Conozca a los virtuales congresistas que han sido sentenciados e investigados por diversos delitos

Cuatro sentenciados por el ‘andahuaylazo’, la asonada liderada en enero del 2005 por Antauro Humala, son virtuales congresistas del partido Unión por el Perú (UPP). Se trata de Carlos Chavarría Vilcatoma (Junín), Posemoscrowte Chagua Payano (Huancavelica), Héctor Maquera Chávez (Tacna) y Lucimar Alarcón Velasque (Apurímac), quienes han alcanzado hasta el cierre de esta edición 19.436, 10.229, 15.801 y 10.210 votos, respectivamente, según el último reporte de la ONPE.

Chavarría cumplió nueve años de pena efectiva por los delitos de rebelión y secuestro por el ‘andahuaylazo’; por esos mismos delitos Chagua purgó ocho años de prisión. Maquera, además de estos delitos, fue sentenciado a nueve años por sustracción de armas. Solo Alarcón recibió cuatro años de pena suspendida, debido a que no participó directamente en la toma de la comisaría ni en el enfrentamiento con la policía (que dejó cuatro agentes muertos).

Jim Alí Mamani Barriga, el número 2 de UPP en Ayacucho, llegaría también al Congreso con más de 22.000 votos. Al igual que los mencionados, Mamami reivindica el discurso del líder del etnocacerismo y anunció que uno de los principales puntos en la agenda de la bancada será la liberación de Antauro Humala.

También por UPP, y con 44.438 votos, el excontralor de la República Edgar Alarcón se perfila como uno de los seis congresistas de Arequipa. En julio del 2017, Alarcón fue removido de su cargo por el Congreso por “faltas graves”, entre ellas, la compraventa de autos de lujo cuando era vicecontralor. Actualmente, la Fiscalía de la Nación lo investiga por los presuntos delitos de peculado, lavado de activos y por el desbalance patrimonial de casi S/3 millones.

—Más exautoridades—

En Lambayeque es casi un hecho que el exgobernador Humberto Acuña Peralta ocupará uno de los cinco cupos para el Parlamento de esta región. En noviembre del año pasado, Humberto (hermano del fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña) fue sentenciado a tres años de pena suspendida por el delito de cohecho pasivo. Según la fiscalía, cuando era gobernador autorizó a su cuñado para convencer a un policía de favorecerlo en una investigación a cambio de S/750.

Un personaje cercano al entorno de los Acuña y quien también está prácticamente dentro del nuevo Congreso es el exgobernador regional de La Libertad Luis Valdez Farías. Durante su gestión, Valdez fue duramente cuestionado porque estaba de viaje cuando su región sufría los embates del fenómeno de El Niño costero en el 2017. Esto generó que la fiscalía le abriera una investigación preliminar por omisión de actos funcionales y exposición o abandono de personas, entre otros delitos.

El año pasado, como jefe de la Oficina de Enlace, Coordinación y Gestión de la región Piura, Valdez fue denunciado por presuntamente cobrar su sueldo sin asistir. Tras esta denuncia, el exgobernador renunció.

En Loreto, el exgobernador regional Fernando Meléndez es otro personaje cuestionado que también será congresista. Según Ojo Público, el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra él por presunto delito ambiental, al otorgar ilegalmente derechos a favor de la empresa Cacao del Perú Norte, y por corrupción.

En Áncash, cuatro de los cinco virtuales congresistas tienen investigaciones fiscales en trámite. Entre ellos se encuentra el excomandante general del Ejército Otto Guibovich Artega, representante de Acción Popular, quien tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión. Betto Barrionuevo Romero, de Somos Perú y exfuncionario del gobierno regional, tiene dos investigaciones por los presuntos delitos de peculado doloso y malversación de fondos.

En Lambayeque, la exalcaldesa de Monsefú Rita Elena Ayasta de Diaz es virtual congresista por Fuerza Popular. Según Ojo Público, actualmente está procesada en el juzgado especializado en corrupción, por presuntamente haber solicitado S/10 mil a una extrabajadora del mercado municipal. El caso está en juicio oral.

—Rostros y filiaciones políticas conocidas—

Marco Antonio Pichilingue Gómez es virtual congresista por Fuerza Popular en el Callao. En la campaña del 2016, Pichilingue entregó sobres con dinero en una actividad proselitista de Keiko Fujimori. Esto le generó a la lideresa del partido fujimorista una solicitud de exclusión de su entonces candidatura.

En Piura, el exlegislador Mártires Lizana Santos, también virtual congresista por Fuerza Popular, fue cuestionado porque como parte del disuelto Congreso votó por blindar al exjuez supremo César Hinostroza, a quien se le atribuye ser líder de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto.

En la región Loreto, Leonardo Inga Sales es virtual congresista de Acción Popular. El nuevo parlamentario es hijo del excongresista Leonardo Inga Vásquez, quien estuvo acusado por narcotráfico en 1995.

—Otros cuestionamientos—

La virtual congresista por Tumbes de Alianza Para el Progreso, Alicia Clavijo Infante está incluida en una investigación de la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios por el presunto delito de colusión agravada. Esto por la compra irregular de un terreno del Gobierno Regional de Tumbes.

En Piura, el virtual congresista Mario Javier Quispe Suarez por Alianza Para el Progreso tiene dos demandas por el delito de omisión a la asistencia familiar y un fallo por pensión alimenticia.

En Cajamarca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez de Fuerza Popular, reportó en sus hojas de vida haber sido asesor del Congreso entre los años 2013-2014. Ojo Público encontró que Vigo trabajó en ese periodo en la Comisión de Salud del Congreso que presidía por Joaquín Ramírez, excongresista y financista de la campaña de Keiko Fujimori.

En la misma región, el exalcalde del distrito de Querocotillo, Moisés Gonzales Cruz de Alianza Para el Progreso ha sido investigado por la fiscalía especializada en delitos de corrupción por el presunto delito de colusión.

Por Acción Popular, el virtual congresista por Cajmarca Hans Troyes Delgado consigna en su hoja de vida que actualmente enfrenta una investigación por el delito de corrupción de funcionarios.

En Junín, Ángel Isaias Oscanoa Barrios del Partido Morano tiene una sentencia por alimentos. Y César Combina Salvatierra de Alianza para el Progreso enfrentó la denuncia por un ciudadano ante la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. En el mismo partido y región, Arnoldo Dante Mallma Auqui fue sentenciado por no pasarle una pensión adecuada a su hijo. Por Acción Popular, Ilich Fredy López Ureña, tiene un proceso penal por lesiones leves. Y en Cusco, su compañero de partido, Jorge Vásquez Becerra tiene una investigación por colusión.

Mientras en Huánuco, el virtual congresista por Acción Popular, Daniel Gómez Flores tiene una denuncia por alimentos. Finalmente en Áncash, los otros virtuales congresistas como Jhosept Perez Mimbela (APP) e Hirma Alencastre Miranda (Somos Perú) están acusados de corrupción y falsificación de documentos, respectivamente.