Funcionarios del Callao denunciados por presunta corrupción

Altos funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao habrían ocasionado un perjuicio económico por más de 69 millones de soles contra la comuna durante el período 2007 - 2014; es decir, incluye la gestión del actual alcalde Juan Sotomayor, quien además ha sido reelegido. También, la del ahora presidente regional del Callao, Félix Moreno, quien se desempeñó como burgomaestre entre el 2007 y 2010.

Por ello, la Contraloría General de la República presentó una denuncia penal por el presunto delito de colusión desleal contra esos funcionarios. Ellos habrían favorecido al Consorcio Tránsito Ciudadano -integrado por las empresas Perkons S.A. y Sutec S.A.- con una concesión por diez años, a partir del año 2007, para ofrecer en el primer puerto el servicio de administración, gestión y control de tránsito y de las infracciones.

Antes de otorgar la concesión, la comuna provincial había resuelto unilateral e irregularmente -según un laudo arbitral- el contrato que estaba vigente con la empresa Traffic Engineering & Control - TECC SA. Esta brindó el citado servicio por una concesión obtenida en el 2000 por 10 años.

ANTECEDENTES
Según da cuenta la Contraloría, en el 2005, un alto funcionario municipal viajó a Brasil con otra persona. Esta finalmente se convirtió en el representante del Consorcio Tránsito Ciudadano. Un año después, el mismo funcionario edil volvió a viajar al vecino país, pero esta vez acompañado de una autoridad electa de la comuna.

Iniciada la gestión municipal el 3 de enero del 2007, el mismo funcionario que viajó a Brasil emitió un memorando informando que el concesionario TECC S.A. estaba incumpliendo injustificadamente los plazos de inversiones establecidos en el contrato. Ese fue el argumento para resolver el mismo sin cumplir los procedimientos establecidos, tal como fue corroborado vía arbitral. Por ello, la Municipalidad del Callao tuvo que pagar más de 50 millones de soles por el concepto de daños y perjuicios.

Una vez resuelto el contrato, la municipalidad argumentó un “desabastecimiento inminente” para contratar el mismo servicio por dos meses a través de una exoneración del proceso de selección a la empresa Perkons Andina S.A.C, que tenía tan solo un mes de haber sido creada. Además, el gerente general era la misma persona que viajó a Brasil con los funcionarios de la comuna.

Paralelamente, se realizó un proceso de selección que culminó con la concesión al Consorcio Tránsito Ciudadano por una vigencia de 10 años. El contrato y las adendas tienen cláusulas desventajosas para el municipio. Según la Contraloría, este habría generado un perjuicio económico adicional por más de 19 millones de soles afectando los intereses del estado.