Alcalde de Arequipa respaldó a invasores de terrenos

Uno de los 26 miembros de la banda criminal que se dedicaba al tráfico de terrenos en Arequipa, es José Luis Cavero Astete, ex funcionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), y hombre de confianza del alcalde Alfredo Zegarra Tejada.

Cuando Cavero Astete fue capturado junto a los integrantes de los “Los malditos de Chumbivilcas”, pidió que también se investigue al alcalde provincial. ¿Por qué lo dijo?

Resulta que el alcalde Zegarra Tejada tenía conocimiento que los terrenos que invadió la Asociación Jardines del Chachani pertenecían a un privado. Sin embargo, les ofreció la formalización, entrega de título y obras públicas.

Los dirigentes traficantes tenían el respaldo del mismo alcalde provincial de Arequipa. Esto consta en fotos y vídeos que están en manos del Ministerio Público.

-Historia-

En febrero de 2007, la entonces Empresa Nacional de Edificaciones (Enace) le vendió un terreno de 172,729 m2 a Nadezhada Yenny Vargas Ortega a un precio de US$ 28,000 y lo inscribe en Registros Públicos con partida N° P06222178. La familia Vargas tenía planeado construir un parque de diversiones con un zoológico. Como la zona era un descampado no cercaron el área y regresaron a su natal Puno.

Al siguiente año, el terreno fue invadido por un grupo de personas encabezados por Willian Marcelo Merma y Pepe Merma Valencia. Ellos instalaron carpas y casuchas de esteras. Cuando los propietarios se enteraron de la ocupación enviaron cartas notariales a cada uno de los posesionarios para que se retiren pero no lo hicieron. En esa ocasión los ocupantes no llegaban ni la cuarta parte del terreno.

En el 2008, la dueña presentó una demanda al Poder Judicial para que disponga el desalojo. Hasta ahora siguen esperando. En el 2010 los dirigentes dividieron el terreno en 450 lotes y arrancó el negocio. Comenzaron vendiendo a S/ 3,000 un lote de 200 m2. Paralelamente los dirigentes iniciaron conversaciones con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para gestionar la adjudicación del predio.

-Gestiones-
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En el 2013 los invasores presentan un expediente a la MPA solicitando la expropiación del terreno y la posterior titulaión del terreno. En dicho expediente los invasores indicaron que tenían posesión antes del 31 de diciembre de 2004, por lo que la Ley 29320 les asistía a la formalización. Ellos presentaron certificados de posesión firmados por jueces de Paz.

“Ellos nunca tuvieron posesión desde esa fecha y eso se puede demostrar con la fotos satelitales. Ellos ingresan en el 2008, pero compraron a los jueces de paz para les emita certificados fraudulentos. En la municipalidad lo sabían pero aun así les admitieron el documento. Mientras realizaban ese proceso los terrenos se encarecían y seguían vendiendo”, indicó Manuel Vargas.

Esos jueces de Paz; Beneraldo Paricahua Ramos y Gabriela Victoria Córdova Cuba hoy están detenidos y son investigados por formar parte de la organización criminal.

-Respaldo-

Poco a poco las esteras desaparecían y sobre ellas se levantaban casas de material noble. Los dueños seguían notificando con cartas notariales que el terreno ya tenía un propietario. Los socios empezaron a desconfiar de sus dirigentes. Ya no se conformaban solo con documentos de trámites, querían su título de propiedad. Es así que la presencia del alcalde Zegarra en la asociación calmó los reclamos de los ocupantes.

En un extracto de un vídeo de octubre de 2013 se le escucha a Zegarra prometiéndoles títulos de propiedad y la ejecución de obras de agua y servicios básicos. La autoridad ya tenía conocimiento que era una invasión cuyos dirigentes estaban solicitando la expropiación de su propietaria.

“Con los dirigentes estamos trabajando un proyecto de saneamiento físico legal para entregar los títulos de propiedad a todos los posesionarios”, dijo en esa ocasión.

Tras gestiones de los dirigentes, en abril 2015 el Consejo Municipal (Acuerdo Municipal 026-2015) aprueba la expropiación del terreno y dispone el empadronamiento de los ocupantes. Los dueños apelan y en octubre de ese mismo año el alcalde firma una resolución (N°1474) declarando la inhibición del procedimiento administrativo hasta que la Corte Superior de Arequipa resuelva la demanda de los propietarios.

-Responsabilidad-

El alcalde reconoció que los terrenos pertenecían a un privado, por ello dijo que se somete a las investigaciones de la Fiscalía. Aclaró que solo firmó resoluciones que aprobó el Consejo Municipal y que tenía que respetar la disposición del Consejo. Sobre las promesas a la asociación manifestó que “es posible que haya [videos] donde comprometemos a ayudarlos". "Nosotros ayudamos a todos los que necesitan formalización”, aseguró.

Luego de la captura de la banda dedicada a traficar los terrenos de la familia Vargas Ortega están pidiendo al Poder Judicial disponga el desalojo de los invasores.

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