Conforme a los criterios de
El último lunes 24 de enero, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que se estaba preparando una resolución de tope de precios de pruebas y medicamentos COVID-19 para su evaluación por el Consejo de Ministros, ya que se habían detectado casos de encarecimiento de pruebas y medicamentos. Dos días después, tras la sesión del Consejo, dijo que conversaría con el sector privado para evitar el incremento de precios injustificados. “Si debemos presentar al Consejo de Ministros una propuesta más firme, lo haremos. No podemos cruzarnos de brazos mientras se especula con los precios”, aseguró Cevallos.
LEE TAMBIÉN | Tercera ola: Se redujo en 73% el tiempo de hospitalización por COVID-19
La Unidad de Periodismo de Datos analizó los precios de pruebas de descarte COVID-19 reportados por establecimiento de salud privados a la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y halló que solo en las tres primeras semanas de enero, los precios de pruebas de antígeno, moleculares e incluso serológicas incrementaron en al menos diez regiones. Solo en una semana el promedio del costo de pruebas moleculares subió 12%, mientras que el de pruebas de antígeno aumentó en 21%.
Además, los precios de estos dispositivos médicos son muy distintos por región. En lugares como Ucayali y Apurímac la toma de pruebas de antígeno puede costar entre 80 y 100 soles, mientras que en Ica y en Lima los precios reportados llegan a 250 y 350 soles. Del mismo modo, en Tacna se pueden encontrar pruebas moleculares a precios que rondan los 250 y 290 soles, mientras que en Arequipa estos alcanzan hasta 550 soles.
El epidemiólogo Edward Mezones menciona que hay muchos factores que podrían estar generando esta diferencia de precios entre regiones, como los costos de envío a cada zona, el poder adquisitivo de las personas, la accesibilidad a los test y la especulación. Además, Mezones explica que podría haber un tema de la demanda de las pruebas, que es diferente por región, y que implica que ante la ley de oferta y demanda haya un mayor precio.
Al respecto, un análisis del cruce entre las cifras de positividad por región durante el mes de enero y el incremento de costos de pruebas revela que el aumento de precios se ha dado en las mismas regiones que tienen un alto porcentaje de positividad tanto en pruebas moleculares como en las de antígeno: Ancash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Lambayeque, Lima, Piura, Puno y San Martín.
MÁS INFORMACIÓN | COVID-19: ¿Existe un subregistro de casos en la curva de la tercera ola de contagios?
En entrevista con RPP Noticias, Franciso Benavides, jefe del laboratorio Suiza Lab, justificó el aumento de precios debido a que la tercera ola había impactado en el personal, lo que había provocado un ausentismo laboral en todas las áreas (importación, transporte, toma de test, entre otros). “Esta situación ha afectado el costo y la llegada de las pruebas”, aseguró.
Benavides también mencionó que la demanda había aumentado en 350%. El acceso a pruebas en el sector público ha estado limitado. En un video institucional, Antonieta Alarcón, directora general de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), declaró que “la demanda ha sobrepasado la oferta que tenemos. Por eso, se está priorizando el acceso a la prueba molecular a aquellas personas vulnerables, mayores de 60 años, que tengan síntomas”, explicó.
El problema de fondo
Para los otros casos en los que no se cumple con los requisitos para una prueba molecular tomada por el sector público, se deberían tomar test de antígeno o autotest, recientemente aprobados. El Minsa también ha recomendado que si se tienen síntomas, las personas lo consideren como si tuvieran COVID-19, se aíslen y llamen a la línea 113, en lugar de acudir a tomarse una prueba en el sector público o pagar por una en el sector privado.
“Este tipo de situaciones no se deberían dar, pero más allá del problema de precios de pruebas, tenemos un problema estructural en el sistema de salud que arrastramos desde hace 20 años”, asegura César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores y exdirector general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
Según cifras del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), el 94,2% de la población peruana se encuentra asegurada. Más de la mitad, el 56%, pertenece al Seguro Integral de Salud (SIS), mientras que el 33% está afiliado al Seguro Social de Salud (EsSalud). Sin embargo, Amaro explica que en la práctica este aseguramiento, que en su mayoría es público, no funciona. “Si lo hiciera todos tendríamos acceso a toma de pruebas gratuitas y podríamos recibir atención médica sin tener que adquirir deudas imposibles de pagar, como sucede en Colombia o en Chile”, explicó.
TE PUEDE INTERESAR | COVID-19: ¿Cuál es la situación del sistema sanitario peruano frente a la tercera ola y al avance rápido del ómicron?
La toma de una prueba diagnóstica es un procedimiento médico, que en países como Colombia y Chile están vinculados a la cobertura que su red de servicios ofrece. “En el Perú yo tengo que ver la manera de curarme o atenderme. Como la oferta pública es insuficiente, por cómo está estructurado el sistema, pago a un privado por un servicio que no encuentro en el sector público. Es el mundo al revés”, dice Amaro.
