"La articulación es clave para el seguimiento de conflictos"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró el 7 de agosto de 2016 que el mayor reto del Perú es "evitar la conflictividad social". Su gobierno heredó en julio de 2016, 208 casos de acuerdo al registro de la Defensoría del Pueblo, y solo 43 casos según la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Desde hace algunos años, el número de conflictos reportados por ambas instituciones difiere debido a las distintas metodologías que utilizan.

Actualmente la Defensoría reporta 214 conflictos y la ONDS registra 52.

En octubre de 2016, una vez que asumió la jefatura de la ONDS, Rolando Luque (por 18 años adjunto de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo) anunció que iniciaría una nueva etapa entre estas dos instituciones. El nuevo enfoque sería de integración entre ambas y sin disputas. Esto, dijo, se concretaría con un acuerdo para que las instituciones unan criterios en torno a los conflictos sociales.

“Haremos un balance de los acuerdos suscritos, priorizar a los que se puedan cumplir y los otros sincerarlos y pasar a conversaciones para replantearlos”, dijo Luque en ese momento.

En entrevista con El Comercio, Giselle Huamaní, actual coordinadora de la Oficina de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo comenta los avances de este trabajo en equipo anunciado cuatro meses atrás. Asegura que al momento existe una coordinación estrecha en el campo con el equipo de la ONDS, que busca optimizar el tratamiento de los conflictos.

“Sobre la coordinación específica con la ONDS, efectivamente se ha visto de que la articulación es clave para darle buen seguimiento a los conflictos. Esto es algo que se ha venido haciendo, y que precisamente, con la participación del señor Rolando Luque que tiene mucho conocimiento sobre los casos de conflicto, se ha ido estrechando más ese compartir de información para poder darle seguimiento a todos los casos de conflicto”, sostuvo.

La funcionaria prefiere no calificar como un "obstáculo" la diferencia de metodologías entre las instituciones para clasificar los conflictos sociales, debido a que, explicó, cada conflicto es destinado de acuerdo a su relevancia, tipo y complejidad a hacia los distintos niveles de gobierno: locales, regionales o nacionales.

"Lo que vemos en la base de datos de la ONDS es un tipo de conflicto y los que ve la Defensoría del Pueblo son una amplitud de casos que inclusive van desde lo local, pero que corresponden a tipos de conflictos comunales, de límites territoriales, hídricos, de seguridad de cualquiera de los servicios públicos que no están siendo cumplidos por instituciones públicas y, que incluso, generan un impacto en la vulneración de derechos de la población”, dijo.

De otro lado, adelantó que la institución trabaja en una plataforma del Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), para el manejo de información que será público. Añadió, que en este sistema los ciudadanos accederán a información de los conflictos sociales por región y obtendrán detalles sobre las actas, acuerdos y compromisos asumidos por las partes. Hoy esa información se maneja en reserva.

Sin embargo, reconoció que hay una serie de compromisos que no están registrados en actas y, hay casos en que incluso los acuerdos no han dejado constancia escrita. El trabajo, sostiene Giselle Huamaní, es recopilar la mayor información de los acuerdos tomados en los conflictos actuales y latentes.

“En cinco meses ya debemos tener esa información sistematizado. Estamos contando con la colaboración de la GIZ (Órgano de Cooperación Alemana) en esta plataforma y también tenemos el aporte de muchos voluntarios además de los comisionados para trabajar en esta sistematización de la información", concluyó".

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Salud mental: 55% de peruanos con trastornos está desatendido (por @LulitaFC) https://t.co/ikPgNIbXKW pic.twitter.com/ajY5KKyZPO— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 21 de febrero de 2017