Por mayoría, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la resolución del 26 de febrero del 2015 que declaró procedente la rehabilitación de Waldo Ríos, electo gobernador regional de Áncash, para ejercer cargo público. Con esta medida emitida el pasado 14 de mayo y difundida recientemente por el Poder Judicial, el líder de Puro Áncash queda a la espera de la entrega de las credenciales respectivas por parte del Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)
Cabe recordar que la Procuraduría Anticorrupción había apelado la decisión emitida en primera instancia por el juez supremo de instrucción David Loli Bonilla.
Los jueces Josué Pariona Pastrana y Víctor Raúl Malca Guaylupo votaron por confirmar la resolución de primera instancia que declaró procedente la rehabilitación de Waldo Ríos. Argumentaron que los intereses deberán tramitarse por separado en un cuaderno de ejecución y conforme a las normas procesales pertinentes.
El juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, presidente de la sala, se pronunció en contra, pues consideró que hay improcedencia para la rehabilitación, en tanto Waldo Ríos no cumpla con pagar el monto que corresponde a los intereses devengados.
¿QUIÉN ES WALDO RÍOS?
Waldo Ríos, ex congresista del Frente Independiente Moralizador (FIM), sucumbió al dinero del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres para pasarse a las filas de la bancada fujimorista el 2000. Recibió 10 mil dólares a cambio de favores políticos.
El Poder Judicial lo condenó a 4 años de cárcel suspendida por los delitos de cohecho pasivo y receptación, lo inhabilitó para ejercer cargo público por tres años y le ordenó el pago de un millón de soles de reparación civil, que debía pagar en forma solidaria con otros tres coprocesados.
Y como se informó, Waldo Ríos logró pagar en febrero pasado el millón de soles que debía.
Sin embargo, tres de los nueve “aportantes” de Waldo Ríos Salcedo no acudieron a la citación que realizó la fiscalía en el marco de la investigación por los presuntos delitos de cohecho pasivo y lavado de activos que se le sigue, informó a fines de abril el titular del primer despacho anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe.