Gobierno Regional de Arequipa gana juicio a invasores tras 8 años de litigio

Luego de 8 años de proceso judicial, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) logró ganar el juicio a los invasores de las Asociaciones Casa Huerta La Nueva Molina y Casa Huerta Divino Niño Jesús, quienes ocupan más de un millón de m2 de terreno del Estado en el ingreso de la ciudad. 

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el recurso de casación que interpuso la asociación Divino Niño Jesús contra la sentencia dictada el 12 de junio del 2017 por la Corte de Justicia de Arequipa, que disponía el desalojo de los ocupantes. La resolución fue notificada ayer a la Procuraduría Pública Regional.

“Con esta disposición de la Suprema se agotaron las acciones legales, ya no hay más apelaciones. Ahora tenemos que hacer cumplir la sentencia de la Corte. Se tiene que hacer el trámite y el juez debe disponer el día y la hora del desalojo. Si no se retiran de manera pacífica tendremos que pedir apoyo a la Policía y al Ejército”, indicó la procuradora regional, Amparo Begazo.

-Ocupación-

La invasión de la Nueva Molina ocurrió en el año 2000. Los primeros dirigentes dividieron el terreno en lotes de 2.000 m2 y llegaron a vender más de mil predios. Los invasores tuvieron conflictos entre ellos y la asociación se dividió en dos, así nació Divino Niño Jesús. Ellos se apoderaron de los terrenos cercanos al peaje, en el distrito de Uchumayo.

Luego de la invasión, en abril del 2003, el GRA registró predio a favor en La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Pese a que les notificaron con cartas notariales a los invasores para su retiro, ellos no hicieron caso. Por el contrario los dirigentes seguían vendiendo lotes a precios que superaban los S/10.00. Para aparentar legitimidad tramitaron ante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) la titulación de los predios, sin embargo, su pedido fue rechazado.

No contentos con ello, tocaron las puertas del GRA y solicitaron la adjudicación de 230 hectáreas ante la Oficina de Ordenamiento Territorial del GRA, durante el gobierno del ex presidente regional Juan Manuel Guillén. Debido a sus relaciones y contactos, los dirigentes lograron conseguir resoluciones que los reconocían como posesionarios.

-Proceso judicial-

Tras cuestionamientos de los consejeros regionales por beneficiar a invasores, en el 2009 el GRA da marcha atrás y anulan las resoluciones. Además disponen el desalojo. Los invasores realizaron marchas contra el ex presidente regional y no se llegó a concretar la expulsión de los invasores. En el 2011, la Procuraduría Pública Regional inició el proceso judicial para desalojarlos.

El 24 de octubre del 2016, se emitió la sentencia N.° 083 - 2016 - 3JEC del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil donde se ordena el desalojo de los invasores. Los dirigentes apelaron. El 12 de junio de 2017, la primera sala Civil de la Corte Superior de Arequipa confirma la sentencia a favor del GRA, sin embargo los dirigentes entablaron un recurso de casación para anularla.

-Disposición final-

La Corte Suprema de Justicia de la República (CAS. N°17568-2017) se pronunció sobre este pedido y lo declaró improcedente, por lo que el desalojo procede. “Nos ha costado mucho llevar el proceso. Los señores de las asociaciones sabían bien que esos terrenos le pertenecían al Estado y tarde o temprano íbamos a ganar el juicio. Ellos tiene que salir”, agregó la procuradora.

El presidente de la asociación La Nueva Molina, Tito Montoya, al inicio se mostró despreocupado por la resolución judicial. Dijo que ellos mantienen una mesa técnica con el GRA donde están tramitando la compra–venta de los predios. Pese a que se les fue denegado en varias oportunidades, dice que cuentan con el respaldo de los funcionarios de la región.

“Nosotros somos conscientes de que hemos invadido los terrenos del Estado, pero con los años hemos adquirido la condición de posesionarios. Por eso estamos pidiendo que el GRA nos los venda. Estos terrenos son eriazos y vamos a pagar un precio justo. Yo no creo que proceda el desalojo porque ya estamos al 90% del trámite de compra”, contó Montoya.

-Posesionarios-

Unas 900 familias han adquirido sus lotes en estas asociaciones, los pagos los hicieron a los dirigentes. Cada uno de ellos han invertido un promedio de S/50 mil en sus construcciones. Han levantado muros y habitaciones de material noble, sin embargo, los supuestos propietarios no viven en la asociación porque no hay servicio de agua potable ni energía eléctrica.

El jefe de la oficina de Prevención de Conflictos Sociales del GRA, César Huamantuma, confirmó que los dirigentes presentaron una solicitud para adquirir los predios, pero aclaró que ese trámite no impide que se acate la disposición del Poder Judicial. Son dos cuestiones diferentes.

El funcionario explicó que la asociación solo presentó la solicitud, pero para declararlo de interés regional y venderles los terrenos la asociación tiene que presentar un proyecto con habilitación urbana, disponibilidad de servicios, entre otros requisitos y, hasta el momento, no han presentado nada de eso.

“Es la Procuraduría quien tiene que determinar las acciones de acuerdo a lo que dispuso el juez. Nosotros no queremos intervenir para que no se generen especulaciones de que amparamos a los invasores. No por el hecho que hayan iniciado su trámite se va a detener el desalojo”, acotó Huamantuma.

Por su parte, el dirigente de la asociación advirtió que si pese a los trámites que iniciaron en el GRA insisten con el desalojo se generará un conflicto social. “No nos vamos a mover. Aquí nos vamos a quedar así vengan con muchos policías”, advirtió.

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