(Foto: Mininter)
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Zenaida Condori

El juzgado de investigación preparatoria de Cerro Colorado, a cargo del juez Edy Leva Cascamayta, dispuso la detención preliminar por 10 días a los 26 miembros de la presunta banda criminal que traficaba lotes en la ciudad de Arequipa.

El magistrado, que también autorizó la intervención y el allanamiento de las viviendas de los delincuentes, tendrá que evaluar el pedido de prisión preventiva. La fiscalía contra el crimen organizado tiene esos 10 días para juntar pruebas suficientes para argumentar el requerimiento.

-La captura-

Esta madrugada, la policía detuvo a 26 integrantes de una organización criminal conocida como Los malditos de Chumbivilcas, dedicados al tráfico de lotes.

En la megaoperación, dirigida por la policía y el Ministerio Público, se detuvo a dirigentes, funcionarios públicos, jueces y socios de la asociación Jardines del Chachani, que lucraban con un terreno de propiedad privada.

En la diligencia, que contó con el apoyo 620 policías y 30 fiscales, se allanaron 30 viviendas y se incautaron más de S/70 mil.

Los cabecillas de la banda fueron identificados como Willian Marcelo Merma y Pepe Merma Valencia. Ellos contaban con un grupo de cuatro miembros dedicados a identificar terrenos desocupados.

El brazo armado, integrado por 16 personas, organizaba la posesión informal. Además, tenían un soporte legal de tres abogados, los servicios de una jueza de paz y contactos de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

El ministro del Interior, Vicente Romero, explicó que en el 2010, esta banda invadió 172 mil m2 de terreno en el distrito de Cerro Colorado y fundaron la Asociación de Vivienda Jardines de Chachani. El predio fue dividido en lotes de 200 m2 y lo vendían de acuerdo a la ubicación. Cobraban desde S/3,000 hasta S/ 25,000. Muchas familias por necesidad de vivienda compraron lotes sin saber que ese terreno era propiedad privada.

El terreno le pertence a Nadezhda Yenny Vargas Ortega, quien sostiene una batalla legal con los invasores desde hace ocho años.

-Implican a ex funcionario municipal-

El negocio de esta banda no quedaba con la venta de lotes. Bajo el argumento de la formalización (títulos de propiedad, agua, Luz y otros servicios) pedían cuotas a sus asociados. Aquellos que no pagaban eran despojados y revendían el lote a un tercero.

Según la policía, la garantía para la obtención del título de propiedad era José Luis Cavero Astete, quién laboraba como jefe de Oficina Municipal de Diálogo, Sostenibilidad y Fortalecimiento de los Asentamientos Humanos de la comuna arequipeña hasta el pasado 8 de marzo.

Cavero Astete hasta hace poco participaba la campaña política al alcalde provincial de Arequipa, Afredo Zegarra, quién aspira a ser gobernador regional.

Con la promesa de la formalización de terrenos y un Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI) captaba adeptos para el movimiento regional Arequipa Renace.

El viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas Céspedes, explicó que Cavero iba a la Asociación Jardines de Chachani para impulsar la invasión. Les ofrecía a las familias tramitar la expropiación del terreno de su verdadera dueña y los títulos de propiedad.

Durante la intervención al cabecilla de la banda se encontró en su propiedad carteles de propaganda política del alcalde provincial. Si bien aclararon que no se incautó material político, la policía no descartó que las investigaciones determinen si los miembros de la organización también formaban parte del aparato político de la campaña de Zegarra.

“La investigación continuará caiga, quien caiga”, indicó el ministro Romero.

La fiscal Contra el Crimen Organizado, María Alejandra Cárdenas Ávila, indicó que en la intervención de José Luis Cavero, encontraron S/ 36 mil debajo de su colchón que no supo explicar de dónde provenía.

Durante su traslado, Cavero Astete, que también es candidato a la municipalidad provincial, dijo que teme por su vida.

-Participación de jueces de paz-

Sobre la presunta participación de dos jueces de Paz, el presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, Eloy Zamalloa Campero, pidió que si se encuentran responsabilidad, caiga todo el peso de la ley sobre ellos.

Se tratan del ex juez de La Tomila de Cayma, Beneraldo Paricahua Ramos, y la jueza de la margen derecha del Cono Norte, Gabriela Victoria Córdova Cuba.

En el primer caso, Zamalloa explicó que Paricahua Ramos dejó de pertenecer al Poder Judicial el 08 de agosto de 2008, luego de ser investigado por el órgano de control por graves irregularidades. Sin embargo ejercía el cargo de manera ilegal, puesto que firmaba como si estuviera en funciones y tramitaba constancias de posesión irregularmente.

En caso de la jueza Córdova Cuba, no tiene ninguna medida disciplinaria. Ella fue nombrada con una resolución en el 2011 hasta la actualidad. Consigna solo tres procesos ante la ODECMA por retardo en la administración de justicia.

“Al margen del proceso penal, nosotros contamos con el proceso administrativo. Primero la Fiscalía tendrá que probar su implicancia. Tenemos que saber formalmente de qué se le está acusando para iniciar un proceso”, indicó Zamalloa Campero.

El presidente de la Corte de Arequipa exhortó a los funcionarios municipales a ser más cuidadosos en la verificación de constancias de posesión que emiten los jueces de Paz, puesto que algunos validan invasiones de terrenos, bajo algún tipo de interés.

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