(Foto: Archivo)
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El ex dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez fue acusado por la fiscalía de extorsión contra la empresa minera Southern, en agravio del Estado y asociación ilícita para delinquir. Por estos tres presuntos delitos, la titular especializada contra el Crimen Organizado, María Alejandra Cárdenas, está pidiendo 30 años de cárcel para Gutiérrez, quien encabezó las protestas contra el proyecto Tía María, en Arequipa, el 2015.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la fiscal formuló la acusación contra 16 personas. La denuncia se basa en los conocidos ‘pepeaudios’ y en las protestas que se realizaron en rechazo a la inversión minera. En el audio se revela una conversación entre el dirigente y el abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo. El primero pide un millón y medio de “lentejas” a la Southern a cambio de suspender las protestas.

-Más procesados-
Los otros sindicados de encabezar las manifestaciones fueron acusados por extorsión en agravio del Estado. Para el ex alcalde de Deán Valdivia Jaime de la Cruz; el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo Jesús Cornejo; el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz y el regidor del distrito de Cocachacra Justo Paredes Torres, están solicitando 20 años de cárcel.

Al abogado ambientalista se le acusa por extorsión contra la empresa minera. Para él piden 10 años de pena privativa de la libertad. El restante será procesado por asociación ilícita, que implica cuatro años de cárcel. Allí se encuentran el abogado Héctor Herrera y el dirigente del Valle de Tambo, Miguel Meza Igme, entre otros.

Se suspendieron del proceso a cinco personas. Allí está la presidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada – Mejía – Mollendo, Mary Luzmila Marroquín León.

-Plazos-

El Juzgado de Investigación Preparatoria debe aprobar la acusación lo más pronto, puesto que el próximo 14 de febrero culmina la prisión preventiva contra Pepe Julio. Esa fecha sería liberado tras cumplir 33 meses de encierro en penal de Socabaya. No obstante los trámites tienen plazos que cumplirse.

Una vez notificada la acusación a los imputados, estos tienen 10 días para que contesten o hagan observaciones. Hasta que el juez decida la fecha de la audiencia de control de acusación, el plazo podría vencer y el dirigente enfrentaría un proceso en libertad.

Ante ello, la fiscal que lleva el caso, solicitó la individualización de la acusación para que Pepe Julio sea procesado de manera separada y así se podría obtener una sentencia antes que culmine su detención preventiva.

Este pedido está siendo evaluado por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Jaime Coaguila Valdivia. En las próximas horas resolverá sobre el requerimiento del Ministerio Público.

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