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El ex gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos Salcedo, fue sentenciado a un año de prisión suspendida por el delito de abuso de autoridad al haber anulado la designación de un funcionario del gobierno regional.
El titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, José Luis Checa Matos, demostró que Ríos Salcedo había abusado del cargo que ostentaba en perjuicio del ex presidente del Directorio de la Autoridad Regional Portuaria de Áncash, Ezequiel Mayo Lugo.
Sucede que en julio del 2015, el ingeniero pesquero Mayo Lugo denunció a Ríos Salcedo por anular su designación, cargo que según ley, debió ostentar por un periodo de cinco años. Sin embargo, a través de la resolución Nº623-2015-REGINANCASH/GR, la máxima autoridad de Áncash lo cesó argumentado cuestiones institucionales.
Por ello, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Huaraz, Roxana Luna León, también le impuso a Waldo Ríos la inhabilitación para ejercer cargo público de un año y el pago de reparación civil de S/ 5 000, los cuales deberá pagar 3 mil soles para el agraviado Mayo Lugo y 2 mil soles para Gobierno Regional de Áncash.
El agraviado Ezequiel Mayo saludó la decisión del juzgado y dijo que ninguna autoridad puede sobrepasar las normas. “Que este caso quede como un precedente, por más político que sea no puede ir contra la norma ni contra los profesionales, la justicia ha hecho su trabajo”, sostuvo.
El líder de Puro Áncash participó de la lectura de sentencia desde el penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz donde purga una condena por colusión desleal, desde setiembre pasado.
Otras sentencia en Áncash
El Poder Judicial en Áncash sentenció al ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucas, en Huari, Robert Benítez Meza, a cuatro años de pena privativa de la libertad, por la comisión del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.
El Ministerio Público demostró que el sentenciado propuso y declaró en emergencia al distrito por la supuesta inestabilidad de suelos, con la finalidad de adquirir bienes y ejecutar obras sin el respectivo proceso de selección, que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, adjudicando de modo directo las obras a empresarios de su confianza, por un monto de S/ 5 millones.
El juzgado dispuso la inhabilitación de 3 años y el pago de S/ 10 mil por concepto de reparación civil.
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