Cada mes al menos tres menores fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual de parte de sus docentes en Condorcanqui

W.K tenía solo 11 años cuando su profesor la arrastró hasta su cuarto, le tapó la boca y la violó. Inició en 2011 dentro de la comunidad nativa de Tutino, ubicada en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas. No solo la violaba, sino también la golpeaba. Si la menor denunciaba los hechos, él juró que la mataría. Las agresiones continuaron hasta el año 2015, cuando ella quedó embarazada producto de las constantes violaciones. El victimario la obligó a abortar y a los siete meses tuvo una pérdida.

Ella es una de las 524 estudiantes entre niñas, niños y adolescentes de la provincia de Condorcanqui que entre el año 2010 y 2024 fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual a manos de sus docentes y personal administrativo. Ello se traduce en que cada mes, en los últimos 15 años, hay una media aproximada de tres víctimas menores de edad. Del total de los denunciados, 5 son nombrados y 519 contratados. Las lamentables cifras salen a la luz luego de diversas denuncias públicas realizadas por Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis.

A la fecha, solo 49 de los casos se encuentran en investigación, 9 archivados y 195 han prescrito. Además, se ha destituido a 111 docentes, 71 fueron absueltos y 4 cesados temporalmente. Cabe resaltar que todos los expedientes son tipificados por la UGEL de Condorcanqui como casos de hostigamiento sexual; sin embargo, la directora de Servicios Educativos del Ámbito Rural del Ministerio de Educación, Ana López, declaró a El Comercio que en la cifra total existen diversos tipos de presunta violencia sexual que están en investigación para ser determinados.

El pasado 10 de junio, el actual ministro de Educación, Morgan Quero, declaró que las denuncias de violación en la comunidad Awajún podrían tratarse de una práctica cultural. “Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que correspondan. Si estas niñas han sido violadas no nos va a temblar la mano”, declaró.

A pesar de que el ministro Quero intentó mejorar la situación, al poco tiempo la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, realizó un comentario similar. “Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido. Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir”, precisó.

Finalmente, tras las decenas de críticas, el Ministerio de Educación señaló que las declaraciones del titular se tergiversaron. Además, informó que el 28 de mayo se envió una primera comisión a Condorcanqui, la misma que emitió un informe preliminar recomendando las acciones a seguir. Un segundo equipo técnico llegó a la zona para trabajar por 30 días de la mano con el Gobierno Regional de Amazonas y la UGEL de Condorcanqui. Para el 11 de julio, el grupo deberá presentar un reporte final.

Rosemary Pioc actualmente enfrenta amenazas y hasta casi fue víctima de agresión física durante una protesta que organizó en Condorcanqui para exigir justicia a favor de los menores afectados. En una entrevista declaró a El Comercio que su posición es firme frente a los casos de violencia sexual que se han registrado en la comunidad Awajún por parte de docentes escolares. Resaltó que mineros ilegales, integrantes de bandas criminales y hasta autoridades también serían parte de una red dedicada al abuso y explotación de menores con fines sexuales.

“Tenemos niñas desaparecidas. Hay trata, sino que estamos callados. Muchos tienen miedo de denunciar. Yo no, por eso me pronuncio. Es demasiado, incluso hay prostitución. Hay Apus que informan que mineros ilegales violan a sus mujeres, a sus hijos y eso es público. ¿El Estado que hace? Está ausente”, dijo la docente solicitando que los actuales fiscales y administradores de justicia de Condorcanqui sean removidos de su cargo por unos nuevos para realizar investigaciones correctas.

De acuerdo a un informe realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 2015, donde supervisan la situación de los internados o residencias de los estudiantes del pueblo indígena Awajún, ubicadas en la cuenca del río Comainas, en el distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, detectó diversos problemas que a la fecha siguen sin solucionarse.

