión de que el Perú necesitaba un amigo verdadero”. Y así se sentó entre aplausos.
Después de él, desfilaron una decena de ponentes –ahí estaba el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Lozada–, quienes nunca profundizaron en los cuestionamientos respecto al aeropuerto y los daños que generaría en los sitios arqueológicos del Cusco.
En las casi cinco horas que duró la cita, tampoco se habló del estudio de impacto patrimonial (EIP) requerido por la Unesco en julio pasado, con el que la entidad internacional buscaba indagar sobre la afectación que causaría el AICC en tres bienes listados como Patrimonio Mundial: el Santuario Histórico de Machu Picchu, el Qhapaq Ñan y la ciudad del Cusco.
Un documento técnico que ha motivado silencios y contradicciones del Ejecutivo.
—Los estudios—
A través de una solicitud de acceso a la información pública al MTC, que tardó todo el plazo de ley en ser resuelta [diez días hábiles], El Comercio accedió a los EIP encargados para el AICC tras el pedido de la Unesco. Dos evaluaciones –fechadas en octubre del 2019 y elaboradas por dos grupos de expertos– en las que se midió el impacto al patrimonio que tendría el futuro aeropuerto sobre Machu Picchu y varias secciones del Qhapaq Ñan.
Entre ambos documentos se pueden contabilizar hasta 60 impactos identificados sobre los dos sitios arqueológicos; de ese total, 39 fueron calificados como negativos, es decir, el 65% generaría algún tipo de afectación al patrimonio. Asimismo, 48 fueron categorizados por sus efectos muy altos, altos o moderados altos (79%); 40 por sus efectos directos (67%); y 39 por los cambios permanentes que provocarían (65%).
En el caso del santuario histórico –que involucra a la llaqta o ciudadela inca, la red de caminos anexos, la localidad de Machu Picchu Pueblo y el acceso oeste por la central hidroeléctrica–, los efectos negativos sumaron 29 de un total de 40 (79%). El informe concluyó que los impactos se darían cuando entre en funcionamiento el terminal aéreo debido a la llegada masiva de turistas. El lunes, el MTC informó que el inicio de operaciones está programado para octubre del 2024.
Los posibles efectos negativos detectados en la llaqta son el “desgaste acelerado” de pisos de tierra, el “deterioro de la superficie lítica” por acción de los visitantes, la aglomeración de turistas, entre otros. En la red de caminos anexos, se determinó una probable acumulación de residuos sólidos, el incremento de motocicletas o la presencia de comercio ambulatorio.
“Es evidente que los visitantes han aumentado en los últimos años, y junto a esto, el impacto sobre el bien cultural y natural [...] Hoy por hoy, sin el aeropuerto internacional de Chinchero, ya se tiene una masiva concurrencia de turistas al santuario histórico, que en algún momento podría exceder su capacidad de carga estipulada”, se lee en el documento.
En el Qhapaq Ñan (evaluado en los tramos Ollantaytambo-Lares-Valle de Lacco, Vitkus-Choquequirao, y Hanan Huaqaypata-Ciudad de Cusco), los especialistas reportaron un posible deterioro del sistema vial “por el incremento de la transitabilidad”; desgaste en las superficies de piedra de plataformas y escalinatas; e incluso la destrucción de trazos del Camino Inca por parte de las comunidades que quieran abrir trochas carrozables.
Para los dos sitios arqueológicos, los impactos positivos identificados estuvieron relacionados con el desarrollo económico (por ejemplo, en Machu Picchu se estableció que habría una “mayor generación de recursos económicos para la Dirección Desconcentrada de Cultura por el incremento de turistas”), o social (en Qhapaq Ñan, se identificó que se tendría una “democratización del sistema vial andino con la finalidad de reactivar las investigaciones, conservación y gestión cultural”).
Los expertos también plantearon algunas medidas de mitigación ante los posibles impactos del AICC, aunque estas fueron de carácter general, como la actualización del ordenamiento territorial del distrito de Machu Picchu, o un mayor control del municipio local en los parámetros de edificación (hoteles, viviendas, etc.).
