Áncash
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Laura Urbina

La liberación del ex oficial de la Policía de Chimbote, Víctor Sánchez Charcape (49), quien agredió a su conviviente, el último sábado en el frontis de la comisaría Buenos Aires, en el distrito de Nuevo Chimbote (Áncash), ha generado la indignación de un sector de la población.

El juez Jorge Chávez Tamariz del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, en Áncash, sentenció ayer al ex jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP a dos años y ocho meses de pena condicional por los delitos de agresión a mujeres e integrantes del grupo familiar, así como por conducir su vehículo en estado de ebriedad.

El mayor en retiro está sujeto a reglas de conducta y deberá pagar una reparación de S/ 2.500 a la madre de sus hijos, la suboficial Liliana Guidotti Borja.

La primera en cuestionar el fallo ha sido la titular del Centro de Ayuda a la Mujer de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Anshella Díaz, quien sostuvo que es una “sentencia injusta”.

“Esa una condena legal, pero injusta para la víctima porque se debió dictar una pena efectiva. Hubiera sido una oportunidad para que la ciudadanía tenga en claro que los casos de violencia contra la mujer no quedan impunes”, enfatizó.

Para la abogada Díaz, el titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, Wilson Andrade Bazán, a cargo del caso, debió haber solicitado la pena máxima de seis años por violencia contra la mujer, de tal forma que, a la hora aplicar la ley, el juez hubiese dictado una sentencia con prisión efectiva. “Si desde el inicio el fiscal hubiese solicitado la pena máxima, no tendríamos una sentencia benévola”, subrayó Díaz.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Carlos Salazar Idrogo, afirmó que sentencia se efectuó en el marco de la ley y por solicitud del Ministerio Público, tras llegar a un acuerdo con el acusado.

“Cuando el imputado admite los cargos, la norma permite una reducción de la pena, de otro lado, se debe tener en cuenta que este caso se ha resuelto dentro de las 48 horas. Si bien la pena es suspendida, eso escapa a nosotros porque la tipificación la realiza el Poder Legislativo, nosotros, tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público aplicamos las normas legales”, sostuvo.

En tanto, una de las coordinadoras del colectivo "Ni Una Menos" en Chimbote, Karla Fournier, manifestó su indignación tras el veredicto. “Es una condena injusta y leve, no se está considerando que los agresores son potenciales feminicidas. No se le está dando la seguridad a las víctimas de violencia para atreverse a denunciar”, argumentó.

En sentido, invocó a los legisladores a revisar las normas para sancionar drásticamente a los agresores de mujeres.

-Violencia en Áncash-
El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer ha reportado 2.018 casos de violencia en la región Áncash, de los cuales solo 1.358 fueron denunciados ante la Policía Nacional o Ministerio Público, desde enero hasta julio de este año.

Durante este tiempo se han presentado 728 casos de violencia leve, 996 de violencia moderada y 294 por violencia severa.

En lo que va del año, se han registrado cinco casos de feminicidio y seis denuncias por tentativa de feminicidio. Lo cual refleja un porcentaje elevado si se tiene en cuenta que en el 2017, se cuantificaron 15 víctimas por este delito.

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