“Tenemos lenguas de fuego de 8 metros”: lo que implica el estado de emergencia en tres regiones

La segunda semana de setiembre fue una de las más trágicas de la temporada de incendios forestales en el Perú. Solo desde del lunes 9 al jueves 12, siete personas murieron por quemaduras múltiples y asfixia en Amazonas, Ayacucho, Áncash, Piura, Lambayeque y San Martín. Para esa semana ya se hablaba de 222 incendios forestales, 51 de los cuales estaban activos

Aunque hasta el último lunes el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguraba que aún no había “razones tan críticas” que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia, finalmente ayer la presidenta Dina Boluarte anunció que se establecería la medida excepcional en las regiones de Amazonas, San Martín y Ucayali. Se implementará por 60 días en 23 distritos de los mencionados departamentos.

El anuncio fue realizado tras la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de La Libertad. Nuevamente mencionó que la mayoría de incendios ha sido provocado por la intervención humana y que más del 80% ya ha fue extinguido.

“Entiendo que algunas culturas ancestrales creen que quemar la tierra atraerá las lluvias, pero sabemos que esto no es así. Lo único que se logra es generar esta situación de emergencia, por ello, hago un llamado a la reflexión”, dijo .

Además, aseguró que la situación que actualmente vive el Perú no es una excepción en la región. “En Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y Estados Unidos, casi en todo el planeta, en estas épocas, suceden los incendios. Y si queremos hacer un comparativo con años anteriores, en esta fecha en Perú había más de 1.000 incendios. No estoy buscando una justificación, solo hago un cuadro comparativo”, añadió.

Hasta ayer, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), reportaba 36 incendios forestales activos en 17 regiones, la mayoría en Amazonas (5), Cajamarca (5) y San Martín (7).

Sin embargo, Paul Vega, Director de Defensa Civil del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en Amazonas, aseguró que son 12 los incendios activos en su región. El problema no es solo el fuego vivo que en algunos focos alcanza los 8 metros de altura sino la intensa humareda que causa afectaciones a la salud de la población.

“Casi no puedo hablar, acá respiramos humo, todos los distritos donde hay incendios tienen el aire contaminado. Chachapoyas parece que tiene neblina, pero es humo. La situación es caótica. Los incendios son incontrolables en los distritos de Soloco y Asunción. Son lenguas de fuego de hasta 8 metros, es incontrolable porque son zonas agrestes donde no podemos ingresar, acá la geografía es de cerros inmensos” declaró Vega vía telefónica, entre toses y con la voz áspera, a El Comercio.

Aunque saludó la declaratoria de emergencia, dijo a El Comercio que sin transferencia de recursos no pueden atender adecuadamente los focos de fuego. “El estado de emergencia nos ayudará a hacer adquisiciones directas y modificar el presupuesto, lo más importante sería que el gobierno nos proporcione un decreto de urgencia con los recursos, que se asigne presupuesto”, dijo.

Las cifras consolidadas de Indeci dan cuenta de 248 incendios forestales en 20 departamentos en lo que va del año, 186 de los cuales ya fueron extinguidos, aunque, como El Comercio relevó ayer, existe un subregistro ya que diversas regiones reportaron hasta 8 veces más incendios en el año que las cifras oficiales. Las regiones con más cantidad de incendios son Cusco, Cajamarca y Huancavelica. Además, se han reportado 140 heridos, 15 fallecidos (solo entre el 9 de julio y el 12 de setiembre), 3.374 hectáreas de área natural perdida y 2.349 hectáreas de cultivo perdido. Además, 377 animales han fallecido y más de 4.500 especies se han visto afectadas.

La declaratoria de emergencia se oficializó a través del Decreto Supremo 097-2024-PCM, publicado en el boletín extraordinario Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La medida se ejecutará por el plazo de 60 días calendario.

Los considerandos del decreto supremo confirman que la “capacidad de respuesta de los Gobiernos Regionales de Amazonas, San Martín y Ucayali ha sido sobrepasada”, por lo que resulta necesaria la “intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional”.

Con el estado de emergencia, los gobiernos regionales y locales comprendidos, con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de ministerios, y demás instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán “las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas”.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Asimismo, se dispone una lista de bienes y servicios que podrán ser donados, en conformidad con la Ley Nº 30498, Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales. Estos son material médico, medicamentos, vacunas, repelentes, alimentos, bebidas, prendas de vestir, textiles para abrigo, calzado, toallas, colchones, menaje de cama y de cocinas semi-industriales, útiles de aseo personal y limpieza, toallas higiénicas y pañales para adultos, entre otros que sean necesarios para atender los requerimientos de la población afectada.

La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público

Ayer el Consejo de Ministros también anunció la aprobación del proyecto de ley sobre prevención y control de incendios forestales, que se enfoca en establecer los mecanismos orientados a trabajar la asistencia técnica, capacitación y sensibilización a los pequeños agricultores y pobladores que hacen sus prácticas culturales de quema, pero también sanciones a los responsables de estos eventos.

“Esta prevención va a comenzar por brindarles asistencia a los agricultores para hacer quemas controladas en condiciones climáticas apropiadas, así como fortalecer a Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que estará al frente de esta capacitación y del proceso de prevención, junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), gobiernos regionales y locales”, dijo el ministro del Ambiente, Juan Castro Vargas.

En ese contexto, se formará un comité multisectorial para la prevención de incendios forestales, con una quema más controlada, y sanciones para los que afecten áreas naturales protegidas, refugios de vida silvestre, ecosistemas frágiles y a poblaciones cercanas poniendo en riesgo vidas humanas. “Este proyecto de ley promueve la conformación de un Cuerpo Especializado de Bomberos Forestales, con lo cual nos vamos a equiparar con países que cuentan ya con una legislación sobre incendios forestales”, añadió.

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