La Contraloría General de la República anunció que ha dispuesto una serie de medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción y prevenir irregularidades en las entidades públicas a nivel regional y local.
“Se ha lanzado un shock anticorrupción, el pasado mes de setiembre, que consiste en tomar el control de las principales entidades públicas, asignando personal con dependencia funcional y administrativa de la Contraloría General en los Órganos de Control Institucional (OCI) de aquellas entidades con mayores riesgos de corrupción”, señala un comunicado.
El órgano de control informó que desde el 3 de noviembre estarán instalados más de 270 auditores, en 54 entidades públicas, que incluye los 25 gobiernos regionales, 23 municipalidades provinciales y distritales, así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
“Con ello se está dotando a los Jefes de OCI de personal auditor directamente remunerado por la Contraloría General, lo cual les permitirá desarrollar el control gubernamental con equipos totalmente independientes de la institución a la cual auditan”, detalla.
CAMBIO DE MANDO
El diseño busca asegurar un proceso de transferencia de gestión ordenado y transparente a las nuevas autoridades, así como para la presentación del informe de rendición de cuentas de las autoridades salientes y de aquellas reelectas, conforme a la Ley N° 30204, que regula la transferencia de gestión administrativa en gobiernos regionales y locales.
Finalmente, la Contraloría dispuso un paquete de proyectos de ley anticorrupción para disuadir y sancionar las irregularidades en la administración pública, tales como la aplicación de penas efectivas por delitos de corrupción de funcionarios y la regulación de obras por administración directa, inmovilización de documentación de las entidades públicas para el control gubernamental.