Aclaración:
Este miércoles, personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional desarticuló una organización criminal que cobraba hasta 82 mil soles para que pacientes con COVID-19 puedan acceder a una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la red del Hospital Almenara.
El informe fiscal detalla que la red criminal los Ángeles Negros cobraba hasta 82 mil soles para asegurar una cama UCI a los pacientes. El caso se reveló tras la denuncia de un ciudadano que hizo el pago para que su pariente accediera a la cama UCI, pero que finalmente no fue transferido y falleció producto de la enfermedad.
Por este motivo, se vuelve a republicar esta nota de febrero sobre la forma en que los médicos deciden si un paciente requiere ir a UCI.
Hace unos meses, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi) precisó los criterios establecidos para determinar la prioridad que tiene un paciente para acceder a una cama de cuidados intensivos en el contexto de la pandemia por COVID-19 que afecta al país. Se trata de cuatro niveles de prioridad que obedecen a la gravedad del paciente.
Un documento al que tuvo acceso este Diario, muestra que las prioridades han sido reglamentadas en la Resolución Ministerial N° 212-2020-Minsa, la cual incluye el documento anexo “Consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemia COVID-19”.
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En el primer nivel de prioridad están los pacientes en estado crítico e inestable que requieren ser monitoreados y recibir tratamiento intensivo (ventilación mecánica). Además deben presentar condiciones de beneficio potencial y reversibilidad esperable.
En el segundo nivel se ubican quienes necesitan monitorización intensiva, intervenciones inmediatas, ventilación mecánica invasiva, oxigenoterapia de alto flujo y también deben contar con una esperanza de reversibilidad en su condición de salud.
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En el caso del tercer nivel, el documento señala que aquí se encuentran los pacientes con pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad y que su ingreso a una UCI solo podría aliviar su situación, más no cambiarla.
Finalmente, en el último nivel se encuentran las personas cuya enfermedad es terminal e irreversible que hace inminente su muerte.
En su momento, el presidente de la Sopemi, Jesús Valverde, explicó que el análisis médico para determinar qué pacientes son llevados a cuidados intensivos pasa por criterios técnicos muy rigurosos. Detalló que se toma en cuenta la edad del paciente, sus comorbilidades, el estado de la enfermedad y los órganos comprometidos.
“Hay puntajes que nos indican las posibilidades sobrevivencias. Cuando hay muchos órganos comprometidos las posibilidades se reducen mucho. Estamos hablando de una decisión que se basa en radiografías y exámenes clínicos. En el caso de los dos primeros niveles sí se les debe llevar a UCI, en el caso del tres y cuatro no. En el Perú deberíamos tener unidades de cuidados paliativos, pero en los hospitales eso no existe solo hay hospitalización y UCI”, sostuvo.
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“El medico de hospitalización pide la evaluación, nosotros como Sopemi recibimos el documento médico legal y evaluamos. Es ahí que determinamos según las prioridades de manera objetiva. Estos criterios son universales. Esto se aplica desde antes de la pandemia, en el Perú siempre hemos carecido de camas de UCI, no es algo que haya empezado ahora”, aseveró.
Sopemi detalló en febrero pasado estos requisitos luego de la decisión del juez Manuel Vargas Guerra, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien dictó una medida cautelar para que un paciente de 73 años afectado por el coronavirus (COVID-19) sea ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Virgen de la Puerta de Essalud, en Trujillo.
Caso “Los ángeles negros”
La organización criminal “Los ángeles negros” cobraba hasta 82 mil soles para asegurar una cama UCI a los pacientes. El caso se reveló tras la denuncia de un ciudadano que hizo el pago para que su pariente accediera a la cama UCI, pero que finalmente no fue transferido y falleció producto de la enfermedad.
Por este caso, se detuvo a nueve personas esta madrugada. La diligencia se realizó en simultáneo en las jurisdicciones de La Molina, San Miguel, Breña y Magdalena. Participan en la acción agentes de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) de la PNP, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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