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En el Perú, hay delitos que están acabando con el medio ambiente. El año pasado, 155.914 hectáreas de bosques húmedos de la Amazonía fueron deforestadas por la construcción de nuevos caminos y actividades como la minería ilegal. Los extractores ilegales de oro no tienen límites y han alcanzado a reservas como la de Tambopata.
La tala ilegal también ha contribuido a la destrucción de bosques. Según Osinfor, solo en Loreto, entre octubre del 2017 y noviembre de este año, se extrajeron ilegalmente más de 389 mil metros cúbicos de madera de bosques y comunidades nativas. Cargamento que solo podía ser trasladado en 7 mil camiones de carga. El daño es irreversible. ¿Qué pasa con los responsables?
Según el Ministerio Público, entre el 2015 y setiembre de este año, las 54 fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) han atendido 19.451 denuncias por delitos ambientales. La mayoría de ellas por el delito contra los bosques o formaciones boscosas (que incluye la tala y el tráfico ilegal de productos forestales maderables), contaminación ambiental (emisiones de gases tóxicos, ruido, vertimientos contaminantes en la atmósfera, el suelo, etc.), minería ilegal y tráfico ilegal de flora y fauna protegida. La mayoría se cometió en Loreto, Madre de Dios, Piura y Puno.
—Sin condena—
Así como en otros delitos, en los procesos por daños ambientales hay procesados pero pocos condenados. Entre el 2015 y setiembre del 2018, las fiscalías lograron solo 1.472 sentencias condenatorias, es decir, apenas el 7% de las denuncias terminaron en condenas.
La coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental, Gianina Tapia, atribuye esta problemática al poco presupuesto con el que cuentan las fiscalías para hacer las investigaciones y a la alta carga procesal que tienen los juzgados ambientales.
“Las principales dificultades son las pruebas, porque no hay presupuesto, por ejemplo, para hacer un análisis de una contaminación o minería ilegal, es muy costoso y solo se hacen en Lima. Hay que crear más equipos forenses de materia ambiental y eso requiere más presupuesto que lamentablemente el Ejecutivo no nos ha dado”, precisa.
Tapia reconoce que, debido a estos problemas, los procesos judiciales pueden tardar años y los detenidos en las operaciones terminan absueltos. El jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, coronel Ricardo Trujillo, acepta una responsabilidad compartida junto a la fiscalía por la demora en las investigaciones, sobre todo en los casos de minería y tala ilegal.
En Puno, el año pasado, pese a que el responsable de la tala de 300 árboles de un bosque de eucaliptos fue detenido y confesó, la fiscalía tuvo que liberarlo porque no se le halló en flagrancia. “Tenemos que mejorar, hacer un protocolo conjunto para llevar el proceso a juicio y evitar que los procesos se caigan”, asegura Trujillo.
En el 2015, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de su programa Alerta Ambiental, comprobó que solo en Madre de Dios un juicio por minería ilegal puede tardar hasta cuatro años y costarle más de S/10 mil al denunciante. En un reciente análisis de 100 denuncias atendidas entre el 2011 y el 2018, la asociación ha descubierto otro problema: las personas temen denunciar.
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