Clases virtuales forzadas por el APEC: ¿cuánto pierden los alumnos peruanos con esta medida?

Morgan Quero, titular del Ministerio de Educación (Minedu), respondió a las críticas por la suspensión de las clases presenciales y justificó la decisión en conferencia de prensa. Mencionó que esta decisión “contribuirá al buen desarrollo” de la cumbre APEC. Además, afirmó que los alumnos y profesores cuentan con herramientas para estudiar de manera remota, por lo que esta medida los ayudará a poner en prácticas sus habilidades tecnológicas.

“Todos los alumnos del sector educativo están adaptados y más en la zona de Lima Metropolitana. Estamos adaptados a las nuevas tecnologías y hemos trabajado de la mano de los profesores y alumnos. En ese sentido, no se pierde ninguna clase”, indicó. “Estamos poniendo de manifiesto la posibilidad de que nuestros estudiantes sigan desarrollando su competencia y sus habilidades tecnológicas, y su capacidad para innovar permanentemente”, agregó.

Cabe recordar que el 14 y 15 de noviembre no habrá clases en la capital ni en las provincias mencionadas previamente debido a que ambos son días no laborables.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), 2.4 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria de Lima Metropolitana, Callao y Huaral perderán clases presenciales entre el 11 y el 15 de noviembre. Por esta razón, la decisión de establecer clases virtuales ha sido ampliamente criticada. Así también, 800 mil horas de clases presenciales por día perderán los alumnos de Lima, Callao y Huaral la próxima semana, según el IPE.

Estas son algunas de las razones por las cuales la decisión de establecer clases virtuales ha sido ampliamente criticada.

23 organizaciones y gremios empresariales del sector privado que firmaron el “Pacto por la Educación de Calidad” en julio de este año expresaron su rechazo, asegurando que “muchos estudiantes de todos los niveles de la educación pública no cuentan con los implementos tecnológicos para llevar a cabo un rendimiento óptimo”.

Además, mencionaron que el Estado peruano no ha tomado en consideración que está por terminar el año educativo “que se ha visto perjudicado suspendiéndose varios días por el paro de transporte y diversas movilizaciones sociales”.

En ese sentido, invocaron a las autoridades a reconsiderar la medida adoptada, respetar a los estudiantes y no suspender las clases. Cabe resaltar que el mencionado pacto busca proteger el desarrollo de una educación de calidad.

María Isabel León, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE —organismo que lideró el “Pacto por la Educación de Calidad”— declaró a El Comercio que esta medida es una “improvisación” por parte del gobierno que perjudica a la educación básica.

“La realización de APEC es importante para el país y todos debemos apoyarlo. Sin embargo, los días previos no se debe impedir que los alumnos reciban el servicio educativo de manera presencial. Sumarían 5 días sin clases presenciales. Está comprobado que el rendimiento y aprendizaje escolar no son iguales en las clases remotas”, argumentó.

“La virtualidad es un complemento de la educación presencial y no se puede decretar sin una adecuada organización de un día para otro haciendo que la educación pague los platos rotos. Esto demuestra que la educación es el furgón de cola de nuestra atención. Ya hemos visto este año que se ha paralizado la educación presencial en Lima por los 16 feriados del calendario y las movilizaciones”, afirmó.

Por su parte, José Gargurevich Valdez, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu, señaló a este Diario que la decisión es un “despropósito”, porque no responde a argumentos ni métodos pedagógicos. Asimismo, advirtió que el gobierno ha generado las condiciones para que las clases a distancia logren un resultado educativo óptimo en los estudiantes.

“No basta con que los profesores puedan prender su cámara y hablar desde sus casas para garantizar una educación a distancia. Estas sesiones demandan herramientas que no funcionaron en la pandemia y condiciones que no tienen todos los estudiantes ni maestros. El interaprendizaje presencial entre alumnos es determinante”, dijo. “Menos de la mitad de los hogares de Lima tienen una conexión a Internet estable”, agregó.

“Los padres de familia que deberán trabajar presencialmente entre lunes a miércoles serán perjudicados si no pueden dejar a sus hijos al cuidado de una persona. Es una decisión que perjudica a los hogares y una condena de encierro a por temor a que pase algo en las calles o haya mucho tráfico en la semana del Apec”, expresó.

Por otro lado, alrededor del mediodía de ayer, un grupo de padres de familia se reunieron frente a la sede del Minedu para protestar contra el gobierno por instaurar clases virtuales. “No podemos seguir sumando días sin clases cuando el Perú aún está recuperándose del retraso educativo generado por la pandemia. Es una medida injusta y arbitraria. Nos preguntamos: ¿dónde queda la educación en las prioridades del gobierno?”, cuestionó Norma Correa, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Por otra parte, centros de educación superior como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Agraria de La Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería se pronunciaron para informar a su comunidad educativa que la próxima semana realizarán clases de manera remota. La PUCP, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima y la Universidad Cayetano Heredia se sumaron a la medida. Estas cuatro entidades pidieron al gobierno priorizar el derecho a la educación y “permitir que millones de estudiantes culminen su período formativo sin más interrupciones”.

El Decreto Supremo también oficializó el trabajo a distancia para el sector público durante los días 11, 12 y 13 de noviembre en Lima Metropolitana, Huaral y Callao. No obstante, la norma exceptúa de esta medida a los trabajadores esenciales para la prestación de servicios, así como a quienes desempeñan funciones que no pueden realizarse de manera remota.

Por otro lado, las empresas del sector privado tienen la opción de implementar el teletrabajo, siempre que exista un acuerdo entre el trabajador y el empleador, conforme a la normativa vigente. Esta flexibilidad permitiría a las compañías adaptar sus operaciones a las restricciones anunciadas.

En comunicación con El Comercio, Germán Lora, abogado laboralista, dijo que esta decisión de muestra el “desorden con el que este gobierno ha manejado las licencias y feriados en este año”. “¿Por qué mencionar que el sector privado puede trabajar de forma remota? Esto solo genera una confusión innecesaria a las empresas”, subrayó.

Además, indicó que todos los trabajadores que no cuenten con las herramientas tecnológicas ni facilidades para realizar el teletrabajo deben solicitar a su empleador que los implemente. “Es responsabilidad del empleador brindar Internet, computadoras y todos los servicios que requiera el trabajador”, apuntó.