Imagen referencial de la sede de la Contraloría General de la República | Foto: Archivo
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Redacción EC

La (CGR) detectó que el (Mincul) contrató en 2023 el servicio de gestión de venta de boletos electrónicos para la entrada a 23 espacios culturales a través de dos órdenes de servicio, cuando lo que correspondía, según dicho órgano, era ejecutar procedimientos de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esto, de acuerdo con la CGR, afectó la legalidad con la que deben regirse las actuaciones en la administración pública, limitando la participación de otros postores.

El contralor general, Nelson Shack, anunció en febrero pasado que la Contraloría iba a realizar un servicio de control al proceso de visitas a los espacios culturales y museos a nivel nacional, tras el caso de la venta de boletos digitales para el ingreso al santuario de Machu Picchu a través de la plataforma de un operador privado.

Como resultado de ello, indica la institución, la comisión auditora realizó y concluyó el servicio de control posterior, y evidenció que los servicios vinculados a la gestión de venta de boletos electrónicos fueron formalizados como contrataciones menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UITs), “con valores estimados que solo consideraron el servicio de alquiler de plataforma tecnológica y pasarela de pagos, sin contemplar el porcentaje de la comisión (a los proveedores) por entrada vendida y transacción efectuada, pese a que ambos conceptos constituyen fondos públicos”.

Se trata de las órdenes de servicios N° 03480-2023 del 4 de agosto de 2023 para el servicio “Implementación de plataforma tecnológica virtual para los visitantes de bienes muebles prehispánicos – PlataformaTicketing” por un valor de S/ 36 000,00 (12 000 para el 2023 y previsión presupuestal de 24 000 para el 2024) y N° 04938-2023-S del 18 de octubre de 2023 “Servicio de Pasarela de pagos por la venta de boletos a través de POS y en línea para el ingreso a los bienes inmuebles prehispánicos, museos e instituciones museables a cargo del Ministerio de Cultura” por un monto de S/ 5917 (986 correspondientes al periodo 2023 y previsión presupuestal de 4931 para el 2024).

El Informe de Control Específico señala, además, que la orden de servicio N° 03480-2023-S fue modificada mediante 2 adendas, siendo que la primera (7 de noviembre de 2023) no fue emitida de conformidad con la Directiva N° 001-2023-SG/MC, al no evidenciarse un “hecho sobreviniente a la presentación de cotizaciones, no imputable a las partes” que sustente debidamente la inclusión de los espacios culturales Kuélap y Machu Picchu.

Dichos espacios, añade, no fueron considerados inicialmente en la orden de servicio mencionada, pese a tener una gran afluencia de turistas que en conjunto superarían la concurrencia turística de los 21 espacios culturales seleccionados para el referido contrato, tal como se podía corroborar en los ingresos obtenidos por la visita a los espacios culturales del año 2022.

El informe de control indica también que, de los 23 espacios culturales considerados para el servicio, ocho no reunían las condiciones óptimas para implementar el servicio contratado al no contar con cobertura de internet y fluido eléctrico en la zona. Se trata del Monumento Arqueológico Caral-Supe, Sitio Arqueológico de Ventanilla de Otuzco, Monumento Arqueológico Cumbemayo, Torre Mirador Líneas de Nazca, Museo Arqueológico Tambo Colorado, Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna – Moche, Sitio Arqueológico de Intihuatana – Pomacocha; y Museo Yacimiento Aequeológico y Museo de Sitio Wari.

La CGR indicó que los hechos expuestos se generaron por el accionar de la exdirectora general de la Oficina General de Administración, en calidad de área usuaria, quien elaboró los términos de referencia, conjuntamente con los exjefes de la Oficina de Abastecimiento por validar la indagación de mercado, omitiendo incluir los porcentajes de comisión por entrada vendida y transacción efectuada en el valor estimado de la contratación.

El Informe de Control Específico N° 015-2024-2-5735-SCE, que comprende el período del 1 de julio de 2023 al 31 de enero de 2024, determinó la presunta responsabilidad administrativa de los tres exfuncionarios del Ministerio de Cultura, por lo que se recomendó a la Titular del sector realizar las acciones para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades correspondientes.

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