Las Bambas: Empresa MMG afirma que vía que usa es pública

Uno de los conflictos sociales más sensibles que la gestión actual heredó del gobierno de Ollanta Humala se concentra a 4 mil metros de altura, donde opera el proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac.

A inicios de agosto, varias comunidades campesinas aledañas al yacimiento bloquearon la vía de cinco metros de ancho que conecta la mina con la comunidad de Quehuira, y por donde circulan aproximadamente 250 camiones diarios cargando el mineral extraído.

Las comunidades tienen diferentes reclamos; uno de ellos es el que vienen exigiendo desde el año pasado. Según el Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas, se busca anular las modificaciones efectuadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013 por Glencore (anterior operador, ahora es la chino-australiana MMG), debido a que no habrían sido debidamente explicadas a la población de su zona de influencia.

Otro de los motivos de las protestas de las comunidades –y por el que se desató el enfrentamiento del viernes– está relacionado a una vía (trocha) que la mina utiliza para el tránsito de camiones con mineral. Los comuneros de Quehuira, Allahua, Choquecca, Antuyo y Pumamarca aseguran que cedieron el terreno de la vía para que, en la fase de construcción, se traslade maquinaria y operarios a la zona. Según refieren, para la etapa de producción, la empresa se había comprometido a construir un mineroducto para transportar los minerales extraídos sin camiones.

En agosto de este año las comunidades bloquearon la vía por 10 días debido a este reclamo. La empresa sostiene que la vía en referencia es pública, y asegura cuenta con todos los permisos de las autoridades competentes. Señala además que por ella circulan libremente todo tipo de vehículos, y no solo los de la compañía.

Respecto al mineroducto, la empresa afirma que su construcción está postergada debido a que su implementación estaba asociada a la existencia de un proyecto integrado de dos minas: Las Bambas y Antapaccay. Sin embargo, por razones de mercado, los proyectos fueron divididos.

Tras los últimos bloqueos de la vía, el 7 de setiembre el gobierno acordó instalar una mesa de diálogo el 6 de octubre. Además, se planteó que las reuniones se dieran bajo cuatro enfoques: medio ambiente y modificación del EIA, responsabilidad social empresarial, derechos humanos y derecho sostenible.