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La titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Ambientales de Piura, Rocío Urraca Delgado, ordenó seis meses de prisión preventiva contra Demetrio Carlos Baca Pereda, acusado de realizar minería ilegal en Cajabamba, región Cajamarca. La audiencia se realizó hoy al mediodía en la ciudad de Piura.
La jueza basó su decisión en los graves elementos de convicción que halló en la investigación que realiza el Ministerio Público, pues Baca Pereda no cuenta con autorización para extraer oro en Cajabamba. Su declaración de compromiso fue cancelada después de que dos jóvenes, uno de 22 años y otra de 17, fallecieran en uno de los socavones de la familia Baca Pereda en la zona de la Chilca, distrito de Cachachi, en Cajabamba.
Asimismo, consideró que la minera Shahuindo SAC, propietaria de la concesión donde trabajaba Baca Pereda, no les ha dado autorización para el uso del terreno superficial ni ha firmado ningún contrato de explotación con el minero. Añadió que hay concurso de delitos, pues se suma el hurto de material aurífero en agravio del Estado Peruano, dueño del subsuelo.
También dijo que la pena a imponer sería mayor a los 4 años, y que existe peligro de fuga y obstaculización a la justicia. La jueza acotó que hace poco Baca Pereda se cambió de domicilio, y eso representa un peligro. Ahora el presunto minero ilegal pasará seis meses de prisión en el penal de Cajamarca.
DEFENSA
Cabe destacar que también es investigado por la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Cajamarca, en otros dos expedientes, por el delito de minería ilegal. Los expedientes son 2032-2014 y 2784-2014. El abogado defensor de Baca, Octavio Olivo García, cuestionó que el Ministerio Público no haya pedido la prisión preventiva antes, por los procesos que se le sigue desde el año pasado.
Olivo apeló la decisión de la jueza Urraca. Añadió que su patrocinado es un minero artesanal en proceso de formalización. “Se ha estancado en el segundo paso: el contrato de explotación con la empresa dueña de la concesión (Shahuindo SAC). Además, siempre ha estado acudiendo a las diligencias del Ministerio Público. Por eso no hay peligro de fuga”, cuestionó.
Por su parte, el fiscal Roger Hurtado Sánchez, argumentó que sí hubo obstaculización de la justicia, pues se ha hostigado a policías y fiscales que incautaron vehículos con material aurífero procedente de las minas de Baca. Asimismo, dijo que existiría contaminación ambiental por los relaves que llegan hasta una quebrada que está con exceso de metales pesados.
DATOS
En la mina La Chilca, de 30 hectáreas, trabajan 28 personas. De estas a cinco, incluido Baca Pereda, se les canceló su declaración de compromiso luego de la muerte de dos jóvenes en un socavón.
La concesión La Chilca pertenece a la empresa Shahuindo SAC, que en realidad posee 8 mil hectáreas concesionadas.
El abogado defensor de Baca dijo que su patrocinado ya no está trabajando en la mina, desde que se le canceló su declaración de compromiso. Anotó que la cancelación ha sido apelada ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca.
