Apropiación de inmuebles en zonas de riesgo se volvería delito

El martes último, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que incluyó una serie de disposiciones para la intervención del gobierno nacional en la reconstrucción del país tras lluvias de El Niño costero. La iniciativa se debatirá este lunes en una sesión extraordinaria del Congreso.

El primer ministro Fernando Zavala explicó a El Comercio que, de aprobarse el proyecto y las herramientas de gestión que plantea, el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas durará tres años. Estos son los puntos claves de la norma:

1. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC)

El gobierno propone crear la RCC como una entidad que lidere la reconstrucción y que elabore el plan integral con los lineamientos del proceso. Además, deberá ejecutar los recursos asignados para las contrataciones y gestionará el inventario de los daños materiales, así como el padrón de afectados.

Tendrá un director ejecutivo con rango de ministro, quien deberá asistir cada seis meses al Acuerdo Nacional para informar los avances del plan. Contará también con un directorio integrado por el primer ministro y por los titulares de los sectores Transportes, Economía, Agricultura y Vivienda.

Su plazo de duración será de tres años, con opción a prorrogar sus funciones por un año más. Según Zavala, el objetivo es que tenga un “rol subsidiario” en la reconstrucción; es decir, “si un gobierno local no tiene las capacidades para asumir el proceso, lo hará el gobierno regional. Y si este no puede, lo hará el gobierno nacional a través de los sectores”.

2. Herramientas de gestión y procesos simplificados

Se plantean mecanismos para la simplificación administrativa y la agilización de procesos. Una herramienta propuesta es que las entidades involucradas en la norma (gobiernos locales, regionales y otras) puedan realizar contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías sin los límites regularmente aplicables según la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, el proyecto busca que los permisos, las autorizaciones y las titulaciones (a cargo de Cofopri) no tengan costo alguno, se resuelvan en un plazo máximo de siete días y estén sujetos al silencio administrativo positivo (si la entidad no responde en el plazo, la autorización es automáticamente otorgada).

Zavala enfatizó que estas medidas “no serán una puerta abierta a la corrupción”, ya que la contraloría acompañará los procedimientos realizados bajo la norma. El economista Pablo Secada señaló que estas propuestas del Ejecutivo son positivas y que atraerán a postores idóneos para la reconstrucción.

“Si se quiere tener programas de infraestructura de talla mundial, se debe invertir en asesorías por lo menos en un 1% del valor de la obra. Las simplificaciones en el ámbito de las contrataciones permitirán un gasto correcto en los estudios previos, lo que resultará en obras bien hechas”, dijo Secada.

La iniciativa también propone modalidades para la inversión del sector privado, como la de obras por terrenos. Bajo este mecanismo, un privado puede asumir el encauzamiento de los ríos y generar terrenos adicionales, los cuales servirán como retribución de la inversión.

3. Diagnóstico de las zonas de riesgo y no mitigables

Según la norma, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) determinará las zonas donde se alcanzaron niveles de emergencia 4 y 5; es decir, de riesgo alto y muy alto.

Con esta data, esas zonas –cuyo riesgo es considerado no mitigable– serán declaradas intangibles y quedarán bajo administración del gobierno regional de la jurisdicción. Si estas áreas están habitadas y tienen edificaciones, deberán ser desocupadas. Zavala precisó que se incentivará el retiro brindando alternativas como, por ejemplo, “tierras prósperas y cercanas a las viviendas vulnerables”.

Para Gilberto Romero, presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), encargar la gestión de las tierras intangibles a los gobiernos regionales debilitaría el rol preventivo de los gobiernos locales. “Esa administración podría ser asumida por el municipio provincial, ya que es cierto que algunas comunas distritales no tienen la capacidad de gestión requerida. Sin embargo, no se ha considerado la creación de una autoridad que administre las cuencas de los ríos y que mitigue el riesgo en las zonas altas”, explicó Romero.

4. Sanciones administrativas y penales

Para aquellas autoridades y funcionarios que no cumplan lo establecido en la norma, el Ejecutivo propone que sean sancionados con inhabilitaciones temporales o definitivas de sus cargos, o con multas económicas, según corresponda.

También se plantea la suspensión y revocación de certificados, permisos y autorizaciones, así como la clausura temporal o definitiva, demolición o desalojo de los establecimientos que vayan en contra de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Además, se busca modificar el Código Penal en su artículo 204, que se refiere a las formas agravadas del delito de usurpación, tipificando como delito la apropiación de un inmueble ubicado en una zona de riesgo no mitigable.

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