Denuncias anuales por extorsión incrementaron de 4.000 a casi 20.000 en solo dos años, según la Fiscalía

Las extorsiones han tomado el país. Según cifras de la Fiscalía de la Nación, tan solo en este año se registraron 19.401 denuncias por este delito a nivel nacional. Es decir, casi cinco veces más que en el año 2021, donde solo se sumaron 4.119 en todo el Perú. En la actualidad, los distritos fiscales con mayor incidencia son: Lima Este (2.366), Lima Norte (2.298) y La Libertad (2.273).

Las denuncias por extorsión tienen un repunte desde el 2022. Según informaron fuentes de El Comercio, dentro del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el transcurso de dicho periodo se sumó un total de 14.971 denuncias por el delito, mientras que en 2021 fueron 4.126 a nivel nacional.

Precisamente, las jurisdicciones con mayor incidencia fueron las más golpeadas por la delincuencia en general. Bandas vinculadas a la organización criminal internacional Tren de Aragua se injertaron en distritos como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, entre otros, para ejercer el control territorial del cobro de cupos y las extorsiones. Esto último se tradujo en incontables casos de sicariato, ataques armados y detonaciones de explosivos como granadas.

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Con anterioridad, expertos en materia policial declararon a El Comercio que el perfil de los extorsionadores responde a personas con antecedentes delictivos gravosos, en su mayoría de procedencia extranjera quienes han sabido posicionarse en lugares estratégicos de la ciudad con un buen auge de informalidad para operar.

El incremento de la criminalidad extranjera y la importación de algunas modalidades generó que este 2023 se conozcan nuevas prácticas extorsivas en el país, una de ellas fue el préstamo ‘gota a gota’. Este Diario alertó que se trataba de falsos préstamos de dinero en los que el único aval que tenían las personas era sus propias vidas. Los delincuentes usualmente captaban a sus víctimas a través de afiches en las calles, volantes o falsas aplicaciones.

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Para acceder a ellos se debe contactar con los extorsionadores, entregar datos personales y pedir una cifra de dinero que puede ir desde los S/ 300 hasta los S/10.000. Luego de recibir el dinero se paga diariamente una cuota, pero esta puede variar si es que así lo quieren los delincuentes. Con el tiempo el falso préstamo se vuelve impagable e inicia el uso desmedido de la violencia por parte de los victimarios que puede llevar a la víctima hasta la muerte por sicariato.

Además del ‘gota a gota’, los hampones también descubrieron la oportunidad ilícita de cobrar cupos a trabajadoras sexuales y a cualquier tipo de comercio que se encuentre cerca de las zonas de explotación sexual. Es así que bandas como ‘Los Hijos de Dios’ y la ‘Dinastía Alayón’, entre otras vinculadas a la organización criminal internacional Tren de Aragua, supieron penetrar diversos sectores de la ciudad.

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Una característica de las facciones fue la violencia de sus acciones criminales, tales como realizar grabaciones cuando asesinaban a sus víctimas para luego compartir el material por redes sociales, detonar granadas en espacios públicos y cercenar cuerpos. Cabe resaltar que ambas bandas mencionadas fueron desarticuladas recientemente en mega operativos.

El Comercio consultó con tres especialistas en crimen organizado y seguridad ciudadana para conocer cuáles serían las soluciones inmediatas para frenar el lamentable incremento de las extorsiones y precisaron que se debe reforzar la seguridad en los penales, regular la venta de chips, mejorar la inteligencia policial, entre otros detalles que se pueden conocer en las siguientes columnas de opinión:

Pagar para vivir y para trabajar, por Rubén Vargas Céspedes.

Hace poco el Covid-19 mató a miles de personas que no recibieron un poco de oxígeno y un paracetamol en un hospital. El Estado mostró su verdadero rostro a los peruanos más vulnerables y les dijo: no existes para mí. Algo similar está ocurriendo ahora con las extorsiones.

En competencia siniestra, organizaciones criminales nacionales e internacionales han secuestrado barrios y distritos enteros en varias regiones del país, especialmente en la franja costera. Es el caso de El Porvenir y Pataz en La Libertad y San Juan de Lurigancho, Santa Anita, San Martin de Porras, etc en Lima. En estos distritos el hampa está ejerciendo el control territorial, es decir, son ellos los que ponen las reglas de juego y la autoridad estatal es absolutamente nominal.

La regla de la extorsión es simple: para que tu familia siga con vida debes de pagar, para que tú sigas trabajando también debes de pagar. El mensaje que sale de una pistola, de un fusil y de una granada es muy eficiente con los comerciantes formales e informales. Así, el «negocio de brindar seguridad» se ha convertido en una actividad millonaria que cuenta, obviamente, con complicidades.

En materia de seguridad el gobierno termina el 2023 absolutamente a la deriva, mordiéndose la cola y dando vueltas en lugares comunes. Abonan a esta dramática situación la decisión del congreso de afectar a la colaboración eficaz, a la ley de pérdida de dominio y la claudicación de ejercer el control político. También tienen su cuota de responsabilidad los jueces y fiscales y las operadoras de telefonía que siguen vendiendo chips callejeros, precisamente con los que nos extorsionan.

