La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), solicitó el informe, en un plazo que no exceda las 48 horas, de todo lo actuado referente a la Resolución de Consejo Directivo, en la que se pretende modificar el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.
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En esa línea, el OCI exige al presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, que se le expida el Acta de Consejo Directivo donde se aprobaron las modificaciones normativas.
Como se recuerda, El Comercio emitió un informe sobre un total de 174 mil medidores de agua que no fueron supervisados en todo Lima y Callao, de un universo de 1 millón 574 mil 666 que hay en total, según el catastro de conexiones activas.
Mediante un memorando, Sedapal indicó que se encuentra a la espera de la Resolución de Consejo Directivo N° 128-2022-SUNASS-CD, tratándose esta de la modificación al Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento que hoy cuestiona la Contraloría.
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Al respecto, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, declaró a El Comercio que esta omisión en la supervisión de medidores hace que Sedapal ponga en riesgo la economía de miles de familias, además de la operatividad de más de 1.5 millones de medidores de agua instalados en Lima Metropolitana.
Al comentar acerca de la nueva normativa de Sunass, la Asociación emitió un comunicado, expresando su rechazo a dicho proyecto y alertando de los perjuicios a los que serán sometidos todos los usuarios del servicio de agua y saneamiento.
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“Solicitamos que esta norma no sea aprobada y, por el contrario, se reforme el sistema de rendición de cuentas actual de las diferentes empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento que dan señales todos los años de tener un desempeño pésimo a nivel administrativo y financiero, usando el dinero de los contribuyentes”, señaló la institución.
Cabe mencionar que el OCI de Sunass es un organismo dependiente de la Contraloría que funciona al interior de una institución pública, con el objetivo de prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción.
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