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En menos de dos semanas, el Gobierno ha dado marchas y contramarchas con respecto al conflicto minero en Ayacucho. Luego de que manifestantes saquearan e incendiaran la mina Apumayo, el 29 de octubre, el Ejecutivo logró que se levantara la protesta ese mismo día por la noche, con la condición de que la primera ministra Mirtha Vásquez viaje a dialogar a la zona. Pero, ayer en la mañana, cientos de personas se movilizaron en Coracora y, en asamblea pública, le dieron un ultimátum al Ejecutivo: si hasta el 18 de este mes no se instala una mesa de diálogo con la presencia de Vásquez, reanudarán el paro indefinido contra la actividad minera en sus territorios.
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¿Qué ocasionó esto? Los continuos cambios de fecha y de lugar de la reunión anunciados por el Ejecutivo. El 31 de octubre, una comisión de avanzada del Gobierno y manifestantes acordaron que la cita con una comisión de alto nivel sería el 11 de noviembre en Coracora. Luego, el viernes 5, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) cambió la fecha para el martes 9 (ayer) en el coliseo de Parinacochas, por “la atención que requiere darse a la problemá-tica existente”. Para colmo, el último lunes, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) propuso que la cita sea hoy miércoles en Huamanga. Todo esto es considerado como una burla por los comuneros.
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Reacciones
El jefe de la Oficina Defensorial en Ayacucho, David Pacheco, dijo que el cambio de fechas revela un mal manejo del conflicto social. “Desde la Defensoría del Pueblo tenemos claro que la gestión de un conflicto social debe ser muy prudente, deben respetarse los acuerdos”, señaló.
Opinó que el Gobierno debe aceptar la nueva fecha fijada por los comuneros, pues fue él quien inicialmente incumplió los acuerdos.
Además, manifestó que la Defensoría está atenta a lo que pueda ocurrir. “Tenemos un módulo defensorial en el distrito de Puquio, en la provincia de Lucanas. Nos hemos comunicado hoy (ayer) con el coronel Gustavo Quispe Castellares, que está al frente de los 98 efectivos desplazados a Coracora para que cumplan con el trabajo de garantizar el orden público”, indicó.
El analista político José Carlos Requena indicó que los constantes cambios de fechas y lugares dificultan las condiciones del diálogo. “Hay que ver qué sector está liderando las negocia-ciones: PCM, Minem, Cultura, no se sabe bien, o si es multisectorial. En cualquier caso, es fundamental que las autoridades expliquen a qué se debe el cambio”, comentó.
Enfatizó que se debe trabajar para reducir las distancias que impiden el diálogo. Eso pasa, agregó, por revisar las exigencias de los manifestantes y analizar qué es realizable y qué no, qué tanta verdad hay en las demandas y fortalecer los espacios de confianza.
Según el acta del 31 de octubre, en la reunión con la comisión de alto nivel se debe tratar la gestión integral de recursos hídricos en las cabeceras de cuenca, denuncias relacionadas a contaminación de agua y contra las empresas mineras que supuestamente afectan el medioambiente. Además, se debe consensuar con las autoridades locales y el gobierno nacional un plan de desarrollo de las provincias del sur de Ayacucho.
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El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi señaló que el Gobierno tiene que tener seriedad con las fechas que se acuerdan. Opinó que este tema no debería verlo la primera ministra, sino otros funcionarios. “Para una de estas cosas no necesita estar la primera ministra. Debería ser un funcionario que sí tenga los poderes o, por último, que se le otorgue vía una resolución, donde le dan la facultad de llegar a acuerdos”, señaló.
El gerente general de Apumayo, Guillermo Shinno, manifestó su preocupación por las idas y vueltas del Gobierno. Invocó al Ejecutivo y las personas que protestan a llegar a consensos mediante el diálogo.
La provincia de Lucanas (Ayacucho) acatará hoy un paro de 24 horas contra la minería y otros temas.
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