El panorama es aún más sombrío para el 2024. El concepto de autoridad seguirá muriendo con cada extorsión y con cada asesinato por encargo. No hay nada que, desde el gobierno, nos indique un resultado diferente. Seguirán cayendo más distritos bajo la férula de las organizaciones criminales, y no solo del Tren de Aragua, sino también del Comando Vermelho y del Primer Comando Capital. Probablemente, como ocurrió en Ecuador, los puertos de Paita y el Callao sigan esta misma ruta. Los agroexportadores deberían poner las barbas en remojo. Sus negocios podrían tener costos operativos adicionales.

Si algo visibilizó la actual crisis política es a los quintacolumnistas de las economías criminales. Tienen un enorme poder fáctico y político, inclusive a algunos les gusta alardear esa posición. Precisamente por eso, es previsible que el próximo año el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de terrenos sigan asesinando a los dirigentes nativos que se atrevan a enfrentarlos. Como dije, estamos atravesando por la mayor crisis de inseguridad de toda nuestra historia republicana.

Solo queda esperar la actuación heroica de algunas unidades especializadas como la DIVIAC, la dirección antisecuestros y antidrogas. Ojalá el gobierno se anime a apoyarlos con mayores presupuestos que les permita renovar las tecnologías que sirven para enfrentar al crimen organizado y para gestionar eficientemente la inteligencia operativa.

Extorsiones: problema e ideas de solución, por Frank Casas

Sobre la extorsión hay que tener presente tres elementos: Primero, si bien han aumentado las denuncias por extorsión, pasó de 1.602 denuncias (2017) a 14.971 denuncias (2022), también se sabe que muchas víctimas no denuncian. Segundo, el problema de la extorsión no es nuevo, por ejemplo, se han documentado prácticas de extorsión perpetradas por Sendero Luminoso en la década de los 80. De ahí que es posible pensar que, más que un fenómeno en crecimiento, estamos frente a un problema recurrente desde hace tiempo. Tercero, si bien son muchos los empresarios peruanos víctimas de la extorsión, también hay muchos “ciudadanos de a pie” y funcionarios públicos que han sido víctimas de extorsión. Así, las prácticas de extorsión aparecen en diferentes sectores y contextos socioeconómicos.

Las tres ideas precedentes me permiten plantear una pregunta de política pública, ¿por qué la extorsión es un problema recurrente y extendido en diversos sectores del país? Porque existen una serie de factores que facilitan su comisión. Un primer factor está asociado con la posibilidad de la víctima para resolver su problema sin intromisión del sistema de justicia (entre otras cosas porque desconfía de éste).

Un segundo factor está asociado con la disponibilidad de recursos e instrumentos que son útiles para extorsionar: por ejemplo, un mercado negro de datos personales, un mercado negro de celulares robados y de venta de chips, y un mercado informal y de contrabando de armas y explosivos.

Comprender esto es importante porque la estrategia contra la extorsión debería implicar acciones de control sobre estos factores, según cada sector y contexto socioeconómico. De ahí que, de cara al 2024, no solo debemos monitorear la labor de la policía, sino también de otras instituciones como la Sucamec (armas y explosivos), Osiptel (mercado de celulares y chips), Autoridad Nacional de Datos Personales y Reniec (información personal), y municipalidades (fiscalización de mercado ambulatorio).

General (r) PNP Juan Carlos Sotil, exdirector de la Dirección de Investigación Criminal

La extorsión es un delito que en los últimos 10 años no tenía mucha relevancia como la tiene ahora. A mediados del 2013 o 2015, se evidenció un incremento del ilícito al norte del país, específicamente en La Libertad. Fue en ese momento que la Policía Nacional del Perú colocó a la extorsión como un delito relevante dentro de las filas de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) para poder investigarlo. Todo indicaba que la ola delictiva llegaría a Lima y en poco tiempo se convertiría en un problema, como lo es en la actualidad.

Este es un mal que afecta a nivel nacional. Todo inició en Trujillo, dentro de las construcciones civiles con falsos sindicatos laborales que buscaban colocar personas dentro de las obras para que presuntamente trabajen pero no realizan ninguna labor. Además, también se cobraba un cupo económico que generó un alza de precios en las ventas de los inmuebles.

El arma más contundente que tiene esta forma delictiva es la violencia desmedida y la intimidación hacia la persona. ¿Cómo te intimidan? Mencionando que conocen a tu familia, dónde estudian los hijos, dónde trabajan los papás. Entonces las personas, ante ese tipo de amenaza y presunto reglaje, terminan pagando el cupo y finalmente se convierten en un cliente de extorsión para toda la vida. Es decir, pasa del cupo al chalequeo y a otras modalidades.

Por otro lado, el incremento del crimen extranjero en nuestro país también ha convertido al criminal nacional más violento. En un inicio, dentro de las extorsiones era muy difícil ver materializada una amenaza. No obstante, la nueva ola de extorsionadores ha dejado una huella de violencia grave, es por ello que ahora vemos hasta muertes por sicariato.

Aquí lo que se necesita principalmente es persecución policial inmediata. No se puede dejar que un delito como este prospere. Es por ello que saludo que se haya materializado la propuesta legislativa del levantamiento del secreto bancario. Aquí no se trata de querer saber cuánto gana una persona común. En el caso de las extorsiones ayudará a saber de forma inmediata, y sin que el delincuente lo perciba, cuál es la cuenta receptora.

También se debe potenciar la inteligencia en los penales. Antes las extorsiones solo se derribaban de esos lugares y eran ejecutadas por los internos, hoy todo ha cambiado: las extorsiones están en las calles. Finalmente, las Depincris deberían consolidarse con la Dirincri para reforzar la investigación criminal.