Aspirantes al Congreso por Madre de Dios y Puno están vinculados con la minería informal

Cuatro postulantes al Congreso por las regiones de Madre de Dios y Puno están vinculados con la minería ilegal e informal de oro. Además, tres de ellos tienen concesiones mineras, pero no las incluyeron en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde están obligados por ley a brindar el detalle de sus bienes y rentas.

El Comercio revisó todas las hojas de vida de los postulantes al Congreso de ambas regiones, precisamente por tratarse de las más impactadas por la contaminación y deforestación de la extracción ilegal de oro. Cruzamos los datos con la Sunat, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Sistema de Información Geológica y Catastral Minero (Geocatmin) para determinar sus nexos con la minería, sentencias u otras investigaciones en su contra.

Uno de los casos más polémicos es el del abogado Juan Imura Cjuno, candidato con el número 1 de Avanza País en Madre de Dios. Imura quedó segundo en la última elección a gobernador regional, cargo al que ya había postulado sin éxito en el 2014. Años antes, en el 2011, un reporte de este Diario expuso que los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas habían identificado a la empresa Kori Wasi, de la que Imura fue gerente general entre 1997 y el 2002, como una de las que compraban oro ilegal de La Pampa.

Su paso por Kori Wasi fue registrado en su hoja de vida del 2014 ante el JNE, pero fue omitido en las que presentó este y el año pasado. Lo que sí consigna es la sentencia de dos años de prisión suspendida por usurpación agravada en el 2008 y los 12 inmuebles a su nombre valorizados en S/1’530.000.

Según el Geocatmin, Imura tiene dos concesiones mineras a su nombre en Madre de Dios. Si bien ambas aparecen como extintas, el aspirante al Congreso sí figura en el Reinfo como uno de los mineros de Madre de Dios en vías de formalización. Ninguno de esos datos se reportó al JNE.

En setiembre del 2018, el portal Ojo Público denunció que Imura tenía una investigación preliminar por lavado de dinero en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Tambopata.

El Comercio llamó al postulante por teléfono para conocer su versión, pero tras identificarnos y hacerle las consultas colgó y no volvió a responder.

Erasmo Sumalave es un dirigente minero que postula con el número 2 de Perú Patria Segura. Según el Geocatmin, tiene cuatro concesiones vigentes de oro, tres en Arequipa y una en Cusco. Ninguna está registrada en su hoja de vida en el JNE.

Fuentes de El Comercio refieren que el candidato es vinculado en su región con la minería ilegal, aunque él ha deslindado públicamente de la actividad en La Pampa, culpable de la destrucción de 11 mil hectáreas de bosque.

En el 2016, Sumalave fue sentenciado a dos años de prisión suspendida por el delito de falsificación. Según declaró a El Comercio, él nunca ha respaldado a la minería ilegal y reconoció las concesiones que no reportó ante el ente electoral. El postulante asegura que de llegar al Congreso afianzará el proceso de formalización. El dato curioso es que no aparece en la lista oficial del Reinfo.

En Puno, el aspirante con el 3 de Solidaridad Nacional, Efrin Marcos Quispe Huaynacho, tiene una denuncia por el delito de contaminación ambiental por presuntamente realizar minería ilegal en el distrito de Ananea. En noviembre de este año, lideró a un grupo en una aparente lucha de intereses por el oro de La Rinconada.

También en Puno, Hugo Fernando Llacsa Bustinza, quien postula con el 3 por el Partido Popular Cristiano (PPC), registra una concesión de oro vigente en San Antonio de Putina. Sin embargo, él está inscrito en el Reinfo con una concesión de distinto nombre que tampoco declaró ante el JNE.

Desde la semana pasada, El Comercio intentó contactar a Quispe y Llacsa, aunque no se tuvo éxito.

—Más cuestionados —

Estos son los postulantes en Madre de Dios que registran sentencias por juicio de alimentos: Nixon Rolin García (Fuerza Popular), Luis Vargas (Somos Perú), Rolando Solórzano (Vamos Perú), Juan Torres (Podemos Perú); y en Puno: Héctor Coaquira (FA) y Juan José Vega (Vamos Perú).

En Puno, Yván Arones (Somos Perú) fue sentenciado por lesiones; Walter Monroy (Frente Amplio) por competencia desleal y José Walter Centeno Suaña, de Unión por el Perú, tiene una sentencia de cinco años por el delito de rebelión. En tanto, Javier Núñez (Podemos Perú) fue sentenciado por el delito de peculado.

—Regiones con un mal precedente de representación—

En los dos últimos períodos parlamentarios, los congresistas que representaron a la región Madre de Dios fueron personas vinculadas directamente con la minería ilegal de oro. Amado Romero ingresó al Congreso con el Partido Nacionalista y fue casi automáticamente bautizado con el apelativo de ‘comeoro’.

En diciembre del 2011, solo cinco meses después de su juramentación como legislador, fue suspendido luego de que un grupo de mineros ilegales revelara que les pagaron por dejarlos trabajar en sus concesiones.

El año pasado, Romero postuló al Gobierno Regional de Madre de Dios y aseguró que las denuncias en su contra se trataron de un “linchamiento político”.

El último congresista por Madre de Dios fue Modesto Figueroa Minaya, quien postuló por el partido Fuerza Popular. Al momento de su elección, era investigado por la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos por delitos que iban desde el presunto financiamiento de la minería ilegal al comercio clandestino de oro.

Por Puno, los excongresistas Tomás Cenzano (Apra) y Francisco Ccama (Fuerza 2011) fueron vinculados también con la minería informal de oro. En el caso de Cenzano, su familia era propietaria de una mina en La Rinconada, zona conocida por ser un enclave de extracción aurífera informal en la región.

Por su parte, Ccama era acusado por la fiscalía de contaminar el río Ramis por minería informal en Ananea.

El exviceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro Sánchez-Moreno consideró alarmante que personas vinculadas con la minería ilegal e informal integren las listas al Congreso.

“Esto nos da una idea del nivel de influencia de las actividades ilícitas en la política. Estos casos deben mostrarle a la ciudadanía que deben votar para evitar que haya congresistas que usen indebidamente el poder”, sostuvo Castro.