(Foto: Poder Judicial)
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Laura Urbina

El alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, y sus familiares, investigados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, no podrán salir del país en un plazo de un año, dispuso el Poder Judicial en Áncash.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa dictó el impedimento de salida del país para el burgomaestre, sus padres Valentín Salomón Fernández Neira (73) y Nury Soledad Bazán de Fernández (69), sus hermanas Nury Elizabeth (44) y Luz Marina Graciela Fernández Bazán (46), así como para los empresarios Frank Tailor Jiménez Esquivel (47) y Luis Federico Vásquez Wong (49).

El juez anticorrupción Jorge Chávez Tamariz ordenó que la medida coercitiva se cumpla por 12 meses, a pesar de que el Ministerio Público solicitara 18 meses y los procesados se allanaran al requerimiento formulado por la fiscalía y entregaran sus pasaportes al juzgado. La disposición implica restricciones para transitar en el territorio nacional o salir de la localidad, mientras concluyan los actos de investigación.

Según la investigación, los imputados habrían adquirido una serie de bienes inmuebles a través de operaciones no justificadas, buscando blanquear activos obtenidos en los actos de corrupción que habrían generado durante su gestión edil. Además habrían transferido bienes inmuebles, materializando sus propósitos mediante contratos direccionados sistemáticos y constituyendo personas jurídicas en Perú y Panamá, sindicándolos como una organización criminal que habría abusado de la confianza ciudadana para sus ilícitos.

Además, se le acusa a los empresarios Frank Tailor Jiménez Esquivel (47) y Luis Federico Vásquez Wong (49), de tener un desbalance patrimonial inusitado y de haber realizado actividades que la fiscalía considera sospechosas tanto en el Perú como en empresas offshore del extranjero.

Cabe indicar que por este caso, siete inmuebles, ubicados en las ciudades Trujillo y Nuevo Chimbote, vinculados a Valentín Fernández, fueron incautados el pasado 9 de agosto, tras una orden judicial.

El juzgado anticorrupción ha ordenado que se notifique a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú y a la División de la Policía Judicial para el registro de la medida y conocimiento a las partes procesales.

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