Pesca industrial en área protegida de Paracas: Poder Judicial definirá la demanda de la SNP en medio del riesgo por extracción de anchoveta

Mientras la SNP asegura que no piden algo nuevo sino el respeto a un “derecho preexistente”, distintas organizaciones científicas y ambientales han alertado del enorme daño ambiental que provocaría la pesca de anchoveta a escala industrial en la zona.

La demanda interpuesta consiste en un proceso de acción popular –recurso legal contra normas administrativas– contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Fue presentada a inicios de enero ante la 2° Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y admitida a trámite el 17 de marzo. En ella, la SNP solicita la nulidad “con efectos retroactivos” del literal C del numeral 6.2 de la Directiva N° 006-2021- SERNANP-DGANP, la misma que prohíbe “la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos, ya sea marina o continental, dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel”.

El miércoles 13 de marzo, dicha sala ordenó la vista de causa para el 23 de mayo, a las 10 de la mañana, mediante una audiencia virtual en la que los abogados de ambas partes tendrán 5 minutos para exponer sus posiciones.

La acción popular es el segundo paso para avalar la pesca industrial en Paracas. El primero data de octubre del año pasado, cuando la SNP solicitó a Sernamp el “reconocimiento de actividad pesquera industrial preexistente” dentro de la reserva, fuera de las primeras 5 millas de costa, solicitud que fue rechazada por el ente adscrito al Ministerio del Ambiente.

El argumento de la SNP es que antes de la creación de la reserva de Paracas, en 1975, había explotación del recurso de anchoveta y que incluso, solo entre 1970 y 1974, se extrajo 2.9 millones de toneladas de este recurso de la zona de Pisco.

“La limitación impuesta a la pesca industrial no tiene sustento técnico y se ha establecido vulnerando las competencias del sector producción, ya que carece de la opinión del Imarpe y de Produce, que son las instituciones competentes para determinar qué y quienes pueden pescar en nuestro litoral”, indicaron en una respuesta escrita a las preguntas de este Diario.

La posición de Sernamp, sin embargo, es que el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, del año 2001, es claro en prohibir la extracción de recursos biológicos de mayor escala dentro de todas las áreas protegidas. La directiva que hoy cuestiona la SNP, del año 2021, se sustenta en dicha norma. José Nieto Navarrete, jefe de Sernamp, incluso ha recordado que la propia Constitución Política, en su artículo 68, establece que el Estado “está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”.

Es precisamente en la conservación de la diversidad biológica donde especialistas insisten en que radica el principal riesgo del pedido del gremio industrial.

El biólogo Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, explica que, a diferencia de la pesca artesanal que sí se admite en Paracas, las embarcaciones industriales extraen volúmenes masivos de anchoveta, pieza fundamental en la cadena alimenticia marítima y de la cual dependen especies como jurel, bonito, caballa, aves guaneras, delfines, lobos marinos, entre otros.

“Una red artesanal suele ser de 10 a 15 metros y es más selectiva. Una red de pesca industrial tiene de 250 a 400 metros y 40 metros de altura. Mientras un pescador artesanal puede sacar 30 toneladas en varios días, una embarcación industrial saca cientos o miles en una sola operación. La anchoveta no es un pez cualquiera, es la clave en la alimentación de muchas especies. Es como reservar una zona para proteger a animales, pero no dejarles comida”, explica a El Comercio.

Pese a ello, la SNP asegura que los derechos preexistentes los respaldan. “La Reserva de Paracas fue creada sin ninguna prohibición para el desarrollo de actividades pesqueras industriales, y estableciendo que el Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la Producción) regula el aprovechamiento de los recursos marinos. Esta entidad, a su vez, nunca estableció ninguna limitación para la pesca industrial en la reserva”, sostiene.

Sin embargo, para la abogada Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú, incluso si hubiera existido pesca industrial antes de la reserva, esto no implica que el Estado no pueda establecer restricciones para garantizar la protección de un área clave a nivel ambiental y turístico. “En la práctica, lo que pretende decir la industria es que, por haber realizado actividades de pesca en algún momento en el pasado, el Estado peruano pierde su soberanía de poder definir zonas de restricción para conservar una zona. Los permisos de pesca se dan por cada embarcación, no por todo un sector y tampoco no son absolutos. No se puede pretender que porque cinco empresas que pescaron ahí en 1975 la flota actual de más de 900 embarcaciones tenga derecho a pescar ahora”, indica.

Además de Oceana Perú, más de 40 investigadores peruanos y extranjeros, así como ex jefes de la reserva Nacional de Paracas y organizaciones ambientalistas han expresado su rechazo a la solicitud del gremio industrial. En una carta abierta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, científicos y activistas extranjeros también recuerdan que esta actividad industrial no es compatible con la definición de áreas protegidas de acuerdo con los estándares establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la cual el Perú es miembro.

Desde el Congreso, la Comisión Especial de Cambio Climático ha emitido un pronunciamiento donde califican el pedido del gremio industrial como una “amenaza directa” a la integridad de la reserva de Paracas que pone en riesgo los esfuerzos de conservación realizados durante décadas. “La realización de actividades pesqueras industriales de alto impacto dentro de la reserva no solo podría ocasionar daños irreparables a los ecosistemas marinos y terrestres, sino que también tendría graves consecuencias para las comunidades locales que dependen de la reserva para su sustento y para el turismo en la región”, declararon.

Por el lado del gremio de pescadores artesanales, José Alberto Hernández, presidente del sindicato de Laguna Grande, de Pisco, advirtió que las distintas asociaciones de la zona no descartan realizar protestas para defender el área protegida. “Solo 16 embarcaciones industriales de 500 toneladas van a pescar lo mismo que 600 embarcaciones artesanales. El resultado será desastroso”, dijo a El Comercio.

Sobre los riesgos ambientales, la SNP asegura que la pesca industrial, que se desarrolla a partir de la milla 5, “convive en armonía con los objetivos de ésta y sin causar afectación alguna, según información del Imarpe”. En cambio, aseguran que “es conocido por todos, incluso por el Sernamp, que dentro de las 5 millas y en la zona de la reserva, se practica la pesca ilegal con explosivos, actividad condenable que no tiene control alguno por parte de las autoridades”.