El 17 de febrero, el Ministerio de Salud (Minsa) actualizó el protocolo de vacunación contra la COVID-19 para personas con enfermedad oncológica. Según este documento, los pacientes con cáncer y con trasplantes de THP podrán recibir una cuarta dosis cinco meses después de haber recibido su tercera vacuna. Dos semanas antes, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que la decisión de aplicar esta nueva dosis a toda la población dependería de una evaluación epidemiológica.
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No obstante, la Unidad de Datos de El Comercio analizó las cifras de vacunación contra COVID-19 de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y halló que al menos 434 personas, que no pertenecen al grupo autorizado por el Minsa, ya se habrían inmunizado con una cuarta o hasta con una quinta dosis de la vacuna en el país. Esta situación se da, a pesar de que aún no hay suficiente evidencia que respalde nuevas dosis para la población en general y aún se requieren estudios.
Además, a la fecha solo 31% de personas han recibido la tercera dosis, y menos del 45% de niños de entre 5 y 11 cuentan con al menos una vacuna.
A través de un formulario enviado el 8 de febrero, el Minsa mencionó a este Diario que “ha identificado 168 registros sospechosos con cuarta (157) y quinta (9) dosis” y se comprometió a “seguir reforzando sus sistemas de seguridad y control de las personas que se vacunen”. Sin embargo, el análisis revela que a la fecha, 412 personas han recibido una cuarta dosis y 22 una quinta. En el 78% de los casos, se les aplicó la vacuna de Pfizer; un 17% recibió Sinopharm y un 5% AstraZeneca.
Si bien, la entidad mencionó que “los registros de las dosis aplicadas de forma irregular en el país equivalen a menos de 0,001%, el número de casos sigue aumentando y casi llega al total de casos detectados en el caso ‘Vacunagate’, en el que se reveló que a finales del 2020 más de 450 personas recibieron dosis de la vacuna de Sinopharm, de manera irregular.
Las dosis no autorizadas se han colocado desde fines de septiembre del 2021. En dicho año se dieron 200 casos, mientras que entre enero y febrero del 2022 se han presentado 234 casos más. Solo en la última semana de febrero se aplicaron 30 de estas vacunas.
Según el análisis realizado, el 70% de personas recibió su primera y segunda vacuna entre abril y mayo del 2021. Además, estas dos primeras dosis recibidas fueron de Sinopharm por lo que podría tratarse de personal de salud. El Minsa explicó que esta es una de las hipótesis. “Podrían haberse vacunado con estas dosis extras personal de primera línea que acudieron a los centros de vacunación para ser inoculados nuevamente en el grupo etario al que pertenecían”, señalaron.
“En este caso, hay un aspecto de seguridad y otro legal. Que pasó para que esas personas se saltaran las normativas”, cuestiona el doctor Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, quien señala que es probable que en algunos casos haya ocurrido lo mismo que pasó en el Vacunagate.
Los casos de aplicación de vacunas no autorizadas se dieron principalmente en la Diris Lima Norte (143), Lima Sur (122), Lima Centro (54) y Lima Este (45). Se han presentado casos, en mucha menor proporción, en la Diris de Amazonas, Huánuco, Cusco, Arequipa, Junín, Moquegua, Piura, Ancash, Cajamarca, Callao, Apurímac, Lambayeque, Ayacucho, Loreto, Puno y Tumbes. Por su lado, los distritos con el mayor número de casos son Carabayllo, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres.
Problemas desde la tercera dosis
La data también revela que 82% de los 434 casos detectados con cuartas y quintas dosis se colocaron la tercera vacuna contra el coronavirus en los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2021, pese a que el Minsa autorizó la aplicación de una tercera dosis para personal de salud recién en octubre de dicho año.
De este grupo, el 48% se inoculó con la dosis de refuerzo entre junio y julio. Es decir, entre uno y dos meses después de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna. Estos casos pertenecen a las Diresas de Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte y Lima Este.
Por tanto, se colocaron la cuarta dosis entre uno y dos meses después de haberse aplicado la tercera. En general, en el 75% de los casos, el tiempo entre segundas, terceras, cuartas y hasta quintas dosis se dieron entre uno y dos meses. El 98% de terceras dosis fueron de Pfizer.
Mayta-Tristán explicó que en determinando momento algunos profesionales de la salud plantearon que debían tener su esquema completo con Pfizer ya que creían que la vacuna de Sinopharm no los protegía. “Había la creencia de un grupo del personal de salud de que no estaban protegidos con dos de Sinopharm, por lo que querían tener un esquema únicamente de la vacuna de Pfizer”, asegura.
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Otras hipótesis
Una segunda hipótesis es que personas que participaron en los ensayos clínicos y que no sabían si habían recibido la vacuna o el placebo y acudieron a los centros de vacunación dentro de su grupo etario. “En este caso, las instituciones que realizaron los ensayos regularizaron posteriormente el registro por lo que luego estas personas aparecen con más dosis”, afirmaron.
Por último, no se descartan algunos errores de digitación. Al respecto, el Minsa dijo que “es importante precisar que las Direcciones Regionales de Salud (Diris) y las Diresas/Geresas son responsables de la digitación y registro de cada dosis aplicada contra el COVID-19″. No obstante, aseguraron que el sistema de datos de la entidad realiza un monitoreo permanente y está implementando mejoras para poder identificar y corregir oportunamente cualquier dato.
Registro en problemas
Sin embargo, desde el año pasado médicos y expertos han dado sus quejas al ministerio ante las fallas del sistema de registro. El doctor Edén Galán Rodas, exrepresentante del Colegio Médico del Perú (CMP) en la Comisión Consultiva de Inmunizaciones, explicó que la fragmentación del sistema de salud del país permite que se den errores e irregularidades debido a la falta de interoperabilidad entre registros.
Según explicó, desde el año pasado manifestó que existían brechas en el registro que se debían cubrir para evitar irregularidades. Sin embargo, el Minsa respondió entonces que aún no tenía la capacidad ni el presupuesto para hacerlo.
“Hay algunas personas que se vacunaron de nuevo porque no aparecían sus registros y necesitaban el carné”, explica también Mayta-Tristán.
Pese a los antecedentes del caso ‘Vacunagate’, aún no se han llevado a cabo acciones para evitar que no se respeten los protocolos de vacunación. A un año del escándalo, no se han dado sanciones a todos los responsables. Pese a ello, en las respuestas enviadas por el Minsa, la entidad realizó un llamado a la ciudadanía a respetar las normas y proteger su salud y la de todos los ciudadanos.
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