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El 23 de octubre fue detenido el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, junto a nueve funcionarios de este gobierno, acusados de pertenecer a la organización criminal “Los Hijos del Cóndor”.
Según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, esta organización estaría involucrada en delitos de colusión, peculado, cohecho y negociación incompatible. La orden de detención preliminar alcanza a siete funcionarios más que aún no han sido detenidos.
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La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó los informes de servicios de control realizados por la Contraloría de la República sobre el Gobierno Regional de Arequipa (GORE) y halló que entre 2019 y 2021, se emitieron 247 informes de control y 46 auditorías financieras, de cumplimiento y de oficio, que ya advertían sobre los actos de corrupción en la gestión de Cáceres.
Según los documentos, estos actos le habrían generado al GORE Arequipa perjuicios económicos por 8‘978.298,45 soles. Las principales situaciones adversas encontradas fueron ejecución de proyectos sin aprobación del ente rector, ejecución y recepción de obra sin cumplir especificaciones técnicas, ampliación de plazos de entrega sin sustento, contrataciones y adjudicaciones irregulares, conflictos de interés, entre otros.
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Casi la mitad de los informes de control (48%) se realizaron en el 2019, durante el primer año de la gestión de Cáceres. Luis Vargas Valdivia, exprocurador anticorrupción, sostiene que lo sucedido en Arequipa y en otras 17 regiones demuestran la urgencia de acciones de control.
Según explicó, las Oficinas de Control de gobiernos regionales y locales no cuentan con un presupuesto adecuado. Tampoco hay un estudio de infraestructura y del desarrollo que deben tener a nivel nacional. Estas falencias son aprovechadas por las autoridades regionales.
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Más implicados
Además de Cáceres, en los documentos también se menciona a Jennifer Neyra, esposa del gobernador regional, quien habría recibido y distribuido donaciones, pese a no tener facultades. A la fecha, no se conoce el destino del saldo de estas donaciones.
Los informes también involucran a Hugo Mendoza, asesor; Guillermo Hans, Gerente de Infraestructura; Edy Victor Cayo, Jefe de la Oficina de Logística; José Luis Zavala; Napoleón Ocsa Flores; Marcelo Córdova Monroy y otros diez funcionarios.
El máximo órgano de control ha determinado responsabilidad penal y administrativa para 15 de estos funcionarios del GORE.
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