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Erick Ramos se siente frustrado. Ya han pasado más de 30 días desde que la empresa minera Las Bambas paralizó sus operaciones debido a la invasión de comuneros. Más de un mes sin poder trabajar. Acudió al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, y al Congreso de la República, pero la situación no cambió. “Notamos poco interés en nuestra problemática”, dijo a El Comercio.
Es debido a ese desinterés que el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Minera Las Bambas, del cual Ramos es secretario general, inició hoy a las 9 a.m. marchas en Lima, Arequipa y Cusco. Asimismo, varios de los afectados acatarán una huelga de hambre.
Diálogo fallido
Ayer en la tarde se reunieron representantes de seis comunidades de los distritos de Tambobamba y Challhuahuacho (Apurímac), del Ejecutivo y de Las Bambas. Fue la segunda vez en dos semanas que no se logró retomar el diálogo para buscar una solución a la paralización de la empresa minera, ya que los comuneros exigen el levantamiento inmediato del estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurque.
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“Nosotros pensamos que el día de hoy [ayer] nos iban a dar una respuesta sobre el levantamiento del estado de emergencia. Sin embargo, no hay nada. No sé cuándo nos darán esa respuesta. Antes de eso, no vamos a dialogar”, declaró uno de los representantes de las comunidades.
A diferencia de la reunión de la semana pasada, a la cual no acudió ningún alto funcionario del Gobierno, se contó esta vez con la participación del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Pero no fue suficiente para los representantes de las comunidades, quienes se retiraron antes de lo previsto. El acto no duró más de una hora.
Un conflicto que dura demasiado
En los 33 días de paralizada Las Bambas, el Perú ha dejado de percibir más de S/171 millones, aproximadamente. Pero sobre todo, esto afecta a los casi 9.000 trabajadores de la empresa, que corren el riesgo de perder sus puestos, y a unas 75.000 familias.
“Nos vemos en la obligación de marchar, y seguiremos marchando hasta que realmente se preste atención a la clase trabajadora formal, pues nosotros aportamos al Estado con nuestros impuestos. [...] Este gobierno está queriendo llevar a los trabajadores a la informalidad”, afirmó Ramos.
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Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explicó que la crisis de Las Bambas ocurre porque los comuneros denuncian que la empresa no ha cumplido los acuerdos establecidos en actas pasadas. Él sostiene que es el Estado quien debe identificar las discrepancias en el cumplimiento de los acuerdos, para así determinar qué es lo que está pendiente y qué no.
“Se trata de un trabajo eminentemente técnico, de un cruce de información relativamente sencillo que no se ha hecho. Es por eso que en las reuniones no se puede orientar el proceso de diálogo hacia ese punto central: el reclamo de las comunidades”, dijo.
Esta labor técnica le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, al no realizarse, Luque indicó que la defensoría ha solicitado la información de los acuerdos para hacer directamente el cruce de datos, y colaborar en la resolución de este conflicto.
Un nuevo acto de violencia en Apurímac
Ayer, un grupo de sujetos quemaron y destruyeron el campamento minero Azuca de la empresa Ares, ubicado en la provincia de Antabamba (Apurímac).
De acuerdo a la compañía, los actos de violencia habrían sido cometidos por mineros ilegales que forman parte de un grupo llamado Uchuro.
Siete efectivos de la comisaría de Totoro Oropeza se dirigieron al campamento para registrar lo ocurrido; sin embargo, observaron que el acceso vehicular había sido bloqueado con grandes rocas. No se trataría de un conflicto social, sino de un acto delictivo.
