El Ministerio de Justicia, a través de su procurador público, Erick Samuel Villaverde Sotelo, denunció a la investigadora y defensora del sitio arqueológico de Caral, Ruth Martha Shady Solis, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado Doloso en agravio del Estado.
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Esta acción legal por parte de la cartera de Justicia respondería a que la arqueóloga no ha entregado un inmueble que la Zona Arqueológica de Caral (ZAC) ocupa desde el 2007.
“No puedo comprender cómo el procurador del Ministerio de Justicia puede denunciarme por peculado doloso cuando lo que quiero evitar es que se maltraten los materiales históricos que allí analizamos. Estamos buscando otro local’', declaró Shady a La República.
Según las normas legales existentes, una entidad del Estado que ocupa un local asignado en uso temporal por un plazo no menor de 10 años seguidos tiene derecho a continuar en él.
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EL CASO:
El pasado 19 de diciembre, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), adscrito al Ministerio de Justicia, informó que un local en el distrito de La Molina, que la ZAC viene ocupando desde hace 15 años, fue adjudicado tras entrar a subasta pública.
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En diálogo con El Comercio, la arqueóloga y directora de la ZAC, Ruth Shady, mostró su preocupación pues indicó que en este inmueble no solo se cumplen roles administrativos, sino que también se conservan e investigan materiales arqueológicos que se vienen recuperando en las excavaciones de 12 centros urbanos de Caral.
“Han subastado el local sin importarles el efecto negativo que traería. Con un posible desalojo y traslado a otro sitio, se podría dañar o perder parte de la valiosa información que allí se resguarda. El lugar lo acondicionamos precisamente para este fin”, señaló.
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