La investigación por el nuevo caso de ‘Gasolinazo’ ha vuelto a poner en cuestionamiento el manejo y uso del combustible que es asignado al Ejército Peruano. Ayer, se realizaron allanamientos a 20 inmuebles como parte de una investigación que involucra al general EP César Astudillo y a otros altos mandos de la institución armada. Pero este no ha sido el único caso en que oficiales y suboficiales han estado implicados en la sustracción de combustible y otro acto ilícito. En esta nota haremos un recuento de las investigaciones por corrupción que han surgido al interior del Ejército.
Caso ‘Los Mercenarios’
Desde las nueve de la mañana de ayer, la Policía y la Fiscalía desplegaron un operativo de allanamiento con descerraje en viviendas y oficinas del general EP César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y de otros 11 miembros del Ejército Peruano, quienes están siendo investigados por presuntamente sustraer y vender ilegalmente el combustible asignado a la institución castrense.
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Según el Ministerio Público, se trataría de una organización criminal ‘Los Mercenarios’ que estaría enquistada en el Ejército desde el 2013 y era liderada por oficiales de alto rango. Esta organización habría sustraído sistemáticamente combustible a través vehículos acondicionados con capacidad de 125 y 250 galones para luego ser vendido al grifo privado ‘La inmaculada’, ubicado en Chorrillos. Con esta actividad ilícita se habría logrado amasar grandes sumas de dinero siendo el prejuicio para el Estado de S/1′687 000 aproximadamente.
Los involucrados están siendo investigados por el presunto delito de encubrimiento real, encubrimiento personal y peculado doloso. El documento fiscal señala que “existen razones plausibles de que el investigado César Astudillo Salcedo habría incurrido en los presuntos delitos de encubrimiento real y personal, puesto a que en abril del 2018 cuando se desempeñaba como jefe de la Comandancia General del Ejército habría tomado conocimiento a través de una nota de inteligencia que el jefe del Grifo del CODE, Técnico EP. Javier Julio Sulca Chate, estaría vendiendo combustible”.
También, dicho documento revela que “existen razones plausibles de que Astudillo Salcedo habría incurrido en el presunto delito de peculado doloso por apropiación en calidad de autor cuando se desempeñaba como comandante general de la Comandancia General del Ejército, ubicado en el Pentagonito en San Borja, entre el 17 de diciembre de 2017 al 29 de octubre de 2018. Se advertiría que al ocupar dicho cargo el Ejército peruano, le habría asignado gasolina de 95 y 97 octanos y petróleo para diferentes conceptos, tanto para cubrir las necesidades del Comando General del Ejército y las suyas en forma personal”.
El fiscal Omar Tello, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, comentó ayer a El Comercio que se llegó a esta información “a través de las declaraciones de testigos protegidos, colabores eficaces y sobre todo de documentación que se ha venido incautando. Ha habido cuadernos, apuntes que dan cuenta de muchas cosas, ha habido testimoniales. Todos estos elementos han sumado de manera coherente y la vinculación de estos altos mandos militares en la venta de combustibles”.
Por su parte, el general EP César Astudillo, adelantó a este Diario que “nunca he sido investigado por ese caso. No es posible que jamás me hayan siquiera notificado y de pronto allanan mi domicilio violando lo más elemental de un ser humano: la presunción de inocencia”.
Astudillo, asimismo, aseguró que tomará acciones legales contra el fiscal a cargo de la diligencia, a la que calificó como un “show mediático”. “No solo estoy indignado, me apena cómo actúa el Ministerio Público. Estoy indignado, haré todo lo que pueda para que ese fiscal corrupto reciba todo el peso de la ley, no tengo una sola notificación ni un mensaje ni un correo”, expresó.
Caso ‘Los capos del diésel’
El 8 de diciembre del 2019, a través de un operativo conjunto entre la Policía y el Ministerio Público, se detuvo a 21 miembros del Ejército, entre ellos generales en retiro, coroneles, mayores y suboficiales, así como a un agente de la PNP, por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los capos del diésel’.
Según la fiscalía, esta organización habría sustraído ilegalmente el combustible de varias instituciones militares desde el 2013 al 2018, generando un prejuicio de aproximadamente S/3 millones.
LEE TAMBIÉN: ¿Cómo operaban ‘Los capos del Diésel’ en el Ejército?
‘Los capos del diésel’ habían acondicionado una van, de placa AUH-492, con un tanque para almacenar hasta 500 galones de combustible. Este era retirado de los grifos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y luego trasladado hacia grifos civiles para su venta ilegal.
En la lista de detenidos fueron el general de división EP (r) Augusto Javier Villarroel Rossi, el general de Brigada EP Jaime Reynaldo Llanos Barrón, el general de División EP Carlos Martín Mayca Vásquez y el general de Brigada EP Moisés Wilfredo Chávez Farfán, entre otros oficiales y suboficiales.
Por todos ellos se solicitó una detención preliminar de 10 días. Asimismo, se allanaron 25 escuelas de formación, especialización y capacitación del Ejército del Perú, además de algunas viviendas. El mega operativo se realizó en las regiones de Lima, Arequipa, Tarapoto y Cajamarca.
