Wilfredo Oscorima Núñez, reelecto presidente regional de Ayacucho, se convertirá este miércoles 21 en la primera autoridad denunciada este año por el presunto delito de colusión o defraudación a la administración pública.
Según la contraloría, tal como ocurrió con los ex presidentes regionales César Álvarez (Áncash), Gregorio Santos (Cajamarca), Gerardo Viñas (Tumbes), Juan Guillén (Arequipa) e Yván Vásquez (Loreto), hoy procesados por el Poder Judicial, Oscorima es sospechoso de confabular en la elección de postores para tres obras públicas. Estas son el mejoramiento del hospital regional Miguel Ángel Mariscal Llerena, rehabilitación del I.E. Mariscal Cáceres y mejoramiento de los servicios en el I.E. San Ramón, entre el 2011 y el 2013. Las pérdidas que habría provocado el funcionario bordean los S/.10’292.789,39.
Esta es la segunda imputación contra Oscorima. En junio pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho lo acusó de simular una situación de emergencia agraria para favorecer a dos empresas con la compra directa de tractores.
¿Qué tan grave es el desfalco para los ayacuchanos? Según el Índice de Competitividad Regional del Perú 2014, de Centrum Católica, la escasa productividad de Ayacucho se debe a su falta de infraestructura pública, escasos proyectos eficientes e ingresos mal distribuidos. Considerando que las obras observadas iban a compensar deficiencias sanitarias y educativas, Fernando D’Alessio, director de Centrum Católica, sugiere que es muy poco probable que la región mejore si no subsana al menos uno de esos aspectos.
Otro aspecto que la corrupción y los malos manejos agravan para regiones como Ayacucho –que tiene 681.149 habitantes, de los cuales el 50% no puede cubrir su canasta familiar– es la lucha contra el narcotráfico. El último gran proyecto frustrado por estos delincuentes se remonta a julio del 2013, cuando un atentado hizo que el Consorcio Vial Quinua abandone la construcción de la carretera que uniría Huamanga con San Francisco y el resto del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
OTROS CINCO CASOS GRAVES
Si nos dejáramos llevar por los indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que entre el 2012 y el 2013 midieron la pobreza del Perú en 25,8% y 23,9%, respectivamente, podríamos inferir que nuestras autoridades realizan una muy buena gestión. Sin embargo, de acuerdo con casi cien auditorías en las regiones de Áncash, Cajamarca, Loreto, Tumbes y Arequipa, hechas entre el 2007 y el 2014, estas registraron la mayor cantidad de irregularidades en el manejo de obras públicas, destinadas a mejorar la calidad de vida de 5’885.408 peruanos con deficientes servicios educativos, médicos o de infraestructura vial y sanitaria.
El contralor Fuad Khoury informó a El Comercio que las pérdidas en estas localidades, más las ya citadas en Ayacucho, suman S/. 458’563,820.8. Es decir, seis veces el presupuesto del año pasado para inversiones en la comuna de Lima (S/.66’807.227) y más del doble de lo que costó remodelar el Estadio Nacional (S/.206’443.074) o el nuevo Hospital del Niño de San Borja (S/.180’750.266).
“Es un delito de lesa humanidad perder tanto dinero en regiones sin plata para invertir, porque bajó el canon, o donde la mayoría no tiene una vida digna”, afirmó Khoury.
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