El hacinamiento, la existencia de camas y camarotes con colchones, falta de lugares para que los estudiantes guarden sus cosas, pocas raciones de alimentos e inexistencia de un lugar adecuado para que los alumnos accedan a servicios higiénicos. Producto de dichas carencias, ese año directivos señalaron que los estudiantes se ven obligados a “prostituirse” para poder solventar gastos básicos como la alimentación.

Cabe resaltar que según el reporte de Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Amazonas se encuentra en el segundo grupo de departamentos con tasas de pobreza extrema, representan el 25.8%. Asimismo, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, es el más pobre de Amazonas.

La Defensoría del Pueblo señaló que esas prácticas incrementan el riesgo de que los y las estudiantes contraigan VIH y que se expanda la epidemia hacia sus comunidades de origen. “Hay que tomar en cuenta que el distrito de El Cenepa y, en particular, las comunidades donde se encuentran los internados, reportan la mayoría de casos registrados en la provincia de personas tamizadas con VIH, y justamente son los adolescentes y jóvenes quienes se encuentran más vulnerables al contagio”, se lee en el documento.

En la actualidad, la misma institución ha solicitado que se elabore un informe dando cuenta de los resultados de las acciones tomadas por las comisiones enviadas para garantizar la atención integral de las niñas y adolescentes indígenas afectadas.

Según un informe realizado por el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, al año 2023, el estado de las residencias no ha mejorado. Esto también se puede confirmar con fotos y videos tomados por la misma Rosemary Pioc, donde se puede observar el nivel de precariedad al cual se enfrentan día a día los estudiantes.

“Los Apus vienen a discutir el por qué he denunciado. Debí pedir permiso para eso. ¿En qué cabeza quedan esas expresiones? Yo rechazo este tipo de cosas. En lugar que digan que se suman y brinden la razón sobre los abusos”, dijo Rosemary Pioc.

La provincia de Condorcanqui enfrenta una crisis de VIH, puesto que la actual vocera de la comunidad Awajún también ha denunciado que muchas de las menores víctimas de violación sexual habrían contraído el virus. Según el portal del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), 415 personas entre hombres y mujeres fueron detectadas con VIH en Amazonas durante el 2023. Menores de 10 a 18 años cuentan con mayor incidencia, al igual que los adultos entre los 19 y 29 años.

El último 26 de junio el Minsa informó que actualmente en Condorcanqui se cuenta 8 centros de atención integral de VIH donde se entrega tratamiento antirretroviral simplificado. “Se ha implementado el laboratorio con dos equipos portátiles para medir CD4 y monitoreo de carga viral, se cuenta además con 4 técnicos en enfermería indígenas en las cabeceras de las microrredes de Huampaní, Galilea, Nieva y Kinkis, además, una brigada de salud con personal indígena se encarga de las acciones de prevención y tamizaje de VIH en las comunidades”, declaró el director de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud (Dgiesp), Cristian Díaz Vélez.

Las acciones sobre la salud y justicia para los menores parecen estar en marcha; sin embargo, no se sabe con exactitud cómo y cuándo se mejorará la infraestructura de las residencias y centros educativos donde se desarrollan. En comunicación con El Comercio, la directora de Servicios Educativos del Ámbito Rural del Minedu, Ana López, declaró que el ministro de Educación ha dispuesto que se destinen 10 domos o estructuras temporales con mobiliario y 50 biodigestores para Condorcanqui.

No obstante, cuando se le consultó si la disposición del Ministro estaba respaldada por algún decreto o documentación que permita la ejecución inmediata declaró que no había nada. “No, todavía no hay ningún decreto, pero nos han informado eso hasta el momento”, dijo.

Rosemary Pioc solicita de manera urgente que el Estado tome acciones inmediatas y esté presente en Condorcanqui. “Que implementen los sectores que están totalmente abandonados”, precisó. En esa misma línea, el secretario técnico adjunto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Kefren Graña declaró a El Comercio que a pesar de los esfuerzos para que docentes denunciados por casos de abuso sexual no laboren, no han tenido éxito porque en ocasiones continúan dictando clases.