En cuanto a la metodología para elaborar estos EIP, se señaló que se utilizaron los lineamientos del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). Sin embargo, José Hayakawa, presidente del comité peruano de Icomos, dijo que ni el MTC ni los arqueólogos evaluadores en Chinchero se contactaron con ellos para realizar los estudios “como correspondía”.
—¿Dónde estaba el EIP?—
Desde que este Diario reveló que la Unesco había solicitado un EIP de Chinchero al Estado Peruano, la posición oficial había sido que los estudios previos en la zona del proyecto (monitoreos y evaluaciones arqueológicas) no registraron vestigios ni posibles afectaciones patrimoniales.
No obstante, nunca hubo claridad en el proceso de elaboración del EIP. En diciembre, el exministro Edmer Trujillo contradijo a su sector al indicar que el estudio requerido aún se estaba formulando; y en enero, Trujillo afirmó que el documento estaría listo antes de junio del 2020, pese a que Cultura informó que el MTC ya lo había culminado.
Tras acceder a los nuevos estudios, El Comercio consultó al sector Transportes sobre sus alcances y conclusiones. Al cierre de esta edición, en un comunicado el ministerio solo precisó que los EIP fueron elaborados con dos órdenes de servicio (por montos de S/33.000 y S/32.480) en un plazo de ejecución de 45 días.
Según el MTC, estos ya fueron enviados al Ministerio de Cultura para su análisis y evaluación “por ser el sector especializado para tal fin”. Además, explicaron que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ya coordina con el sector Cultura y la PMO surcoreana para “la elaboración de los términos de referencia (TDR) para la contratación de los expertos internacionales que estarán a cargo del desarrollo del documento concluyente que será remitido a la Unesco”. Prevén que esos TDR estén listos en marzo próximo.
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Arqueólogas a cargo de los EIP fueron cuestionadas por daño al patrimonio
Nancy Román Bustinza, arqueóloga a cargo del EIP para el Qhapaq Ñan, fue cuestionada por el Ministerio Público por su actuación como perito judicial en el 2013. Aquel año la fiscalía investigaba los daños en un muro incaico provocados por la construcción del centro comercial Ima Súmac, en la ciudad del Cusco.
Según “La República”, en su informe pericial sobre el caso, Román concluyó que “no hubo alteración porque el muro no era original”, y que más bien la nueva obra “logró estabilizarlo”. Meses después, la Corte Superior cusqueña condenó a cuatro años de prisión suspendida a los dueños del centro comercial y de la constructora a cargo del proyecto.
En el caso de Lisbeth Rodríguez Mendoza, arqueóloga encargada del equipo que elaboró el EIP para Machu Picchu, la fiscalía le habría imputado la comisión del presunto delito contra el patrimonio cultural, por el mismo caso de afectación del muro incaico para construir el centro comercial en Cusco.
Sobre ambas expertas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que “se encuentran aptas para brindar servicios al Estado”. Para cumplir estas tareas suscriben documentos en los que declaran bajo juramento no tener inhabilitaciones vigentes. El Comercio intentó ubicarlas sin éxito.
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Jeong-In Ha, de Korea Airports: “El proyecto se hace sin dañar el patrimonio”
¿El AICC es una prioridad para su gobierno?
Sin duda alguna. Así es.
Hay opiniones negativas y positivas sobre el proyecto. ¿Cuál es la suya?
Siempre hay pros y contras con una obra [de esta envergadura]. Machu Picchu es un patrimonio mundial muy importante. Estamos emprendiendo el proyecto con la comunidad, con el Gobierno, paso a paso. Nos sentimos preparados para realizarlo.
¿Habrá impactos en el patrimonio del Cusco?
El proyecto se hace sin dañar el patrimonio, minimizando los impactos.
¿Qué sabe acerca del EIP que requirió la Unesco?
Eso es algo que requiere ser respondido con mucho cuidado y cautela [...] En este momento, mi respuesta es que todo está bien.