La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció que impugnará la medida cautelar concedida a favor de la Universidad Privada Telesup, que le permite seguir operando, pese a que se le denegó el licenciamiento en mayo pasado.
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Este miércoles se conoció que el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Amazonas, con sede en Bagua, y a cargo del juez Alberto Cohen Vela, concedió el recurso a la casa de estudios tras la presentación de una demanda de amparo por parte de un alumno.
—El proceso judicial—
El 9 de setiembre, Jhonatan Hernández Martínez, quien ha sido identificado como estudiante del noveno ciclo de Ingeniería de Telesup, demandó a la Sunedu. El 18 de setiembre, la universidad pidió intervenir como litisconsorte [se sumó a la demanda] y requirió una medida cautelar.
Ambos demandantes solicitaron que se revoquen las dos resoluciones (N°68 y N°101) y el informe técnico de la superintendencia que determinaron la denegatoria del licenciamiento, a fin de que el proceso se retrotraiga hasta la etapa previa a la presentación del plan de adecuación (compromiso exigido por la Sunedu a las universidades para que resuelvan las observaciones de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad).
El 2 de octubre, la Procuraduría Pública de la Sunedu presentó un escrito pidiendo la nulidad de este acto, alegando –entre otras razones– que no había competencia territorial (Telesup no tiene sede en Bagua). El miércoles último, el juzgado concedió la medida cautelar. En su decisión, el juez suspendió los efectos de las resoluciones y el informe técnico de la Sunedu, por lo cual Telesup quedó habilitada para iniciar procesos de admisión (lo que impedía la denegatoria, ya que con esta se le fijó un plazo máximo de dos años para cerrar). Asimismo, ordenó a la superintendencia a dar “un plazo razonable” a la universidad para que reformule y presente su plan de adecuación, además de otro plazo para evaluar ese documento. Todo este proceso tardaría como máximo cuatro meses.
—Sunedu impugnará—
Martín Benavides, titular de la Sunedu, dijo a El Comercio que esta decisión judicial representa “un nuevo intento de frenar el avance de la reforma”, e invocó a la ciudadanía a “tener mucho cuidado” con cualquier proceso de admisión y matrícula de Telesup porque la medida cautelar “no es definitiva”. Benavides confirmó que el procurador de la entidad viajó ayer a Bagua para impugnar la decisión del juzgado. Además, presentarán una queja funcional ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en Lima y su filial en Amazonas.
También evaluarán iniciar una denuncia penal contra el juez Cohen por el presunto delito de prevaricato, y enviarán un oficio a la Fiscalía de la Nación para que informen si el magistrado “cuenta con denuncias en curso”.
Según Benavides, Telesup presentó otras dos demandas de amparo a través de sus estudiantes en Lima y Talara, a fin de revertir la denegatoria. Sin embargo, estas fueron declaradas improcedentes.
El personal de la OCMA llegó ayer al despacho del juez en Bagua para iniciar las primeras indagaciones. Camilo Guerrero, jefe de la filial en Amazonas, dijo que “al parecer” este no tenía competencia para dirimir porque Telesup tiene su sede en Lima.
Cohen Vela defendió su decisión y señaló que “fue tomada exclusivamente de acuerdo a derecho”. “Están en todo su derecho de generar cualquier cuestionamiento”, dijo a Canal N.
—Otras vías—
Luis Alberto Morey, abogado de Telesup, indicó que la medida cautelar permitirá que la universidad siga operando, y confirmó que están litigando en otras instancias, como Indecopi.
“La Sunedu trató a Telesup de manera distinta, ha sido discriminada. A otras universidades se les dio un plazo largo para subsanar observaciones”, dijo.
—Renuncia juez que aprobó medida cautelar—
Alberto Cohen renunció al cargo de juez supernumerario en Bagua y su decisión fue aceptada por el Poder Judicial, el cual le quitó la confianza. Según la resolución, la renuncia irrevocable al cargo es “por motivos estrictamente personales y de índole familiar impostergables”. En el documento se precisa que la aceptación de la renuncia no lo exime de las responsabilidades que podrían resultar de las investigaciones que se le sigan. En el 2017, la fiscalía lo investigó por presuntamente haber integrado una red criminal, que habría hecho cobros fraudulentos a instituciones. Se le imputó haber consentido que su identidad fuese usada como supuesto ejecutor coactivo de dos municipios, a cambio de un beneficio económico. Un juzgado ordenó que se dicte una orden de comparecencia restringida en su contra por presunto delito de asociación ilícita.
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