Áncash: Empresa de Orellana vinculada a obras por S/.34 mllns.

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en obras por más de S/.34 millones ejecutadas por el Gobierno Regional de Áncash durante la gestión de César Álvarez, ahora preso por el caso Ezequiel Nolasco.

Se trata de las obras de construcción del Coliseo Cerrado de Chimbote y el mejoramiento de la avenida José Pardo. En ambos casos se favoreció a un único postor a través de una carta fianza de una entidad financiera no reconocida por la SBS: Coopex, fundada por el prófugo de la justicia Rodolfo Orellana Rengifo.

"Estos son los primeros resultados del trabajo realizado por el equipo especializado de auditores que fue destacado a Áncash, luego que la Contraloría General tomara la decisión de congelar las cuentas del referido Gobierno Regional", detalla el comunicado.

CASO COLISEO

El gobierno regional habría favorecido a una empresa y le habría ocasionado un perjuicio al Estado de S/.7'651.036. En esta caso se pagó la totalidad del contrato por más de S/.23 millones. A pesar de eso, el coliseo está inconcluso y su construcción está paralizada.

La obra se hizo sin acuerdo de concejo regional, sin opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la entidad no contaba con la disponibilidad física del terreno, el consorcio habría presentado documentos falsos y no se cobró la penalidad de S/.3'341.668 por incumplir plazos de entrega de expediente técnico. El resto del perjuicio (S/.4'309.368) fue otorgado indebidamente como adicionales de obra y ampliaciones.

La Contraloría considera que hay 19 funcionarios involucrados en este caso.

CASO JOSÉ PARDO

La reconstrucción y mejoramiento de esta avenida nunca tuvo sustento. La gestión de Álvarez habría simulado la elaboración y aprobación de un expediente técnico para convocar una licitación pública y favorecer a un consorcio con un pago en exceso por S/.4'160.964 por partidas innecesarias y otros S/.75.500 por consultorías que no están relacionadas a la obra.

Esta obra tampoco contó con la aprobación del acuerdo del concejo regional o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El valor referencial no fue determinado de acuerdo a la norma de contrataciones.

En este caso estarían involucrados 15 funcionarios.

El favorecimiento a los contratistas se logró a través de una carta fianza de Coopex.