Este es un problema grave que se arrastra desde hace por lo menos dos décadas y que el país no ha resuelto. “Los privados son los que aprovechan esta situación. Es un escenario perverso”, sostiene Amaro para quien la organización del sistema está muy mal: no hay redes, no hay reglas claras, no hay un fondo predecible de financiamiento para comprar servicios o para financiarlo. “Prácticamente nos dejan solos”, declara.
Para el experto, si bien es indudable que estamos mejor preparados que en la primera y en la segunda ola, cada drama que se ha pasado (falta de camas UCI, oxígeno y ahora pruebas diagnósticas) es el reflejo de que el problema de fondo no ha sido solucionado.
En la misma línea, el abogado Mario Ríos, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y experto en temas de salud, mencionó que “si todos los datos de aseguramiento que posee Reunis fueran ciertos, nadie tendría que ir al privado a hacerse la prueba. Son datos de ficción”, asegura.
MÁS EN PERÚ | Fact-checking: Pedro Castillo y los 8 datos falsos e imprecisos en la segunda parte de su entrevista con CNN en Español
Según explica, hay varios factores que están incrementando la demanda. Uno de ellos es que los empleadores hayan estado pidiendo a las personas con síntomas una prueba positiva para otorgar permisos laborales. “Si necesitas la prueba y no la tienes en el sistema público, entonces vas a recurrir al sistema privado”, expone. El 22 de enero, el Minsa indicó que no sería necesaria la prueba de descarte ni el descanso médico para aislarse por Covid-19, de acuerdo con la Disposición 2 de la Directiva Administrativa 321- Minsa/DGIESP-2021.
No obstante, sí requiere de una prueba para volver a trabajar. “De todos modos hay un gasto y este tipo de disposiciones no llegan a todos. Recordemos que tenemos mucha población en informalidad, incluso ahí el empleador también pide esa prueba y no necesariamente se guía por las disposiciones”, señala.
Poner tope a los precios
Según Ríos, el aumento de la demanda para toma de pruebas en los establecimientos de salud, ha revelado que estos no están en capacidad para responder y sucede lo mismo de siempre: las personas solucionan este problema acudiendo al privado que aprovecha la situación. “La demanda la genera la ineficiencia del estado y el sector privado, al ver que esta demanda se incrementa y que hay pocas pruebas, eleva los costos”, enfatiza.
“Deberíamos tener derecho a los servicios de salud, pero también a que puedan diagnosticarnos”, recalca Edward Mezonas. En ese sentido, menciona que se debe sopesar el tema de tener una economía social de mercado, frente al derecho a la salud, o el derecho al acceso de la salud de las personas. No obstante, asegura que si bien uno puede poner límites para tener acceso a las pruebas, esto va acompañado de la oferta del sector público, la cual ha sido sobrepasada.
TE PUEDE INTERESAR | El impacto de la ley universitaria: Perú es el segundo país de Latinoamérica con mayor crecimiento en producción científica
En opinión de Ríos, nos hemos limitado para establecer alguna banda de precios para que no haya aprovechamiento del sector privado. El artículo 82 de la Ley General de Salud señala que en situaciones de alto riesgo, como lo es una pandemia, se podrían tomar algunas medidas extraordinarias. “El Minsa podría establecer, por situación de emergencia algunos límites, como lo ha hecho Ecuador, por ejemplo”, menciona Ríos.
No obstante, enfatiza en que esta acción solo apagaría un incendio. “El gobierno no se ha puesto como objetivo hacer una reforma del sistema de salud, estamos operando con el mismo sistema, con las mismas reglas, con las mismas condiciones de hace 20 años”, dice Ríos.
Por su lado, Amaro menciona que si bien se puede regular y colocar un tope de precios, primero es necesario realizar un análisis para identificar todos los factores del incremento de costos. “Es importante que en este análisis el gobierno también identifique por qué las personas, que en su mayoría cuentan con un seguro, acuden a establecimientos privados a tomarse una prueba”, recalca.
Las pruebas que no deberían ofrecerse
Los laboratorios privados siguen ofreciendo pruebas serológicas, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que deberían ser utilizadas para realizar estudios. En algunas regiones, sus precios son iguales o más altos que el de las pruebas de antígeno: Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque y Piura.
“Las pruebas serológicas son útiles, pero hay que diferenciarlas”, dice Mezones. Existen pruebas serológicas rápidas, que son las que se ofrecen al público y que miden si se han formado anticuerpos IGM e IGG. Según explica el experto, en muchos casos estos muestra si ha habido una infección previa o si la persona está vacunada, sobre todo cuando se trata de vacunas de virus inactivados. “En este contexto, no sería una buena medida para ver si tienes la infección o no”, sostiene Mezones.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Desastre ambiental: La Pampilla registra 32 infracciones en el Registro Único de Infractores Ambientales de OEFA
- Hernando Cevallos: “Está clarísimo que nuestro sistema sanitario es frágil” | ENTREVISTA
- ¿Por qué se registró una leve baja en la toma de pruebas COVID-19 al cierre del 2021?
- Conoce los síntomas que presentan las personas infectadas con la variante ómicron del COVID-19
