'Baguazo': “Enfoque inclusivo en el Estado no es accesorio”

VANESSA ROMO

El 5 de junio del 2009, no solo significó dolor y muerte para los indígenas en Bagua. Desde ese trágico día, en el que fallecieron 33 personas entre nativos y policías, el Estado se acordó de ellos. A raíz de dicho suceso, en el 2010 se creó el Viceministerio de Interculturalidad, que en estos 5 años reglamentó la ley de consulta previa y asesora 16 procesos de consulta como el de la ley forestal. La viceministra Patricia Balbuena resalta estos logros, pero también hace una autocrítica de lo que se necesita para tener un país inclusivo.

¿Qué ha aprendido el Estado tras el ‘baguazo’? 
Lo que pasó en Bagua significó un acercamiento del Estado a los pueblos indígenas para reconocerlos como actores importantes en las decisiones que se toman o quieren tomarse. Se asumió que se necesitan políticas particulares que puedan atender sus demandas, como la titulación de tierras que tiene que ver directamente con la explotación de sus territorios y recursos, por lo que protestaban en Bagua. Además, los indígenas han logrado un empoderamiento individual. Cuando hay mesas de diálogo, encuentras personas que están ahí porque exigen un derecho.

¿Antes del viceministerio teníamos solo un Estado tolerante con la diversidad cultural? 
Tras lo sucedido en Bagua se necesitaba una institucionalidad indígena en el aparato público, que tenía que ser de rango ministerial. El papel de este viceministerio es ser un ente articulador que promueve la inclusión, pero reconociendo la diversidad, no con guetos. Esa es  la diferencia entre lo multicultural de lo intercultural. Lo que buscamos es que esta institucionalidad indígena se traduzca en todas las entidades.

¿Qué falta para lograrlo?
Necesitamos que todos los que brindan servicio público lo hagan con pertinencia cultural, porque una cosa es garantizar el acceso a los servicios y otra es garantizar la calidad. No puedes tener servicios a los que la gente no puede acceder no solo por limitaciones económicas o geográficas, sino por barreras culturales o lingüísticas. Es tarea del Estado hacer que estos servicios cumplan estos criterios, como lo que sucedió en el juicio de la Curva del Diablo, cuando pusimos a disposición del Poder Judicial a los intérpretes. Cuando las personas dicen que el Estado no llega a ellos no es porque no haya una oficina en sus localidades, sino porque cuando van, no los entienden ni lingüística ni culturalmente. 

¿Cree que este cambio es visto aún como un obstáculo y no como parte de un derecho?
Siempre decimos que nuestra tarea es no hacer problemas porque no queremos que las entidades vean la diversidad como tal. Hay casos que demuestran que un enfoque intercultural puede salvar vidas, como en la mortalidad materna. Este problema no se solucionó con poner una posta, nadie iba porque no entendían los códigos culturales de poblaciones indígenas. Se cambio por las casas de espera y esto ha ido mejorando. Aplicar la inclusión en las políticas no es un accesorio, es necesario para tener un país intercultural.

¿Cómo se está llevando el proceso de consulta?
Hace un año no se tenía ninguno y ahora tenemos 4 finalizados y 12 en proceso, entre políticas como la de salud y diálogos por proyectos de hidrocarburos. Aún falta avanzar con los sectores mineros y de energía. Como toda reforma,  la ley de consulta tiene sus resistencias y toma tiempo para desarrollar capacidades. Mientras tanto, seguimos capacitando intérpretes en varias lenguas y se han reconocido a 52 pueblos como indígenas.