Luego de que El Comercio denunciara la utilización de menores de edad en actividades de minería ilegal en Amazonas, varias entidades del Estado se pronunciaron en contra de este delito y anunciaron acciones para solucionar el problema.
La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, señaló a este Diario que una de las metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia es erradicar el trabajo de niños y adolescentes y el trabajo peligroso realizado por adolescentes.
“Ante esto estamos elevando este caso a la Fiscalía de la Nación para que inicie las acciones legales correspondientes sobre los que resulten responsables”, dijo la ministra.
Agregó que también se envía una comunicación al Ministerio de Trabajo para que inicie las investigaciones.
“El Perú se ha convertido en el quinto productor de oro en el mundo, pero la gran informalidad de esta actividad ha causado el sacrificio de miles de bosques y la transgresión de derechos fundamentales”, añadió Omonte.
En Amazonas, el presidente de la Junta de Fiscales, Oswaldo Bautista Carranza, declaró que el titular de la fiscalía especializada en materia ambiental de Bagua realizará una inspección para verificar el estado de salud de los menores que participan en labores de extracción ilegal de oro en los ríos de la provincia de Condorcanqui (Amazonas).
El magistrado precisó que el fiscal de Bagua viajará a la zona –distante a unas ocho horas de esta ciudad– para identificar a las personas que contrataron a los niños que extraen el preciado metal en la cuenca del río Cenepa.
Mayda Ramos, representante de la Defensoría del Pueblo, señaló que además de haber cursado un oficio a la fiscalía, también lo han hecho a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que les informen sobre su intervención en este caso.
“El Código de Niños y Adolescentes prohíbe que los niños estén vinculados a trabajos de minería. Estos menores deben ser retirados inmediatamente de esa actividad”, indicó.