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El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, tendrá que declarar la próxima semana ante el Ministerio Público respecto a su participación en la protestas contra el proyecto minero Tía María. La autoridad regional fue denunciada por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública y resistencia a la autoridad. La Fiscalía Penal Corporativa de Paucarpata dispuso que entre el 17 y 19 de septiembre se reciba su declaración.
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El pasado 15 de agosto, el abogado Marcial Carpio Talavera denunció al gobernador de Arequipa por presuntamente encabezar y dirigir ilegítimamente las protestas sociales en Arequipa y en el Valle de Tambo, fomentado la obstrucción de los caminos públicos. Sostuvo que su actitud era una clara desobediencia a la autoridad del Gobierno central. El Ministerio Público aceptó la denuncia y dispuso 60 días para realizar las diligencias de la investigación preliminar.
En tanto, las protestas en el Valle de Tambo continúan. Ya van 61 días de paro indefinido. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, indicó que de acuerdo a cómo evolucione la investigación se puede incrementar nuevos elementos y hechos al caso.
“Se le está citando al gobernador para que venga a la fiscalía. Si no se presenta puede fijarse otra fecha. Basta que esté válidamente notificado y (a la tercera vez) se puede disponer una conducción compulsiva”, dijo Tomy López.
Intentamos tener la versión del gobernador regional, pero gente allegada a él indicó a este medio que no responde las llamadas, ni los mensajes.
Entre el 17 y 19 de septiembre el fiscal a cargo de la investigación, Luis Guillermo Vera Oviedo, también tomará la declaración del denunciante, del procurador de Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior y de un representante de la empresa Southern Copper Perú.
El fiscal Vera Oviedo también solicitó el informe de la IX Región Policial sobre las intervenciones en manifestaciones o protestas violentas. Asimismo, requirió todas las denuncias realizadas en la fiscalía que involucren al gobernador.
La otra denuncia de abuso de autoridad, interpuesta por la empresa Southern Perú contra Cáceres Llica, todavía se está evaluando.
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