Desde temprano, un grupo de 16 fiscales y 50 agentes policiales se desplazaron hasta los inmuebles ubicados en Abancay, Andahuaylas, Cusco y Lima. (Foto: Carlos Peña)
Desde temprano, un grupo de 16 fiscales y 50 agentes policiales se desplazaron hasta los inmuebles ubicados en Abancay, Andahuaylas, Cusco y Lima. (Foto: Carlos Peña)
Carlos Peña

colaborador

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Como parte de una investigación por la presunta compra de ambulancias, el Ministerio Público realizó este jueves el allanamiento simultáneo de 15 viviendas pertenecientes a funcionarios del Gobierno Regional de , entre ellos el gobernador , así como de sus familiares.

Para ello, un grupo de 16 fiscales, encabezados por el Dr. Luis Ballón Segovia, fiscal especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Apurímac, junto a 50 agentes de la Dirección Contra la Corrupción y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, se desplazaron hasta las viviendas ubicadas en Abancay, Andahuaylas, Cusco y Lima.

La intervención se realizó en el marco de la investigación preparatoria que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de Lantarón Núñez, Jhonny Omar Palomino Yarihuaman y Miguel Angel Azurin Solís, quienes son acusados de favorecer presuntamente a la empresa Consorcio San José Perú S.A.C con la compra de 10 ambulancias por parte del Gobierno Regional de Apurímac, por un valor de 3 millones 625 mil soles.

El pasado 23 de abril, los consejeros regionales de Abancay, Emerson Huashua Cahuana y Guido Huaman, interpusieron una denuncia en la fiscalía por la compra de 10 ambulancias por parte del Gobierno Regional de Apurímac en el marco del proyecto “Mejoramiento del sistema de referencias y contra referencias del ámbito de la Dirección Regional de Salud de Apurímac”. (Foto: Carlos Peña)
El pasado 23 de abril, los consejeros regionales de Abancay, Emerson Huashua Cahuana y Guido Huaman, interpusieron una denuncia en la fiscalía por la compra de 10 ambulancias por parte del Gobierno Regional de Apurímac en el marco del proyecto “Mejoramiento del sistema de referencias y contra referencias del ámbito de la Dirección Regional de Salud de Apurímac”. (Foto: Carlos Peña)

Las viviendas allanadas corresponden a las de 11 funcionarios y exfuncionarios que estuvieron relacionados a dicha licitación. También a las de los familiares de la autoridad regional, como es el caso de Cristina Lantarón Núñez y Manuel Alejos Lantarón, hermana y sobrino del gobernador. Ambos habrían sido los intermediarios con los proveedores y se sospecha que utilizaban influencias para colocar a trabajadores para beneficios particulares. 

Durante la diligencia se detuvo a Jhonny Omar Palomino Yarihuaman, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Adquisiciones del Gobierno Regional de Apurímac y era miembro integrante de la comisión que licit la compra de las ambulancias. 

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Como se recuerda, el pasado 23 de abril, los consejeros regionales de Abancay, Emerson Huashua Cahuana y Guido Huaman, interpusieron una denuncia en la fiscalía por la compra de 10 ambulancias por parte del Gobierno Regional de Apurímac en el marco del proyecto “Mejoramiento del sistema de referencias y contra referencias del ámbito de la Dirección Regional de Salud de Apurímac”.

En esa ocasión acusaron a la autoridad regional de tener conocimiento de una serie de hechos de corrupción en una compra sobrevalorada, que estas ambulancias no cumplían con los requerimientos técnicos indicados, e incluso que algunos funcionarios habían solicitado una presunta coima a cambio de la firma del acta de recepción de estos vehículos.

Ante esta denuncia, con fecha 23 de junio del 2020, Lantarón anuló dicha licitación por medio de la resolución ejecutiva regional N° 234-2020-GR.APURIMAC/GR, basándose en dos opiniones del área de Asesoría Legal y en el informe de un servicio de control concurrente de  la Contraloría en la que se advierten situaciones adversas en la cuestionada licitación. 

Esta mañana, mientras se realizaba el allanamiento de dichas viviendas, el consejero por Abancay, Emerson Huashua Cahuana, pedía garantías para su vida en la Prefectura Regional de Apurímac.Tengo que poner las garantías personales en contra del gobernador regional de Apurímac y su actuales y exfuncionarios, debido a que personas cercanas a la autoridad me han informado que tenga cuidado porque al parecer quieren tomar represalias por las denuncias que hemos realizado”, dijo Huashu.

En diálogo con El Comercio, el fiscal Arturo Ballón Segovia informó que esta investigación fue declarada compleja, que tiene un periodo de investigación preliminar de 120 días y que culminará este 23 de agosto. “No vamos a pedir una ampliación, se va a emitir un pronunciamiento. Creemos que tenemos los elementos de méritos suficientes para hacerlo, a pesar de ser un caso complejo hemos tomado 4 de los 8 meses que normalmente requerimos para tomar un caso de esta naturaleza”, indicó.

Frente a este escenario, Baltazar Lantarón, quien se ubicaba en la provincia de Andahuaylas, declaró a medios locales que siempre tuvo la voluntad de colaborar con las investigaciones. “Mis domicilios están abiertos para cualquier tipo de investigación porque mi trayectoria siempre fue transparente, no tengo nada que esconder ni nada que temer”, afirmó.

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