Luego del incremento salarial y la implementación de nuevas escalas remunerativas para los más de 2 mil alcaldes provinciales y distritales del país –dispuestos a fines de diciembre por el Ejecutivo a través del Decreto Supremo 413-2019– aún continúan las diferencias significativas en el ingreso de las autoridades locales.
Las brechas son más evidentes en las jurisdicciones que tienen el mayor presupuesto total y per cápita. Esta lista incluye a las localidades con más transferencias por canon como San Marcos (Áncash), Megantoni (Cusco) y Echarati (también en Cusco).
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Si bien ostentan presupuestos tan altos como los de un ministerio –con montos anuales que fluctúan entre los S/200 millones y S/400 millones–, los burgomaestres de los distritos del interior reciben, en promedio, los salarios más bajos en comparación con sus pares de la capital [ver cuadro].
Un ejemplo de esto se observa en Megantoni, fundado en el 2016 y considerado el distrito más rico del país debido al canon gasífero de Camisea. El presupuesto anual por persona alcanza los S/32.541, casi 35 veces el salario mínimo (S/930). Pero hasta diciembre del año pasado, su alcalde, Daniel Ríos, percibía un sueldo de solo S/2.340, el menor del grupo analizado.
Según la ley actual, el sueldo del alcalde es el tope para calcular las remuneraciones de los principales funcionarios de cada localidad.
—Los factores—
Desde el 2007, el criterio poblacional se utiliza como único mecanismo para calcular el sueldo de las autoridades locales independientemente de la cantidad de recursos que administren. Desde ese año, la medida establecía 20 escalas de pago que iban desde los S/1.040 hasta los S/11.050.
La modificación del 2019 redujo los niveles a la mitad, con rangos desde S/2.600 hasta S/13.260. El sueldo del alcalde de Lima, que figura en una escala superior, subió de S/14.300 a S/15.600. La norma también descartó el incremento en la dieta de los regidores, que usualmente se actualiza sobre el salario del alcalde.
El especialista en derecho municipal Julio César Castiglioni señala que dicha disposición es inconstitucional porque contraviene lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone que ambos ingresos se determinen en el primer trimestre del primer año de gestión según el presupuesto de la municipalidad.
“Quien fija el sueldo del alcalde y la dieta de los regidores es el concejo municipal, no el Gobierno. Al emitirse el decreto se transgrede la autonomía de los gobiernos locales. La ley tiene que cumplirse mientras esté vigente, pero corresponderá al nuevo Congreso pronunciarse sobre su inconstitucionalidad”, explica.
¿Solo el incremento de los salarios a los alcaldes mejorará la gestión de las municipalidades? Para Epifanio Baca, investigador de la ONG Propuesta Ciudadana, este es un buen punto de partida; pero debe acompañarse de medidas que aumenten la velocidad y calidad del gasto en los distritos, así como de un adecuado mecanismo de control por parte de la Contraloría General de la República.
“[El aumento] es pertinente. Es absurdo pagar S/3.500 a una autoridad que maneja montos de más de S/100 millones, no tiene sentido. Es una invitación a la corrupción. Pero el solo aumento no resuelve el problema. Megantoni y San Marcos deberían tener funcionarios del régimen Servir. Hay que migrar a ese sistema. Pero ahí viene el problema, porque ellos no ganan menos de S/8 mil”, comenta.
Este último distrito recibió S/1.200 millones por canon minero en la última década; sin embargo, sus administraciones han estado marcadas por la ineficiencia y la corrupción. En San Marcos, tres de cada 10 personas viven en pobreza y cinco de sus s últimos siete alcaldes –que percibían sueldos de S/3.250– han afrontado denuncias por corrupción.
La misma situación se daría en Echarati, donde el alcalde Boris Chávez fue relevado del cargo a inicios de enero luego de que se dictara prisión preventiva en su contra por el delito de cohecho. Actualmente, lo reemplaza Herbert Peña Arroyo.
¿Cómo debe determinarse el salario? Ambos analistas consideran que la fórmula debe tomar en cuenta criterios adicionales a la cantidad de habitantes. Castiglioni recomienda regresar a la Ley General de Municipalidades y que el Ejecutivo fije un monto tope. Baca resalta variables como la accesibilidad y la distancia de los distritos.
—Deficiencias de gestión—
En Surco, a fines de enero, la acumulación de basura en las principales calles del distrito por problemas con la concesionaria Petramás ocasionó la queja de varios vecinos contra el alcalde Jean Pierre Combe. La contraloría detectó, además, desfalco por S/1 millón durante su gestión.
Este Diario reportó que la gestión de Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro, gastó más de S/300 mil en diciembre por compras para Navidad. El gasto fue mayor que la inversión en algunos servicios para los vecinos.