Comuneros piden S/.1,5 mlls. para liberar a empleado de mina

PIER BARAKAT CHÁVEZ / ERNESTO SUÁREZ

Los nativos de Supayacu, comunidad awajun ubicada en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), exigen S/.1,5 millones para dejar en libertad al trabajador de la minera Águila Dorada Jaime Estanislao Núñez Fernández, de 52 años, a quien tienen secuestrado desde el último lunes.

El Comercio llamó ayer al centro comunitario de Supayacu y entabló diálogo telefónico con un representante de la población que no quiso identificarse. Él informó que todo el pueblo se reunió el último martes con una comitiva de autoridades de San Ignacio y que se acordó exigir S/.1,5 millones a manera de indemnización por los supuestos daños medioambientales que habría causado la mina en su zona.

“Si nos pagan ese dinero, dejaremos libre al señor Jaime Núñez”, dijo el poblador.

En esa reunión participaron el fiscal Miguel Quijano Sena, titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Ignacio; agentes de la policía, y representantes de la agencia agraria local, la Municipalidad de San Ignacio y la Iglesia.

Rogelio Jempekit Chiwam, líder de la comunidad nativa de Los Naranjos (población vecina a Supayacu que está a favor de la minera), consideró que el pedido no tiene sustento.

“Están actuando como delincuentes, pidiendo un rescate por el señor Jaime. Esa no es una costumbre indígena”, dijo.

Añadió que el martes los comuneros de Supayacu destruyeron la oroya que se utiliza para cruzar el río que separa a Supayacu de Los Naranjos.

“No quieren que vaya nadie, están aislados y no sabemos cómo está el señor Jaime, que es una buena persona”, precisó.

MÁS EXIGENCIAS

El alcalde provincial de San Ignacio, Carlos Martínez Solano, quien es acusado en Los Naranjos de fomentar los actos de rechazo contra la minera, indicó en un comunicado que el funcionario secuestrado “recibe un buen trato y alimentos, y goza de una salud estable”.

El burgomaestre añadió que Supayacu también exige el retiro de la maquinaria y del personal de la mina instalados en la cabecera de la cuenca del río Chirinos, porque las aguas estarían siendo afectadas. “Exigimos la presencia de una comisión de alto nivel del gobierno para buscar una solución pacífica a esto”, anota el comunicado.

El gerente general de Águila Dorada, Gabriel Larrieu, calificó de absurdos estos pedidos. “No estamos contaminando nada. Las autoridades deben asumir su rol para rescatar a nuestro trabajador”, precisó. Añadió que el alcalde de San Ignacio se beneficia políticamente con un discurso antiminero.

El alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez Solano, dijo estas palabras ante el pueblo de Supayacu el 27 de enero pasado: “Los mecanismos que utilizan las mineras en San Ignacio son los mismos que se usan en todo el Perú y el mundo. […] Ustedes tienen que ser muy conscientes […]. En Lima estamos presentando acciones legales para paralizar la exploración [de la minera Águila Dorada]. Nunca se llegará a la explotación, de eso tenemos que estar plenamente seguros. Tenemos que darle lucha [a la mina] en todo sentido”.

En otro momento añadió: “San Ignacio ha logrado su desarrollo en base a la producción y exportación del café, y no a la exportación de oro. Nosotros no somos mineros. Aquí gobierna el pueblo. Que viva Supayacu”.

La esposa del trabajador, Marina Torres, dijo: “Los secuestradores querrán dinero, pero nosotros no lo tenemos. Si algo le pasara a mi esposo, responsabilizaré a las autoridades de San Ignacio”.

“Ojalá ya puedas salir sano; papito, te amo”, escribió en Facebook la hija del empleado secuestrado Tatiana Núñez.