Comunidades del Vraem piden erradicación de cultivos ilegales de coca

El año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito calculó que 3.368 hectáreas de tierras de las comunidades indígenas del Perú han sido invadidas por plantaciones de coca destinadas al narcotráfico. Las más afectadas son las asháninkas y nomatsigenkas, ubicadas en el Vraem.

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De acuerdo con ellas, los intentos de invasiones se han agravado. “El narcotráfico invade nuestros territorios ancestrales. Ocupa de manera paulatina diversas áreas, incluso en la zona de la Reserva Comunal Asháninka, en el río Ene, extendiendo el cultivo de la hoja de coca de manera ilícita”, denunció la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Notmasigenkas y Kakintes de la Selva Central en setiembre pasado.

La lideresa Luzmila Chincente, presidenta de esa federación, aseguró que los laboratorios clandestinos de cocaína ubicados en lo alto de las quebradas han contaminado las tierras y aguas, por lo que exigió la erradicación de aquellos cultivos y una lucha más feroz y eficiente contra el narcotráfico.

No es la primera vez que las comunidades asháninkas demandan eso al Gobierno Central. En febrero de este año, se reunieron los líderes de las 46 comunidades asháninkas (y sus anexos) de los distritos de Pangoa y Río Tambo (Satipo, Junín), que viven bajo la influencia de los ríos Ene, Tambo y Perené. En ese congreso, firmaron un pedido para que el gobierno frene las invasiones de colonos al servicio del narcotráfico. Mango Verde, Palomar, Chontaquiari, Quirichari Puerto Ocopa y otras 46 comunidades estuvieron de acuerdo con que se erradique la coca.

En marzo, se reunieron los jefes de las 14 comunidades asháninkas de Mazamari y firmaron un pronunciamiento similar. En el documento, concluyeron que el aumento de los cultivos ilegales de coca había dañado sus territorios y perjudicado la producción agropecuaria. Las comunidades de Teoría, Cañete, Tsiriari, Poshonari, Panga, Mapitamani, Gloriabamba, Boca Capirushari, Tahuantinsuyo Pauriali, San Cristóbal, Yorini, José Gálvez, Alto Matzuriniari y Nuevo Asháninka demandaron al Estado que “cumpla con su función y lidere esta lucha” contra el narcotráfico y los cultivos ilegales de coca.

El jueves pasado, el presidente de la Central Asháninka de Río Tambo, Fabián Antúnez, insistió en su pedido. “El narcotráfico, el terrorismo y la siembra de hoja de coca ilegal significan delincuencia y no podemos permitirla”, le dijo al ministro de Defensa, Walter Martos. “La erradicación de la hoja de coca debe recuperar los territorios de las comunidades nativas, tanto en la cuenca del río Tambo como la cuenca de río Ene […] Le pido que no le tiemble la mano”, añadió.

Tanto Fabián Antúnez Camacho como Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) han recibido amenazas de muerte por promover la erradicación de los cultivos ilícitos de coca y apoyar los proyectos de reconversión. El Estado les ha otorgado a ambos garantías para sus vidas.

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