La reunión fue de emergencia. El lunes último, el comité de apoyo a la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero (AICC) llegó a la sede del Gobierno Regional del Cusco para abordar un tema prioritario: emitir un pronunciamiento sobre el reportaje publicado dos días antes por El Comercio, en el que se revelaron las conclusiones de los estudios de impacto patrimonial (EIP) del terminal aéreo sobre dos monumentos: Machu Picchu y el Qhapaq Ñan.
En estas evaluaciones, encargadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras un requerimiento de la Unesco, se identificaron 39 impactos negativos en ambos sitios arqueológicos –listados como Patrimonio Mundial–, como consecuencia del inicio de operaciones del AICC, programado para octubre del 2024. La mayoría tendría efectos directos y permanentes.
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Se requería una respuesta. Así, para la cita regional fueron convocadas autoridades y miembros de colegios profesionales y gremios locales. Entre ellos, el exministro de Cultura Rogers Valencia, quien dijo a este Diario que participaba como representante de la Cámara de Turismo de Cusco. “Concluimos que no se debía contestar a ningún periódico [porque] este no es un tema de interés público”, explicó.
En la televisión cusqueña, el gobernador regional Jean Paul Benavente también habló: “Nosotros siempre hemos estado en el debate [...] Machu Picchu ya tiene un impacto por el modelo en que se desarrolla el acceso [al sitio]”. Sin embargo, el EIP que encargó el Ejecutivo establece lo contrario: que el aeropuerto agravaría el impacto existente.
Evaluación en santuario
En octubre pasado, el MTC encargó el estudio sobre Machu Picchu a un grupo de expertos encabezado por la arqueóloga Lizbeth Rodríguez. Se evaluaron cuatro espacios definidos: la llaqta o ciudadela, la red de caminos anexos, la localidad de Machu Picchu Pueblo y el acceso oeste por la central hidroeléctrica. En estos lugares se detectaron en total 40 impactos por el aumento de turistas tras la puesta en marcha del AICC. De estos impactos, 29 fueron catalogados como negativos; es decir, habría un 73% de afectación en el monumento.
“[El incremento de visitantes] tiene un impacto directo y acumulativo en el desgaste de los elementos líticos que conforman las escalinatas y calzadas empedradas. También implica una mayor producción de desechos sólidos”, se explica en el EIP. En el 2019, más de 1,5 millones de personas llegaron a Machu Picchu; no obstante, de acuerdo con el estudio de preinversión del aeropuerto, se proyectó un escenario de saturación con unos 2,3 millones de visitantes anuales en la ciudadela inca con el terminal aéreo operativo [ver detalles en infografía].
Para el análisis de los impactos, Rodríguez y compañía indicaron que han utilizado la metodología establecida por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), ente consultor de la Unesco sobre temas de patrimonio.
El Comercio analizó entonces el documento encargado por el MTC junto al presidente del Comité Peruano de Icomos, José Hayakawa, y al extitular de la entidad Alberto Martorell. Ambos señalaron que ningún representante del Ejecutivo –ni de la agencia surcoreana a cargo de la asistencia técnica del proyecto– solicitó alguna asesoría a la representación nacional.
“Lo cual es un sinsentido. Si iban a utilizar nuestra metodología, podíamos haberlos acompañado en el proceso. Buscamos al Ejecutivo durante meses, pero nunca hubo respuesta. Hay otra circunstancia aún más grave: una vez que el Perú envíe el EIP a la Unesco, esta entidad convocará a Icomos para evaluar el estudio, que estará al tanto de que su comité peruano jamás fue llamado”, dijo Hayakawa.
Él y Martorell identificaron serios errores de concepto en el documento. Por ejemplo, que se partió de una división territorial arbitraria, la cual “tomó en cuenta solo el ámbito arqueológico y no el natural”. “Cuando uno lee el texto, parece un ejercicio de futurología. No profundizan ni dimensionan el impacto. Establecen como efecto positivo la frase genérica ‘Incremento de puestos laborales por la actividad turística’, pero no dicen cuánto ni cómo”, explicó Martorell.
Esto respondería a que aún no se hizo pública la actualización del estudio definitivo de ingeniería (EDI) del AICC que respalde una evaluación más precisa (el EIP se hizo en octubre y el EDI seguía en revisión durante febrero). Por ello, recomendaron desde Icomos Perú que “el proyecto debe ser suspendido antes de que se liciten más obras”.
Hayakawa agregó que el comité peruano alertará a la instancia internacional de Icomos –en Francia– sobre la compleja situación de Chinchero y la posible afectación debido a su operación. Un hecho que pondrá los ojos de expertos mundiales en patrimonio sobre el ya cuestionado proyecto.
Elaborarán EIP final después de marzo
El viceministro de Transportes del MTC, Carlos Estremadoyro, confirmó esta semana que el sector corregirá cualquier acción vinculada al aeropuerto de Chinchero que genere daños en el patrimonio, aunque no se modificará el proceso de construcción por iniciarse en junio próximo.
El ministerio había adelantado a El Comercio que la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Cultura y la agencia surcoreana a cargo de la asistencia técnica del proyecto elaboran los términos de referencia (TDR) “para la contratación de los expertos internacionales” encargados de hacer el EIP concluyente que será remitido a la Unesco. Se prevé que esos TDR estén listos en marzo.
Estremadoyro dijo al diario “Gestión” que espera tener el documento final a la brevedad posible. “A través de Cultura, vamos a elevar y canalizar el estudio para que la Unesco tenga la tranquilidad de que vamos a seguir todas las recomendaciones”, agregó. El Comercio volvió a insistir al MTC por una entrevista, tal como lo ha venido haciendo en las últimas semanas. Sin embargo, respondieron que no darán más declaraciones sobre el tema.
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