La desarticulación de la banda ‘Los capos del diésel’ le permitió al Ministerio Público recabar información a través de las declaraciones de testigos protegidos, colabores eficaces y sobre todo de documentación que se ha venido incautando. “Todos estos elementos han sumado de manera coherente y la vinculación de estos altos mandos militares en la venta de combustibles”, dijo ayer a este medio el fiscal Omar Tello.
Es así, que este caso tiene relación con la presunta organización criminal ‘Los Mercenarios’, en la que se involucra al general César Astudillo.
Caso ‘El gasolinazo de Edwin Donayre’
El nuevo caso de ‘Gasolinazo’ nos lleva a recordar al excongresista Edwin Donayre, quien actualmente cumple condena de 5 años en el penal Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho, por el delito de peculado al apropiarse ilícitamente de combustible del Ejército en el 2006.
Por ese año, Donayre se desempeñaba como comandante general de la Región Sur del Ejército Peruano. De acuerdo con la acusación de la fiscalía, Edwin Donayre, junto a otras 40 personas (entre militares y civiles) solicitaron sin justificación alguna la dotación de petróleo y gasolina de 84 octanos, que finalmente fueron destinados a grifos particulares para beneficiarse económicamente. En total, desaparecieron 44,200 galones de gasolina de 84 octanos y 129,800 galones de petróleo D2. El valor del combustible robado ascendió a S/2 millones 571 mil.
El 27 de agosto del 2018, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenó a cinco años y seis meses de prisión efectiva al encontrarlo responsable del delito de peculado. No obstante, Donayre interpuso un recurso de nulidad para que la Corte Suprema revise su sentencia.
MIRA: Las claves del caso por el que Edwin Donayre fue condenado
Sin embargo, el 29 de abril del 2019, la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial dictó, en segunda instancia, la sentencia condenatoria para Edwin Donayre por 5 años. El 2 de mayo de ese mismo año, el Congreso aprobó levantarle la inmunidad parlamentaria.
Desde ese entonces, el Poder Judicial ordenó la captura del congresista Donayre quien se encontraba prófugo. Por información sobre su paradero se ofrecía una recompensa de S/100 mil. Fue la noche del 30 de octubre del 2019 que la Policía lo capturó en Puente Piedra. Seis días después, Edwin Donayre fue recluido en el penal Miguel Castro Castro.
Caso ‘Cuellos Verdes de El Milagro’
Otro caso de corrupción en la que se vieron involucrados miembros del Ejército Peruano fue la sonada red criminal ‘Cuellos Verdes de El Milagro’ en la región Amazonas. A esta organización delictiva se le acusa del presunto alquiler irregular de vehículos para trasladar personal durante las elecciones del 7 de octubre y 9 de diciembre por un total de S/ 1′589.660 a favor de la empresa El Cenepa EIRL, según la Fiscalía.
Esa investigación alcanzó al general EP José Cruz Flores Guerrero, comandante general de la 6ta Brigada de Selva, ubicada en el distrito del Milagro, provincia de Utcubamba. A él se le acusa de ser el presunto líder de dicha organización criminal.
José Flores Guerrero fue detenido el 28 de diciembre del 2018 por la Policía Nacional de Bagua y personal de la Fiscalía en un establecimiento público de la región Amazonas. Durante la intervención, a Flores se le encontró en su poder más S/80 mil.
El 11 de enero del 2019, la fiscal Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Bagua, Lyana Saavedra Inga, logró que el Poder Judicial dictara 24 meses de prisión preventiva contra el general EP José Cruz Flores Guerrero, el mayor EP Paulo César Villarán Cornelio, el técnico EP Marco Yolima Hidalgo y el proveedor Pancho Kujanchan Yagkug. Ellos son acusados de los presuntos delitos de agrupación ilícita y colusión agravada en agravio del Estado.
Caso García Seminario
En setiembre del 2020 la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes logró que el Poder Judicial dictara ocho años de cárcel contra el técnico superior EP Alan Alberto García Seminario, quien se apropió de S/ 202.740 cuando estuvo encargado del Sistema Integrado Presupuestal del Ejército (SIPE) durante los años 2014 y 2015.
El efectivo militar ingresaba datos e información para generar indebidamente la orden y el pago de la bonificación que la institución castrense entrega a su personal reenganchado cada dos años al vencimiento de sus contratos, un beneficio denominado Prima Bienal.
Este pago ese realizaba en las cuentas de ahorros del personal de tropa en el Banco de la Nación, sin embargo, García abusaba de su posición y les requería al personal la entrega de sus tarjetas de débito. Fue así que terminó apropiándose de más de 200 mil soles.
García Seminario fue hallado culpable del delito de peculado doloso por apropiación, en agravio del Ejército del Perú. El caso estuvo a cargo de la fiscal Roxana Tantaleán Garay, quien sostuvo que los hechos se produjeron entre el personal, las instalaciones y los fondos de dinero de la Primera Brigada de Infantería Reforzada.
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