Ayacucho: familia denuncia inacción de autoridades en caso de violación a adolescente con síndrome de Down

El 29 de mayo, la familia Rondan vivió uno de los momentos más desgarradores cuando una de sus hijas, una adolescente de 13 años con síndrome de Down, desapareció a pocas cuadras de su vivienda ubicada en la provincia de Huamanga, en Ayacucho. La madre de la joven cuenta que su hija estuvo como no habida unas 14 horas, desde las 2:00 p.m. del sábado hasta poco antes de las 5:00 a.m. del domingo.

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“Mi niña sabe la ruta para volver a casa, ella siempre sale a comprar y a veces camina por el parque cercano. En ese momento no me expliqué cómo pudo desaparecer. Ese día la buscamos —como se dice— hasta por debajo de las piedras sin éxito alguno. Fue una vecina la que nos avisó que la había encontrado a poca distancia de mi vivienda”, detalla la madre.

Una vez a salvo, la menor contó que fue llevada a la fuerza a una casa cercana en el barrio de Cumaná. De acuerdo con su versión, un sujeto desconocido la interceptó y a empujones la hizo entrar hasta una habitación en donde abusó sexualmente de ella. “Hay cámaras de seguridad que corroboran lo que dice mi niña. Ahí se ve que alguien sale y la empuja para hacerla entrar a la casa. Ese es un lugar donde alquilan habitaciones y viven varias personas”, explican los familiares.

La madre señala que fueron las constantes quejas de la adolescente y el dolor que sentía en sus partes íntimas, las señales que la alertaron sobre la vejación. “En la comisaría me dijeron que como ya habíamos encontrado a mi pequeña, solo iban a hacer un acta de entrega, pero yo había revisado su ropa y sabía que había sido violentada. Después de eso, insistimos para ir con la patrulla al lugar en donde la habían encontrado y nos dijeron que no había movilidad, luego que no había combustible. Incluso, desde la fiscalía dijeron que regresemos el día lunes a las 8:00 a.m. porque era domingo”, dice.

Denuncian inacción de las autoridades

La familia Rondan sostiene que los retrasos en los procesos administrativos y las diligencias, como los exámenes toxicológicos y de médico legista, fueron los que permitieron que Wilder Lenin Mendoza Chávez (36), señalado como el agresor de la adolescente, huyera desde Huamanga presuntamente hasta Huancayo.

“Todo el domingo, casi hasta las 11 de la noche, estuvimos con nuestras amistades recolectando pruebas como las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios. Prácticamente les hemos entregado [a las autoridades] todo ordenado para que ellos hagan su trabajo”, dice la madre.

Por otra parte, los agraviados expresan que han recibido cierto trato hostil y hasta discriminatorio por parte de las autoridades del Ministerio Público, quienes “no contaban con especialistas o personal capacitado” para atender las necesidades de la adolescente vulnerada.

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Los Rondan sostienen que su hija tiene problemas de habla y por los nervios y el impacto de lo ocurrido solo pronunciaba la última sílaba de las palabras. “El psicólogo me dijo que si a ella no se le llegaba a comprender nada en la cámara Gesell, mi caso se iba a quedar ahí nomás, que se perdería porque eso [el testimonio] es lo más importante”, explica la madre.

Al ser consultados sobre el estado del caso y las quejas de los familiares, el Ministerio Público solo informó a El Comercio que se ha declarado fundada “por la instancia judicial la detención preliminar del imputado, Wilder Mendoza Chávez (36), y se han dictado medidas de protección a favor de la agraviada”

“Asimismo, se han realizado una serie de acciones preliminares, como la constatación y el recorrido del presunto lugar de los hechos, se ha recabado la declaración de familiares de la menor y personas allegadas al investigado, se han realizado exámenes médico legal, toxicológico y psicológico a la menor y se le ha tomado su declaración testimonial en cámara Gesell”, detallan.

En tanto, el jefe de la oficina defensorial en Ayacucho, David Pacheco-Villar, informó a este Diario que se vienen realizando labores de supervisión a las autoridades del Ministerio Público encargadas de llevar el caso de abuso sexual, a fin de garantizar el debido proceso. Además, detalló que ante la falta de especialistas para atender a personas con discapacidad, la Defensoría del Pueblo junto a diversas asociaciones gestionó la participación de psicólogos que puedan asistir a la menor con síndrome de Down durante las diligencias.

Por otra parte, Pacheco-Villar enfatizó que se verificó y garantizó que la menor acceda al kit de emergencia en un hospital local y que reciba acompañamiento psicológico por parte del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“La Defensoría del Pueblo en Ayacucho prioriza en su línea de trabajo la atención de los casos de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres. El año pasado capacitamos a un promedio de 500 trabajadores de salud de todas las redes de la región con la finalidad de recordarles, a estos profesionales, sus obligaciones y deberes ante estos casos. Además, hemos complementado este trabajo con capacitaciones a agentes de la Policía Nacional con la finalidad de minimizar los índices de desatención en casos de violencia sexual”, acota el jefe de la oficina defensorial.

Respaldo y acompañamiento

A inicios de este mes, la Sociedad Peruana de Síndrome Down envió una carta dirigida a Teofanes Sánchez Gutiérrez, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, solicitando que se respalde el caso de la menor y que se proceda a agilizar la búsqueda y captura del agresor.

En la misiva reiteran que “el acceso a la justicia para las personas con discapacidad y sus familias debe darse en igualdad de condiciones”, de acuerdo a la Ley General de las Personas con Discapacidad (Ley 29973), en la cual se garantiza la protección de este grupo y de sus familias, y enfatizan que se les debe “brindar el mismo crédito a las denuncias y las declaraciones de las personas con discapacidad” tal y como se le daría a cualquier otro ciudadano.

En otra parte se solicita que la fiscalía adopte protocolos internos para abordar de manera óptima los casos de violencia y abuso hacia los menores con discapacidad.

En esa línea, desde la Asociación Familia 21, establecida en Ayacucho, reiteran que en la ciudad se han reportado innumerables casos de violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres con síndrome de Down, pero que no son denunciados por vergüenza o miedo a los agresores. “Generalmente cuando ocurren este tipo de abusos, el caso nunca llega a las autoridades. Desde diversos grupos de acompañamiento y orientación les decimos a los padres que no duden en denunciar y que se mantengan firmes durante su búsqueda de justicia. Lamentablemente no tenemos cifras actualizadas o un balance, pero es algo que ocurre mucho y no debe pasar desapercibido”, enfatiza Gabriela Ccahuana García, presidenta de Familia 21.

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